A un día de la jornada de revocación de mandato del gobernador morenista, Salomón Jara Cruz, convocada para el 25 de enero, organizaciones sociales, comunidades indígenas, colectivos civiles y actores políticos han colocado en el centro del debate público una severa crítica al proceso, al que califican como un ejercicio de simulación democrática impulsado desde el propio poder estatal para legitimar al Ejecutivo, más que como un mecanismo auténtico de rendición de cuentas ciudadana.
Un pronunciamiento, fechado el 22 de enero y suscrito por decenas de organizaciones comunitarias, indígenas y de derechos humanos, sostiene que la revocación de mandato en Oaxaca no surgió de una exigencia popular genuina, como lo establece el espíritu constitucional de esta figura, sino de una estrategia política promovida desde la estructura gubernamental y partidista afín al gobernador. De acuerdo con los firmantes, la recolección de firmas estuvo dominada por la militancia del partido en el poder, lo que desvirtuó el sentido original del instrumento y lo convirtió, en los hechos, en un ejercicio de ratificación anticipada.
Las organizaciones advierten que el contexto político estatal, caracterizado por el control del Congreso local por parte de la mayoría oficialista, la debilidad de la oposición y la cooptación de diversos sectores sociales, impide que la consulta represente un riesgo real para la continuidad del gobernador. En ese escenario, sostienen, la revocación se transforma en un despliegue de fuerza política y territorial cuyo objetivo principal es consolidar liderazgo y proyectar respaldo popular, no someter el mandato a una evaluación crítica de la ciudadanía.
Uno de los ejes centrales de la crítica es el uso de recursos públicos en un estado que arrastra rezagos históricos en materia de pobreza, salud, educación e infraestructura. Para los colectivos firmantes, resulta inadmisible que se destinen millones de pesos del erario a un proceso cuyo resultado, aseguran, estaba previamente definido por la operación política y la movilización institucional. En su lectura, el gasto público no responde a una necesidad social urgente, sino que termina financiando propaganda y operación política gubernamental.
El documento también vincula el ejercicio de revocación con la validación de un modelo de desarrollo que las organizaciones consideran extractivista y contrario a los intereses de los pueblos originarios. Señalan que la narrativa oficial de la llamada “Primavera Oaxaqueña” busca obtener un aval popular para proyectos como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la expansión minera, procesos de gentrificación y la apertura del territorio al capital transnacional. En ese sentido, votar por la continuidad del gobernador, afirman, equivale a otorgar un “cheque en blanco” para profundizar políticas de despojo territorial.
Incidentes en la jornada
Las denuncias de coacción al voto y de irregularidades durante la jornada de participación ciudadana reforzaron estas críticas. Más de 100 incidentes fueron reportados en distintas regiones del estado, particularmente en el Istmo de Tehuantepec. Se documentó el robo de material electoral en casillas de Magdalena Tequisistlán y San Juan Guichicovi, así como casos de “embarazo” de urnas y amenazas a funcionarios de casilla y ciudadanos. A pesar de ello, el gobierno estatal informó que se registraron 491 incidentes clasificados como “menores”.
Fuentes del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca señalaron que en la agencia de Estación Sarabia, en el municipio de Guichicovi, una representante del Partido del Trabajo presuntamente tomó papeletas y les prendió fuego, situación similar a la ocurrida en la agencia de San Miguel Ecatepec, en Tequisistlán, donde también fue quemada la papelería electoral. En Santa María Zaniza y Santiago Amoltepec, en la Sierra Sur, se denunció que las urnas ya contenían votos al momento de su instalación, lo que derivó en el retiro de una casilla por decisión de la autoridad local.
La consejera presidenta del Ieepco, Elizabeth Sánchez González, informó que cinco casillas no pudieron instalarse, entre ellas una en Matías Romero y otra en Santa María Chimalapas, esta última debido a un conflicto limítrofe con Chiapas. También se suspendió la instalación en la agencia de San Isidro Platanillo, en Santo Domingo Petapa, por un conflicto intermunicipal.
Las denuncias alcanzaron a autoridades municipales y funcionarios estatales. El representante del Partido del Trabajo ante el órgano electoral, Dante Montaño, acusó al presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Juan Carlos García Márquez, de enviar personas para amedrentar a la representante del PT en la casilla ubicada en el palacio municipal. En San Pedro Pochutla, región Costa, se reportó que funcionarios del gobierno estatal intentaron tomar control de papeletas y listas nominales, mientras que en San Martín Mexicapam, en la ciudad de Oaxaca, un grupo de presuntos trabajadores de una agencia municipal habría introducido boletas en una urna y amenazado a funcionarios de casilla.
También se documentaron casos en los que ciudadanos emitieron su opinión sin contar con credencial de elector o sin aparecer en la lista nominal, como ocurrió en Puerto Escondido y nuevamente en Santa Lucía del Camino, donde los votantes presionaron a la presidenta de casilla argumentando residencia prolongada en la localidad.
La sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación se sumó a las críticas y calificó el proceso como una “farsa” promovida por el propio gobernador en su beneficio. Desde el hotel del magisterio, su secretaria general, Yenny Aracely Pérez Martínez, afirmó que los recursos utilizados en la revocación debieron destinarse a atender carencias en salud, seguridad y educación. La dirigencia magisterial anunció que mantendrá la movilización social, confirmó la realización de un paro de 72 horas y advirtió que, de no haber respuesta a sus demandas históricas, avanzarán hacia un paro nacional indefinido.
Desde la Mixteca, Leopoldo Rosales González, integrante de la comisión política de esa región, señaló que el Octavo Prepleno Democrático de la sección 22 concluyó que, pese a la claridad de las reglas electorales, el gobierno estatal desplegó una intensa campaña de propaganda a su favor, replicando prácticas que, dijo, caracterizaron a administraciones priistas y panistas del pasado.
A dos décadas del levantamiento popular de 2006, las organizaciones firmantes subrayan que la estructura de impunidad y exclusión permanece intacta en Oaxaca. Consideran que un gobierno que se autodefine como popular, pero que dilata la justicia, denosta la crítica y reproduce viejas prácticas de control político, no representa una ruptura con el pasado, sino su reciclaje bajo nuevas siglas. Para estos sectores, la pregunta central no es si el gobernador debe continuar o no en el cargo, sino quién se beneficia realmente de una consulta que, aseguran, no transforma la estructura de poder ni responde a las demandas históricas de los pueblos. En ese diagnóstico, la revocación de mandato, lejos de ser un ejercicio de democracia participativa, se convierte en un maquillaje político que profundiza la distancia entre el discurso oficial y la realidad social de Oaxaca.
