El Senado de la República aprobó y comenzó a circular un dictamen que reformaría el artículo 123 constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, sin que ello suponga la adopción de dos días de descanso obligatorio y estableciendo una ruta de aplicación gradual que se extiende hasta 2030. Las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos avalaron el texto que ahora será discutido en el Pleno, en torno al cual ya se han concentrado tanto expectativas como críticas de diversos actores políticos y sociales.
La propuesta contempla una disminución progresiva de la jornada semanal a partir del año 2027: el primer año después de su entrada en vigor legislativa será de transición con 48 horas, y a partir de entonces se recortarán dos horas cada ejercicio fiscal hasta alcanzar 40 horas en 2030 —es decir, 46 en 2027, 44 en 2028 y 42 en 2029. Este calendario transitorio responde, según sus promotores, a la necesidad de que empleadores y trabajadores puedan adecuar la organización del trabajo sin que se produzcan impactos negativos inmediatos en productividad o costos empresariales.
Sin embargo, uno de los puntos más controvertidos del dictamen es precisamente la ausencia de un segundo día de descanso semanal obligatorio. A diferencia de propuestas más ambiciosas que circularon en la Cámara de Diputados y entre colectivos laborales —que buscaban instituir un esquema de cinco días de trabajo por dos de descanso—, el texto aprobado mantiene el esquema tradicional mexicano: “por cada seis días de trabajo las personas trabajadoras deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro”. La redacción deja abierta la posibilidad de que, aun con una semana laboral de 40 horas, la distribución de la jornada pueda seguir siendo de seis días con descansos escalonados y no necesariamente sábado y domingo.
La definición de no ampliar los días de descanso ha generado críticas y descontento entre organizaciones y partidos que han insistido en que una verdadera reforma laboral debe reconocer no solo la reducción de horas sino también condiciones que mejoren la calidad de vida y permita una recuperación real del tiempo de descanso de la clase trabajadora. Tales demandas formaron parte de las propuestas presentadas por colectivos de trabajadores y agrupaciones políticas como Movimiento Ciudadano durante el proceso legislativo, aunque no fueron incorporadas en la redacción final del dictamen que ahora se discute en el Senado.
Otro punto central de la reforma es la regulación del trabajo extraordinario. El dictamen propone elevar el tope semanal de horas extra hasta 12 horas, distribuidas en un máximo de cuatro horas diarias durante cuatro días de la semana, con pagos adicionales que pueden llegar hasta el doble o más según el límite rebasado. Este aspecto también ha sido señalado como una fórmula para que, en la práctica, trabajadores permanezcan largos periodos productivos incluso con una jornada base reducida.
El dictamen también incorpora una salvaguarda que ha sido subrayada tanto por autoridades como por representantes del sector laboral: la reducción de la jornada no puede implicar una disminución de sueldos, salarios ni prestaciones para los trabajadores. Esta cláusula busca proteger el ingreso de las personas trabajadoras, aunque su eficacia real dependerá de cómo se implementen y vigilen estas disposiciones en la legislación secundaria y en la práctica empresarial.
La aprobación de este dictamen y su tránsito por el Pleno del Senado será determinante en la agenda legislativa de 2026. El inicio del periodo ordinario de sesiones, que arranca el 1 de febrero, coloca este tema desde temprano en el debate político, con posturas enfrentadas entre quienes ven en la gradualidad y en la adaptación un método prudente y quienes denuncian una reforma insuficiente que no cumple con las expectativas de miles de trabajadores.
En suma, aunque México parece encaminado a acortar su semana laboral hacia 40 horas, el camino hasta lograrlo y las condiciones en las que se hará efectivo ese cambio siguen siendo materia de debate político y social intenso. El dictamen aprobado en comisiones plantea un marco de transición largo y sin cambios sustantivos en los días de descanso, lo que ha generado tanto adhesiones como críticas, y promete ser uno de los temas que marcarán la dinámica legislativa y la discusión pública en los meses por venir.
