Mujeres e infancias del municipio de Xochitepec, en Morelos, lograron una victoria histórica en la defensa de su territorio al obtener una suspensión definitiva contra un proyecto minero de oro y plata que amenaza con devastar una extensa zona del sur del estado. El Juzgado Segundo de Distrito en Morelos concedió un amparo que impide la fase de explotación mientras se resuelve el juicio promovido contra las concesiones otorgadas en la región.
El proyecto minero comprende seis concesiones con una superficie aproximada de 2 mil 949 hectáreas, que abarcan zonas habitadas y áreas de alto valor ambiental, cultural y arqueológico, entre ellas el entorno de la zona arqueológica de Xochicalco, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Aunque la explotación aún no ha comenzado, en el territorio ya se realizaron trabajos de exploración minera, incluidos estudios geológicos, construcción de socavones y perforaciones que, de acuerdo con la comunidad, provocaron daños ambientales visibles.
La suspensión definitiva fue otorgada en el marco de un juicio de amparo promovido por la Comunidad de la Unidad Habitacional Morelos y colonias adyacentes, integrada principalmente por mujeres e infancias con respaldo comunitario, quienes denunciaron violaciones a los derechos humanos al agua, a un medio ambiente sano y a una vida digna, así como el riesgo de una devastación socioambiental irreversible.
La organización Territorios Diversos para la Vida, que acompaña el proceso, explicó que mientras la comunidad busca ampliar la suspensión para frenar también la exploración minera, la Secretaría de Economía intenta anular la medida cautelar. El expediente ya se encuentra en manos del Segundo Tribunal Colegiado de Distrito en Morelos, que deberá resolver sobre la legalidad de la suspensión definitiva.
La Unidad Habitacional Morelos fue fundada en 1985 mediante trabajo comunitario. Sus habitantes construyeron desde cero viviendas, parques, pozos de agua, escuelas y servicios básicos. Más de cuatro décadas después, ese proyecto de vida se encuentra en riesgo por la existencia de concesiones mineras dentro de su territorio. Para la comunidad, la defensa no sólo es por el acceso al agua y a los servicios, sino por la preservación de sus ríos, cerros y áreas verdes, como el Cerro del Jumil, un espacio emblemático donde se realizan recorridos educativos, observaciones de flora y fauna, actividades culturales y talleres ambientales que fortalecen el tejido social.
Las propias dependencias federales han advertido sobre la inviabilidad del proyecto. En 2023, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitió un Dictamen Diagnóstico Socioambiental en el que concluyó que la explotación minera en Xochitepec era inviable por los graves impactos ambientales, visuales, humanos y culturales que generaría. El documento también alertó que no existe suficiente agua para sostener el proyecto sin afectar de manera grave la seguridad hídrica local.
Ese mismo año, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y la Semarnat advirtieron que la explotación podría incrementar la presencia de arsénico y cobre en el suelo, lo que representaría un riesgo para la salud de la población y para la biodiversidad de la región. A pesar de estos pronunciamientos y de que en 2023 el municipio de Xochitepec se declaró territorio libre de minería, las concesiones continúan vigentes, manteniendo latente la posibilidad de que el proyecto avance.
En su demanda, la comunidad argumenta que la minería es una industria altamente demandante de agua y que su operación profundizaría la escasez del recurso, afectando su disponibilidad, accesibilidad y calidad. También sostiene que las concesiones vulneran el derecho a la igualdad y a la no discriminación, al constituir una forma de racismo ambiental que expone de manera desproporcionada a una comunidad trabajadora a cargas de contaminación y a impactos ambientales severos.
Para Territorios Diversos para la Vida, la suspensión definitiva lograda por la Unión Habitacional Morelos sienta un precedente clave en la defensa del territorio frente al extractivismo y fortalece la lucha de otras comunidades en Morelos y en el país que enfrentan proyectos similares. La eventual cancelación de las concesiones no sólo beneficiaría a Xochitepec, sino también a municipios vecinos como Miacatlán y Temixco, y al conjunto del estado.
Mientras el litigio avanza en tribunales, la comunidad mantiene su postura: la mina pretende perforar la tierra, pero sus habitantes defienden el lugar donde la vida florece. La consigna que hoy resuena en Xochitepec es clara: no a la mina, sí a la vida.
