En medio del debate creciente sobre la reforma electoral que prepara el gobierno federal y las fuerzas políticas en el Congreso, el dirigente y excandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, ha colocado sobre la mesa un señalamiento de alta carga política al advertir que el problema más grave de las elecciones en el México actual no es únicamente la estructura del sistema electoral o el costo de la democracia, sino el financiamiento ilegal y criminal de la política. Ese financiamiento, afirmó en un mensaje divulgado en su cuenta de X, es la raíz de varias de las distorsiones que aquejan a los procesos electorales y que terminan por socavar la confianza ciudadana en las instituciones.
La reflexión de Máynez —quien en 2024 fue candidato por Movimiento Ciudadano y ha mantenido una crítica constante al manejo de la seguridad pública y la integridad democrática en México— coloca el foco en una dimensión menos abordada de la discusión sobre la reforma electoral: la vinculación entre grupos del crimen organizado, recursos no declarados y la captura de espacios de poder a través de dinero ilícito. En su publicación, subrayó que esa relación perversa entre política y crimen es la que ha permitido que organizaciones delictivas obtengan control territorial e institucional en amplias zonas del país, y por ende, que el esfuerzo por reformar el sistema electoral no pueda limitarse a ajustes técnicos si no se atiende esta raíz estructural.
El contexto de su pronunciamiento coincide con un momento en el que el Ejecutivo federal y Morena han impulsado una iniciativa de reforma electoral centrada en la reducción del costo del sistema político, ajustes al financiamiento de los partidos y cambios en la estructura de los órganos electorales, propuestas que han generado críticas y debates no sólo entre la oposición sino también en sectores de la sociedad civil. Mientras el gobierno argumenta como prioridad la austeridad y la eficiencia del sistema electoral, Máynez y otros actores señalan que tales planteamientos, aunque relevantes, no pueden ocultar los problemas más profundos de la democracia mexicana.
Especialistas y analistas han documentado que la influencia del crimen organizado en los procesos electorales mexicanos no es una hipótesis superficial: estudios e informes legislativos han señalado que el crimen busca controlar gobiernos locales para acceder a información privilegiada, seguridad y recursos públicos, lo que pone en riesgo la integridad de los comicios y la gobernabilidad democrática. Lo que Máynez propone, en este sentido, es que una verdadera reforma electoral debe incorporar mecanismos que cerrar brechas legales que permiten el financiamiento ilegal y criminal, fortalecer la fiscalización y dotar de mayores herramientas a las autoridades para detectar y sancionar la penetración de dinero ilícito en las campañas.
Su posicionamiento, difundido en plena discusión pública sobre la reforma, refleja además una crítica implícita a las prácticas de la “vieja política” que han marcado a diferentes fuerzas partidistas en México. Señala que partidos y candidatos han tolerado, directa o indirectamente, mecanismos de financiamiento opacos que terminan por condicionar decisiones políticas y perpetuar un sistema donde los recursos ilegales actúan como catalizadores de iniquidades y control territorial.
