En los pasillos del Senado de la República, el debate sobre la reforma político-electoral ha alcanzado un punto de ebullición. Sin embargo, la declaración de Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), ha servido como un bálsamo necesario para un sector de la opinión pública que temía un retroceso a las épocas donde los resultados oficiales tardaban días en aparecer. “El PREP se queda”, afirmó el senador, cortando de tajo una narrativa que amenazaba con polarizar aún más la discusión legislativa.
La relevancia de esta precisión técnica es profunda. El PREP ha sido, desde finales de los años 90, la herramienta que ha evitado el vacío informativo y los intentos de autoproclamación de victoria en las horas más críticas de una jornada electoral. La propuesta que hoy defiende la mayoría parlamentaria no busca desarticular este sistema, sino transformar su naturaleza estática. Según lo explicado por Mier, el ajuste sustancial radica en que el cómputo oficial, aquel que tiene validez legal definitiva, no espere hasta el miércoles siguiente a la elección, sino que comience en el momento en que los paquetes electorales arriben a los Consejos Distritales.
Esta propuesta busca modernizar el sistema, pero representa un gran reto operativo. Aunque tener resultados oficiales el mismo domingo suena lógico y eficiente, el INE necesitaría una tecnología impecable para procesar actas con validez legal en tiempo real. Con este anuncio, el senador Mier proyecta que la reforma solo busca “ajustar” el sistema y no destruirlo, una estrategia clave para mantener la unidad con sus aliados del PT y PVEM. Al asegurar la permanencia del PREP, el legislador logra suavizar el terreno para discutir temas donde esos partidos han mostrado dudas, particularmente en la reducción de los legisladores plurinominales.
Más allá de la logística, mantener este sistema es un gesto de sensibilidad política. En un país con una historia de procesos electorales cuestionados, eliminar el PREP habría sido visto internacionalmente como un retroceso democrático. Al garantizar su continuidad, Mier blinda la iniciativa contra las acusaciones de autoritarismo y traslada la discusión hacia el ahorro económico y la simplificación administrativa, como la eliminación de los organismos locales (OPLEs). La apuesta final queda clara: construir una democracia más barata que no sacrifique la vigilancia ni la transparencia la noche de la elección.
