La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, enfrenta una nueva polémica política luego de que la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez Morales, sugiriera que solicite licencia y se separe temporalmente del cargo, tras confirmarse una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra su exesposo, Carlos Torres Torres, por su probable participación en delitos de tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero.
La mandataria estatal reconoció públicamente la existencia de dicha investigación federal, lo que detonó reacciones desde distintos sectores del sistema anticorrupción y de la sociedad civil organizada.
Llamado a la separación del cargo por razones de integridad pública
A través de redes sociales, Vania Pérez Morales sostuvo que la separación temporal del cargo responde a principios de integridad pública, congruencia democrática y responsabilidad institucional, con el objetivo de garantizar condiciones de máxima transparencia, imparcialidad y confianza ciudadana mientras se desarrollan las indagatorias de la FGR.
El posicionamiento planteó que, aunque la gobernadora no es objeto directo de la investigación, la relevancia del cargo que ostenta y la naturaleza de los delitos investigados ameritan una decisión política preventiva que fortalezca la credibilidad institucional.
De manera paralela, integrantes de los Comités de Participación Ciudadana de los Sistemas Estatales Anticorrupción, del propio Sistema Nacional Anticorrupción, así como diversas organizaciones de la sociedad civil, coincidieron en solicitar que Marina del Pilar Ávila se aparte temporalmente del cargo mientras las autoridades competentes determinan lo conducente.
Estos pronunciamientos se enmarcaron en un discurso de exigencia de legalidad, rendición de cuentas y fortalecimiento del Estado de derecho, sin prejuzgar responsabilidades penales.
CPC del SNA y de Baja California se deslindan del exhorto
Como contexto clave de la nota, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (CPC SNA) y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California (CPC SEA-BC) emitieron comunicados oficiales para deslindarse del exhorto realizado por la presidenta del SNA.
En ambos documentos, los Comités precisaron que el llamado a solicitar licencia no fue una determinación institucional, sino una expresión firmada a título personal por integrantes del sistema anticorrupción y representantes ciudadanos.
El CPC SEA-BC subrayó que, como órgano colegiado, carece de facultades legales para emitir exhortos dirigidos a la separación del cargo de la persona titular del Poder Ejecutivo estatal.
“Emitir un requerimiento de esa naturaleza rebasa el marco de atribuciones legales de los CPCs, tanto el Nacional como los locales, y constituye un acto ultra vires, contrario al principio de legalidad”, puntualizó el Comité en su posicionamiento oficial.
Asimismo, recordó que las vías para una eventual separación del cargo de servidores públicos se encuentran previstas en la Constitución local y en las leyes secundarias, por lo que no corresponde a estos órganos fijar consecuencias político-electorales fuera de su marco normativo.
Postura del Comité Nacional Anticorrupción
Por su parte, el CPC del SNA aclaró que su función se limita a promover la participación ciudadana, la integridad pública, la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción, conforme al marco constitucional y legal vigente.
También enfatizó la importancia de distinguir entre opiniones individuales de quienes integran el sistema y las posturas formales del organismo, reconociendo que las personas firmantes del posicionamiento ejercieron su derecho a la libertad de expresión, pero sin que ello represente un mandato institucional.
El Comité de Participación Ciudadana de Baja California reiteró que su actuación institucional se orienta a:
- Promover la transparencia compatible con la reserva legal
- Exigir rendición de cuentas mediante canales formales
- Fortalecer los mecanismos anticorrupción
Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, enfrenta una investigación de la Fiscalía General de la República por su probable participación en una red de tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero, de acuerdo con información reconocida públicamente por la propia mandataria.
