El desalojo de 936 perros y gatos del Refugio Franciscano, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, ocurrió en medio de una disputa judicial por la posesión del predio, señalamientos de intereses comerciales e inmobiliarios y acusaciones de presunto desacato a suspensiones de amparo vigentes. Abogados del refugio y especialistas en derecho sostienen que el operativo realizado por autoridades capitalinas se ejecutó pese a resoluciones judiciales que ordenaban proteger la vida, integridad, salud y bienestar de los animales, independientemente del conflicto por el inmueble.
De acuerdo con una suspensión de plano —medida urgente— otorgada el 7 de enero dentro del juicio de amparo 27/2026, a la que La Silla Rota tuvo acceso, un juez federal instruyó a las autoridades responsables a garantizar que los animales no desaparecieran, que permanecieran plenamente identificados y localizables, y que se informara en un plazo de 24 horas el lugar de resguardo y su estado médico. Activistas y abogados del refugio aseguran que esas obligaciones no se han cumplido.
El Gobierno de la Ciudad de México ha defendido su intervención con el argumento de que actuó para proteger a los animales como seres sintientes ante presuntas condiciones de maltrato, hacinamiento y falta de atención médica. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha sostenido que la decisión se basó en dictámenes periciales y en la obligación constitucional de protección animal, y que la administración capitalina no tomará parte en la disputa legal por el terreno.
Sin embargo, la defensa del Refugio Franciscano afirma que el operativo se realizó cuando la sentencia no estaba firme y sin que hubiera vencido el plazo para impugnarla, además de que se habrían desacatado al menos tres resoluciones de amparo. Fernando Pérez Correa, abogado del refugio, advirtió que el desacato a una suspensión definitiva puede derivar en responsabilidades administrativas y penales que deberán resolver los juzgados federales. Alejandro Envila Fisher, abogado especialista de la UNAM que ha seguido el caso, sostuvo que la actuación de las autoridades locales ha favorecido a la Fundación Antonio Haghenbeck y que se ignoraron resoluciones judiciales vigentes. “Creo que Clara Brugada está mal asesorada y sus asesores no le han hecho consciente del riesgo legal enorme en el que está incurriendo”, afirmó.
Uno de los ejes del conflicto es la venta del predio donde operó el refugio durante décadas. Envila Fisher señaló que la Fundación Antonio Haghenbeck habría vendido un terreno de aproximadamente 165 mil metros cuadrados por 650 mil pesos mediante una operación que calificó como una compraventa simulada. A su juicio, el precio reportado no corresponde al valor real del inmueble, estimado en al menos mil millones de pesos, lo que implicaría el pago de menos impuestos. Indicó que en la operación participó un notario y que correspondería a las autoridades investigar posibles irregularidades fiscales. En la misma línea, Pérez Correa afirmó que el predio fue vendido al fideicomiso 303 de Banco Ve por Más por un monto que no refleja su valor real y que, tras la venta, existe un proyecto de desarrollo inmobiliario para construir viviendas y oficinas en la zona, lo que habría derivado en presiones para desalojar al refugio.
El origen de la disputa se remonta al testamento de don Antonio Haghenbeck y de la Lama, fallecido en 1991, en el que se estableció que el predio ubicado en Santa Fe debía destinarse exclusivamente a la protección, asilo y cuidado de animales, con prohibición expresa de venta y la previsión de su recuperación en caso de incumplimiento de ese fin. Durante años, el Refugio Franciscano A.C. operó bajo esa finalidad. En 2021, la Fundación Antonio Haghenbeck, heredera del patrimonio, promovió el juicio ordinario civil 362/2021 para recuperar la posesión del terreno, al argumentar que el contrato de comodato estaba vencido o incumplido.
El conflicto escaló el 8 de diciembre de 2025, cuando un juez local ordenó el desalojo. El 11 de diciembre se intentó ejecutar la diligencia, lo que llevó al refugio a promover el juicio de amparo 1544/2025. Una jueza federal concedió una suspensión con efectos limitados para proteger la vida y el bienestar de los animales. Aun así, la Fundación tomó posesión del predio. Entre el 12 y el 18 de diciembre presentó denuncias por presunto maltrato animal y hacinamiento, lo que derivó en inspecciones sanitarias y ambientales. El 23 de diciembre se notificó una suspensión que, según la defensa del refugio, ordenaba no realizar actos de despojo ni traslado de los animales; las autoridades sostienen que actuaron conforme a dictámenes periciales y órdenes judiciales.
El 7 y 8 de enero de 2026, el Gobierno de la Ciudad de México y la Fiscalía capitalina realizaron un operativo masivo en el predio y aseguraron preliminarmente a 936 animales, bajo el argumento de que existían condiciones de maltrato, hacinamiento severo y falta de atención médica. La Fiscalía informó que al menos 798 presentaban afectaciones compatibles con maltrato o negligencia, de acuerdo con dictámenes de medicina veterinaria forense. En una tarjeta informativa, el Gobierno capitalino reportó que 304 perros trasladados al albergue ambiental del Ajusco, en Tlalpan, muestran una evolución favorable y reciben atención médica permanente por problemas dermatológicos y diversas lesiones, con un equipo de 15 médicos veterinarios que brinda atención las 24 horas, mientras la Sedema realiza adecuaciones en otros espacios para el resto de los animales.
Actualmente, los animales permanecen bajo resguardo de distintas instancias y refugios, algunos de los cuales han señalado que el traslado se realizó sin aviso previo ni planeación suficiente. El predio quedó bajo control de las autoridades y de la Fundación, mientras continúan los procedimientos judiciales. Para la defensa del refugio, el caso evidencia una disputa en la que confluyen intereses económicos sobre un terreno de alto valor, resoluciones judiciales en curso y la obligación del Estado de garantizar, sin excepción, la vida y el bienestar de los animales involucrados.
