Hoy 27 de julio, la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) hizo pública una “Declaración sobre la criminalización política en México”. El documento, firmado por el secretario general del grupo, el profesor Asdrúbal Aguiar, y respaldado por 25 ex jefes de Estado y de Gobierno, expresa una fuerte preocupación por la situación del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.
Ruffo Appel, quien fue el primer gobernador de oposición electo democráticamente en la historia de México, fue detenido el 16 de julio de 2026 en Ensenada por la Fiscalía General de la República. Se le imputan los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos en el marco de una investigación por operaciones de “huachicol fiscal” relacionadas con la empresa Ingemar. Posteriormente fue vinculado a proceso y permanece privado de su libertad.
La Iniciativa Democrática de España y las Américas es un foro de expresidentes y exjefes de gobierno de América Latina, España y otros países de la región, que se ha pronunciado en distintas ocasiones sobre temas de democracia, Estado de derecho y libertades políticas. Su intervención en el caso Ruffo eleva el perfil internacional de la controversia y coloca el asunto en el radar de la opinión pública hemisférica.
En su comunicado, los integrantes de IDEA señalan que el caso de Ruffo Appel “reúne características inequívocas de una persecución política instrumentada desde el poder”. Advierten que este tipo de procesos generan dudas sobre el respeto al debido proceso y sobre el uso de la justicia con fines políticos. El grupo manifiesta su respaldo al exgobernador y llama a las autoridades mexicanas a garantizar un proceso transparente e imparcial.
Los firmantes advierten que mantener privado de su libertad a quien representa “un referente histórico de la alternancia democrática mexicana”, vulnerando el debido proceso y la presunción de inocencia, “envía además un mensaje inadmisible a toda la sociedad: disentir del poder puede tener como consecuencia la persecución desde el propio Estado”.
La declaración recuerda que el Grupo IDEA se constituyó para defender la dignidad de la persona humana, el Estado constitucional de Derecho y la experiencia democrática, y hace referencia a un pronunciamiento similar que emitieron en 2015 desde Panamá. Entre los firmantes se encuentran Vicente Fox y Felipe Calderón (México), José María Aznar y Mariano Rajoy (España), Mauricio Macri (Argentina), Álvaro Uribe e Iván Duque (Colombia), Luis Guillermo Lasso, Lenín Moreno y Jamil Mahuad (Ecuador), Jeanine Áñez, Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga (Bolivia), así como expresidentes de Paraguay, Costa Rica, El Salvador, Chile, Uruguay, República Dominicana y Panamá.
El documento concluye que defender las garantías constitucionales de Ruffo Appel es defender la tesis de que el poder tiene límites y protege tanto a quienes gobiernan como a quienes disienten, y que ese límite es “el único muro que asegura los derechos y libertades del pueblo ante el poder arbitrario del Estado”.
El pronunciamiento de IDEA llega en un momento en el que el debate sobre la independencia judicial y el uso político de la Fiscalía ha ganado fuerza en México, especialmente tras la reforma al Poder Judicial y la elección de jueces por voto popular. Los expresidentes firmantes advierten que la combinación de estos elementos puede erosionar la confianza en las instituciones y generar un clima de intimidación hacia quienes disienten del poder.
Hasta el momento, ni la FGR ni el gobierno federal han emitido una respuesta directa al comunicado de IDEA. La defensa de Ruffo Appel ha rechazado las acusaciones y ha promovido recursos legales, incluyendo amparos, argumentando que se trata de un caso con motivaciones políticas.
El caso continúa en proceso. Ruffo permanece en el Altiplano mientras avanza la investigación y se desahogan las pruebas. La intervención de un grupo de expresidentes de la región añade una dimensión política e internacional a un expediente que, de origen, las autoridades presentan como estrictamente penal.
Lo que está en juego, según el propio pronunciamiento de IDEA, no es solo la situación jurídica de un exgobernador, sino la percepción sobre el respeto al Estado de derecho y la separación entre justicia y política en México.
