La captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos ha marcado un antes y un después en la historia reciente de Venezuela y ha reabierto un intenso debate internacional sobre intervención, justicia y soberanía, según reflejan los últimos resultados de la encuesta semanal ENBOGA. El sondeo, realizado tras la operación militar que culminó con la detención del mandatario y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos federales, pone de manifiesto una opinión pública dividida y profundamente influida por narrativas contrapuestas sobre el significado del hecho.
Los números de la consulta sitúan a la justicia internacional como la interpretación predominante con un 38,9 % de respuestas, un indicio de que una parte significativa de la población —tanto dentro como fuera de Venezuela— percibe la captura como una medida orientada a hacer rendir cuentas a Maduro ante la justicia por supuestos delitos como narco-terrorismo y conspiración, acusaciones que la fiscalía estadounidense ha formalizado en tribunales federales. Este punto de vista resuena con sectores de opinión que sostienen que la acción podría ser considerada una respuesta a décadas de señalamientos sobre corrupción, violaciones de derechos humanos y vinculación del régimen venezolano con redes de narcotráfico.
Sin embargo, un 27,8 % de los encuestados calificó la captura como una intervención ilegal, reflejando un rechazo frontal a la acción unilateral de Washington, que fue ejecutada sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU ni del Congreso estadounidense, según diversos analistas de derecho internacional. Para estos críticos, la incursión militar viola la soberanía venezolana y sienta un precedente peligroso para las relaciones entre estados, avivando temores sobre la primacía de las grandes potencias sobre el derecho internacional y el principio de no intervención.
Un 16,7 % de quienes participaron en la encuesta interpretan el suceso como un golpe geopolítico, una lectura que destaca la dimensión estratégica de la operación y que relaciona la acción estadounidense con cálculos sobre recursos naturales —Venezuela posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo—, influencia regional y el realineamiento de alianzas en América Latina. Esta percepción se entrelaza con el hecho de que el expresidente estadounidense Donald Trump, tras el operativo, llegó a afirmar que su país “dirigiría” Venezuela durante una transición segura, lo que generó inquietud acerca de intenciones más amplias que meramente judiciales o humanitarias.
Finalmente, otro 16,7 % interpretó la captura como el inicio del fin de un ciclo político que, según esta visión, podría propiciar el colapso del régimen chavista y abrir paso a transformaciones profundas en la política venezolana. Este grupo ve en el arresto de Maduro un punto de inflexión que podría, con el tiempo, facilitar la reconstrucción institucional de un país marcado por años de crisis económica, migración masiva y polarización social.
El contexto en el que estos datos cobran relevancia es extraordinariamente complejo. La operación estadounidense, denominada “Operation Absolute Resolve”, impactó de forma directa no sólo en Caracas sino en la región: se reportaron múltiples explosiones, daños y víctimas, y la respuesta internacional incluyó condenas de varios gobiernos así como cuestionamientos sobre su legitimidad legal. A su vez, en el plano interno venezolano, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina, con el respaldo de sectores del poder nacional, generando un escenario de doble legitimidad y tensión política continua.
Expertos en relaciones internacionales señalan que esta coyuntura coloca a la comunidad global ante un dilema que trasciende a Venezuela: ¿puede un Estado emplear fuerza militar para capturar a un jefe de Estado extranjero bajo el pretexto de justicia penal sin socavar las normas que rigen la convivencia entre naciones? ¿Es esta acción un instrumento legítimo de rendición de cuentas ante regímenes totalitarios o una peligrosa normalización de intervenciones a favor de los más poderosos? Las respuestas a estas preguntas, reflejadas en el complejo espectro de opiniones de la encuesta ENBOGA, anticipan un debate que seguirá polarizando a gobiernos, académicos y sociedades civiles en los meses y años venideros.
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