El Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra en el centro de una controversia pública después de anunciar la realización de una miniserie documental sobre la Elección Judicial de 2025, un proceso inédito en la historia política mexicana que buscó involucrar a la ciudadanía en la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, lo que prometía ser un ejercicio de transparencia informativa ha encendido críticas por la forma en que se adjudicó la producción de dicho material y por los vínculos del productor seleccionado.
El contrato para la realización de esta miniserie fue otorgado mediante adjudicación directa por un monto de 1,157,000 pesos mexicanos, decisión que, en un contexto donde la rendición de cuentas y la transparencia son ejes centrales del debate público, ha generado cuestionamientos sobre la legalidad y pertinencia de ese procedimiento, el cual usualmente se reserva para casos de excepción bajo criterios justificados legalmente.
La elección judicial de 2025 marcó un hito en la vida institucional del país al ser la primera ocasión en que ciudadanos participaron directamente en la selección de integrantes del Poder Judicial de la Federación, incluidos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados de circuito y jueces de distrito. El INE, como órgano encargado de organizar y vigilar el proceso, enfrentó una serie de críticas y retos operativos incluso antes de la elección, como inconsistencias en los listados de aspirantes y la aplicación de criterios de asignación en cumplimiento de principios constitucionales y legales.
A pesar de esta relevancia histórica del proceso, la negativa del INE a transparentar detalles sobre la contratación y los términos de la producción de la miniserie ha profundizado el descontento. El Comité de Transparencia del Instituto rechazó proporcionar información solicitada sobre el contrato, alegando que su difusión podría “comprometer la seguridad institucional y el desarrollo de los procesos electorales”, así como poner en riesgo las funciones del personal de seguridad, una respuesta que algunos críticos consideran evasiva y que ha contribuido a alimentar la desconfianza pública.
La figura al frente de la producción es Gilberto Solís Mendívil, quien ha sido señalado por su presunta participación en esquemas de contratación irregular en el estado de Hidalgo, junto con Sergio Islas Olvera, exdirector del Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo. Este último fue declarado culpable en 2024 por el delito de peculado, tras confirmarse pagos por servicios nunca realizados a través de empresas fantasma por al menos 242 millones de pesos, según investigaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción. Aunque Solís no ha sido formalmente condenado, su vinculación con figuras y prácticas que han sido sancionadas ha generado preocupación y reclamos de sectores de la sociedad civil, que consideran incompatible la asignación de recursos públicos a productores con ese historial.
Organizaciones defensoras de la transparencia y analistas políticos han señalado que la adjudicación directa en este caso plantea serios riesgos de percepción de conflicto de interés y de falta de cumplimiento de los principios de imparcialidad y gestión responsable de recursos públicos. En el discurso oficial, el INE sostiene que la miniserie busca documentar y explicar a la ciudadanía los pormenores de un proceso electoral extraordinario sin precedentes, enfatizando su compromiso con la rendición de cuentas y la educación cívica. Sin embargo, la falta de información detallada sobre criterios de selección del productor, justificación del monto asignado y metodología de producción ha ensombrecido ese propósito comunicacional.
Este episodio se da en medio de un contexto político y judicial particularmente tenso en México, donde la reciente elección judicial ha sido objeto de denuncias por uso indebido de propaganda en redes sociales y acusaciones de sesgos partidistas, como las formuladas por varios aspirantes que denuncian violaciones a las normas del proceso, así como impugnaciones y disputas legales relacionadas con los resultados electorales.
Mientras el INE sostiene que defenderá la autonomía de sus decisiones y que el contenido de la miniserie fortalecerá la comprensión ciudadana de la elección judicial, la polémica sobre el monto, el procedimiento de adjudicación y los antecedentes del productor coloca a la institución en un debate más amplio sobre transparencia, ética y la gestión de recursos públicos en tiempos de profunda transformación electoral. La historia de esta miniserie, más allá de su contenido final, amenaza con convertirse en un espejo de las tensiones y desafíos que enfrenta la democracia mexicana ante la exigencia de rendición de cuentas y la crítica social constante.
