En un clima de tensión política y creciente desconfianza ciudadana, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Alberto Sosa, elevó este lunes su crítica al proceso de revocación de mandato recientemente celebrado en Oaxaca, calificándolo de “simulación” y “fraude” electoral. Desde tempranas horas, dirigentes de la agrupación opositora aseguraron que el ejercicio diseñado para medir el respaldo ciudadano al gobernador Salomón Jara Cruz estuvo marcado por irregularidades en casillas, inconsistencias estadísticas y presunta manipulación de resultados por parte del gobierno estatal y el órgano electoral local.
En conferencia de prensa y ante medios locales, Sosa exhibió ejemplos concretos donde –según afirmó– los datos oficiales no cuadran con la realidad de los padrones. Citó, por ejemplo, una casilla en Santa Lucía del Camino cuya lista nominal oficial reportaba 1,298 electores, pero los resultados publicados indicaban 1,316 votos contabilizados. Casos como este, sostuvo, no pueden explicarse sin la intervención de prácticas irregularidades graves durante la jornada. La denuncia se enmarca en un contexto donde, además de MC, dirigentes estatales del Partido del Trabajo (PT) han hablado de un “fraude monumental”, y han cuestionado incluso que el propio gobernador anunciara resultados antes de que los datos fueran oficializados por el órgano electoral.
La preocupación por la transparencia no se limita a estas cifras. Analistas políticos independientes han señalado la aparición de lo que se conoce como “casillas zapato” –lugares con niveles de participación inusualmente altos, que en algunos casos superan el 100 % del listado nominal– en regiones como San Miguel Quetzaltepec y Santa Lucía del Camino. Estas anomalías estadísticamente atípicas han alimentado el señalamiento de que el ejercicio no cumplió con los estándares mínimos de integridad y que podrían incluso configurar distorsiones deliberadas en el conteo final.
A este conjunto de reclamaciones se suman informes que documentan más de 100 incidentes durante la jornada electoral en distintos puntos del estado. Entre estos hechos se encuentran denuncias de quema de papeletas, robo de material electoral, amenazas a funcionarias y funcionarios de casilla, y votaciones de personas sin credencial o fuera de la lista nominal. Autoridades estatales y de seguridad confirmaron estos reportes, algunos de los cuales derivaron en la apertura de carpetas de investigación por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
Los cuestionamientos adquieren complejidad dado que, según los resultados parciales relatados por medios y analistas, el ejercicio de revocación de mandato registró una participación cercana al 30 % del padrón, con alrededor de 58 % de votos favorables a que Jara continúe en el cargo y cerca de 39 % que pidieron su salida por pérdida de confianza. Sin embargo, la legislación vigente establece que para que el resultado sea vinculante deben participar al menos el 40 % de los inscritos en la lista nominal, umbral que no se alcanzó. A pesar de ello, el gobernador celebró lo que fue retratado mediáticamente como un “triunfo”, posicionando la continuidad de su gestión como un respaldo ciudadano pese a los niveles de abstencionismo y las tensiones políticas evidentes.
Desde dentro de la coalición gobernante también se han escuchado voces críticas, lo que denota una fractura más profunda que la simple disputa electoral. El dirigente estatal del PT, Benjamín Robles Montoya –quien previamente había promovido activamente el voto por la revocación del mandato– calificó el proceso como un acto deficiente y plagado de vicios y llamó “usurpador” al gobernador. Estas tensiones internas se agravan en un contexto nacional donde los mecanismos de democracia directa, como la revocación de mandato, están bajo escrutinio por su eficacia real y su vulnerabilidad ante manipulación política.
Movimiento Ciudadano ha anunciado que no se limitará a las denuncias públicas: se buscará impulsar recursos legales y auditorías independientes para revisar las actas y los datos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. El objetivo, según Sosa, es documentar y demostrar ante instancias jurisdiccionales las inconsistencias que, a su juicio, ponen en entredicho la legitimidad de todo el proceso.
El ejercicio de revocación de mandato en Oaxaca, el primero de este tipo en un ámbito estatal en México, no sólo ha exhibido las fracturas políticas internas y las tensiones entre oposición y gobierno, sino que ha reabierto un debate más amplio sobre la credibilidad de los mecanismos de participación ciudadana cuando son organizados por instancias con fuertes intereses partidistas y con marcadas desigualdades territoriales y sociales.
En los días siguientes se esperan resoluciones del IEEPCO, posibles impugnaciones ante tribunales electorales y un debate público intensificado sobre la transparencia de los procesos democráticos en la entidad. Lo que parecía ser un ejercicio de rendición de cuentas ciudadana se ha convertido, para amplios sectores de la clase política y la sociedad civil oaxaqueña, en un nuevo motivo de desconfianza y polarización.
