Ni el termómetro desplomado hasta los 20 grados bajo cero ni el despliegue de más de tres mil agentes federales ordenado por el presidente Donald Trump lograron vaciar las calles de Minneapolis. Incluso la noche del sábado, en pleno invierno y bajo una vigilancia sin precedentes, miles de personas volvieron a salir para protestar contra las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y para exigir justicia por el asesinato de Alex Pretti, un enfermero de 37 años muerto a tiros por agentes federales. Lejos de tratarse de un episodio aislado, la indignación se extendió durante todo el fin de semana a ciudades como Chicago, Nueva York y San Francisco, donde se repitieron las concentraciones bajo el lema “Justice for Alex” y con pancartas que reclamaban la abolición del ICE y su retirada inmediata de las calles.
Las movilizaciones del domingo se multiplicaron en distintos puntos del país, con vigilias y actos en memoria de Pretti que se convirtieron también en un alegato contra la política migratoria y de seguridad impulsada desde la Casa Blanca. Para amplios sectores de la ciudadanía, el tiroteo del enfermero es una prueba más de una deriva autoritaria que, denuncian, ha normalizado el uso de la fuerza letal por parte de agencias federales en contextos de control migratorio. La muerte de Pretti se suma a la de Renée Good, ocurrida apenas tres semanas antes en Minneapolis, cuando esta mujer de 37 años y madre de tres hijos fue abatida dentro de su coche por agentes del ICE en circunstancias que siguen siendo investigadas y que presentan notables similitudes.
En un primer momento, la Administración Trump calificó a Pretti como un “pistolero”, del mismo modo que semanas atrás se refirió a Renée Good como “terrorista doméstica”. Sin embargo, a medida que han pasado las horas y han salido a la luz vídeos grabados por transeúntes, el relato oficial ha comenzado a resquebrajarse. Las imágenes muestran cómo al menos seis agentes federales reducen e inmovilizan al enfermero antes de dispararle. En ningún momento se le ve apuntando con un arma ni representando una amenaza inmediata. Aunque Pretti portaba una pistola para la que tenía licencia, los vídeos evidencian que esta le fue retirada antes de los disparos y que, en realidad, estaba grabando con su teléfono una intervención de los agentes contra una mujer a la que acababan de rociar con gas lacrimógeno.
Este material audiovisual, difundido masivamente en redes sociales, ha sido clave para desmontar la versión oficial, como ya ocurrió en el caso de Renée Good. Pese a ello, en una rueda de prensa celebrada el sábado, el comandante de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, insistió en que Pretti pretendía “masacrar” a los agentes y que se había “resistido violentamente”, justificando así el uso de la fuerza letal. La fiscal general, Pam Bondi, se sumó a las acusaciones al señalar a las autoridades de Minnesota por permitir, según sus palabras, “la anarquía”, en un contexto de crecientes tensiones entre el Gobierno federal y las administraciones locales.
La familia de Alex Pretti respondió con un comunicado difundido la noche del sábado, en el que expresó no sólo su dolor, sino también su indignación por lo que consideran una campaña de difamación. “Estamos desconsolados, pero también muy enfadados. Las repugnantes mentiras que la Administración ha dicho sobre nuestro hijo son reprensibles”, señalaron. En la misiva, los familiares detallan que Pretti tenía el teléfono en la mano derecha y la izquierda levantada cuando fue atacado, mientras intentaba proteger a la mujer que estaba siendo agredida por los agentes y era rociado con gas pimienta.
A la polémica se ha sumado la actuación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que, según han informado medios estadounidenses, impidió el acceso al lugar del crimen a funcionarios de la Oficina Criminal de Minnesota durante la mañana del domingo. Estos funcionarios son los encargados de llevar a cabo la investigación independiente del suceso, por lo que el cierre del perímetro y una posible alteración de la escena podrían entorpecer el esclarecimiento de los hechos. Este lunes está previsto que el Estado de Minnesota, junto con las ciudades de Minneapolis y St. Paul, soliciten formalmente a un juez federal el bloqueo de las medidas de control migratorio y el cese del despliegue del ICE en la región.
En el ámbito político local, el gobernador Tim Walz y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, han cerrado filas frente a la Casa Blanca. Desde el asesinato de Renée Good han reclamado públicamente la retirada de los agentes federales y han defendido que la seguridad pública no puede gestionarse al margen de los derechos humanos ni de las autoridades locales. Aunque ambos pidieron calma tras la muerte de Pretti y trataron de evitar concentraciones inmediatas en el lugar del tiroteo, no lograron impedir que decenas de personas acudieran a una vigilia espontánea para honrar su memoria. La respuesta de la Administración Trump no se hizo esperar: la Casa Blanca acusa a Walz y Frey de “obstaculizar la labor” del ICE y los ha citado a declarar por una presunta “conspiración”, mientras mantiene su intención de asignar un presupuesto adicional de 10.000 millones de dólares a la agencia migratoria.
El origen del despliegue masivo de agentes federales en Minnesota se remonta a la ofensiva lanzada por Trump el pasado mes de diciembre contra la comunidad somalí del estado, la más numerosa del país y concentrada en buena medida en Minneapolis. El presidente acusó a esta población de cometer un fraude masivo contra los programas de asistencia social, una afirmación que organizaciones civiles y líderes comunitarios han rechazado por considerarla estigmatizante y carente de base sólida. Desde entonces, las calles de la ciudad han sido escenario de patrullajes constantes de agentes encapuchados, con facultades amplias para detener a personas a las que consideren en situación migratoria irregular.
Las consecuencias de esta política han sido visibles y, para muchos, intolerables. En los últimos días se ha viralizado la detención de Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años de origen ecuatoriano arrestado junto a su padre y trasladado a un centro de detención en Texas. No se trata de un caso aislado: al menos otros tres menores han sido detenidos por agentes federales en las últimas dos semanas. Estos episodios, sumados a los asesinatos de Renée Good y Alex Pretti, han encendido la indignación a nivel nacional y han convertido a Minneapolis en el epicentro de una protesta que, pese al frío extremo y a la presión federal, no da señales de apagarse.
