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Egresados de la Universidad para el Bienestar protestan en Palacio Nacional ante un rezago de hasta tres años

La protesta se centró en que muchos de ellos, quienes concluyeron sus estudios entre 2019 y 2023, llevan hasta tres años esperando documentos que acrediten su formación académica. Más allá de recibir un diploma físico, varios egresados denunciaron que sus títulos no han sido dados de alta en el Registro Nacional de Profesionistas, lo que los deja en un limbo jurídico y laboral que ha obligado a algunos a aceptar trabajos ajenos a su formación, como labores eventuales, auxiliares administrativos o incluso “call centers”
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Egresados de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez, sede Cuauhtémoc, se plantaron la mañana de este jueves frente a los accesos de Palacio Nacional para denunciar una profunda falla administrativa que, afirman, ha truncado sus proyectos de vida y profesionalización. Acompañados de pancartas con leyendas como “Egresados sin títulos” y “Exigimos títulos electrónicos y certificaciones de término”, los exalumnos reclamaron ante funcionarios federales la falta de entrega y registro de sus títulos profesionales ante la Dirección General de Profesiones, un requisito indispensable para ejercer legalmente y aspirar a mejores oportunidades laborales.

La protesta se centró en que muchos de ellos, quienes concluyeron sus estudios entre 2019 y 2023, llevan hasta tres años esperando documentos que acrediten su formación académica. Más allá de recibir un diploma físico, varios egresados denunciaron que sus títulos no han sido dados de alta en el Registro Nacional de Profesionistas, lo que los deja en un limbo jurídico y laboral que ha obligado a algunos a aceptar trabajos ajenos a su formación, como labores eventuales, auxiliares administrativos o incluso “call centers”.

Esa circunstancia, relatan, ha tenido consecuencias concretas y dolorosas. Un egresado de 60 años explicó que, aun habiendo acreditado sus estudios en la carrera de Derecho en 2024, perdió dos oportunidades laborales dentro de la misma Presidencia de la República simplemente porque no contaba con la documentación que comprobara su grado académico, a pesar de haber cumplido todos los requisitos académicos.

El origen del conflicto, según los manifestantes, radica en un problema administrativo persistente en al menos dos planteles de la Ciudad de México, entre ellos la sede Cuauhtémoc, donde se imparte principalmente la licenciatura en Derecho. Los egresados responsabilizan a las autoridades educativas del rezago burocrático, así como a la falta de respuestas claras por parte de la dirección general del organismo coordinador de las Universidades para el Bienestar, encabezada por Raquel Sosa Elizaga. A pesar de haber sostenido reuniones previas y acercamientos con funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP), aseguran que no han visto avances significativos en la solución de sus casos.

La protesta, que se desarrolló en paralelo a actividades oficiales dentro del recinto histórico donde tiene lugar la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, también sirvió para cuestionar la efectividad de uno de los proyectos educativos insignia de la llamada Cuarta Transformación. Las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García fueron creadas en 2019 con el propósito de ampliar el acceso a la educación superior gratuita en zonas tradicionalmente marginadas del país; sin embargo, para estos egresados, la falta de entrega y registro oportuno de títulos y cédulas profesionales contrasta con aquel ideal, colocándolos en una situación de vulnerabilidad frente al mercado laboral formal.

Desde la protesta, representantes de la SEP ofrecieron a los manifestantes una mesa de trabajo en la dependencia, aunque los egresados expresaron escepticismo, recordando que en encuentros previos con los mismos funcionarios no se concretaron soluciones. Entre las demandas, además de la entrega inmediata de sus títulos y cédulas, está una reunión directa con las más altas autoridades educativas del gobierno federal, incluida la presidenta, para obtener una garantía de certeza jurídica sobre su futuro profesional.

La situación ha puesto sobre la mesa un debate más amplio sobre los mecanismos de operación y administración de estas universidades creadas con fines sociales y educativos, y cuestiona si las políticas de expansión de la oferta educativa superior están acompañadas de la infraestructura y procesos necesarios para garantizar la culminación efectiva de los derechos que prometen a sus estudiantes.

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