La caída en la vacunación contra el sarampión en México no fue consecuencia directa de la pandemia de Covid-19, como ha sostenido el discurso oficial en distintos momentos, sino que comenzó antes, en el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Documentos oficiales, auditorías y datos de organismos internacionales confirman que en 2019 se retrasaron las compras, se adquirieron menos dosis de las necesarias y millones de biológicos permanecieron inmovilizados en almacenes, lo que dejó sin protección a alrededor de 1.5 millones de niñas y niños y debilitó el blindaje sanitario que el país había construido durante décadas, reporta una investigación de Animal Político.
En 2018, último año de la administración anterior, México reportaba coberturas prácticamente universales contra el sarampión. La primera dosis, aplicada a menores de un año, alcanzaba 97 %, mientras que la segunda, dirigida a niñas y niños de seis años, llegaba a 99 %, de acuerdo con registros de la Organización Panamericana de la Salud. Esa tendencia se rompió de manera abrupta en 2019, cuando la cobertura nacional cayó a 73 %, un desplome que ocurrió antes de la emergencia sanitaria global por Covid-19.
Traducido en cifras, ese año debían vacunarse aproximadamente 4.3 millones de menores con la vacuna SRP, conocida como triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas. Sin embargo, sólo 2 millones 821 mil recibieron el biológico. El faltante, cercano a 1.5 millones de niñas y niños, fue confirmado por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia en la información entregada a la Auditoría Superior de la Federación y publicada en la auditoría número 172-DS.
Las fallas comenzaron desde la planeación. Respuestas oficiales a solicitudes de información revelan que la autoridad sanitaria calculó una necesidad de 4 millones 343 mil dosis de la vacuna triple viral para cubrir la demanda de 2019. No obstante, los contratos firmados ese año ampararon la compra de 4 millones 238 mil dosis, es decir, 105 000 menos de las requeridas, un déficit que de origen hacía imposible alcanzar la cobertura necesaria para sostener la inmunidad colectiva.
A esta insuficiencia se sumó el retraso en los procesos de adquisición. En años previos, las compras de vacunas se concretaban durante el primer trimestre, lo que permitía una distribución oportuna a las entidades federativas. En 2019, en sintonía con la política de austeridad impulsada por el nuevo gobierno y la centralización de las adquisiciones, los contratos se postergaron durante meses. Entre enero y junio, Laboratorios Biológicos y Reactivos de México sólo había conseguido 439 mil dosis de triple viral, alrededor de 10 % del total necesario para todo el año.
El mayor volumen de vacunas se compró hasta el último trimestre. Más de tres millones de dosis se adquirieron formalmente en septiembre de 2019, apenas tres meses antes de concluir el año. El contrato entre CENSIA y Birmex se firmó en agosto por 368 millones de pesos, aunque Birmex actuó como intermediario y adquirió los biológicos a una empresa extranjera mediante un acuerdo fechado el 12 de septiembre, por un monto superior a los 25 millones de dólares.
El retraso en la compra no fue el único obstáculo. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, al menos 1.4 millones de dosis permanecieron retenidas en almacenes hasta enero de 2020 debido a observaciones de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que detectó incumplimientos en especificaciones de calidad y seguridad. Las pruebas iniciales mostraron irregularidades en el componente de rubéola, lo que llevó a una inmovilidad preventiva de los lotes mientras se realizaban nuevas evaluaciones.
Ante esta situación, el entonces subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud solicitó la intervención de la Cofepris para liberar los biológicos, lo que ocurrió de manera condicionada y bajo esquemas de farmacovigilancia. La liberación total se concretó hasta finales de enero de 2020, cuando el Consejo de Salubridad General exhortó formalmente a destrabar las dosis. En los hechos, vacunas compradas para 2019 estuvieron disponibles hasta el año siguiente, cuando una parte de la población objetivo ya había superado la edad indicada para su aplicación.
El impacto de estas decisiones se refleja hoy en un escenario de riesgo sanitario. México enfrenta un brote activo de sarampión iniciado en enero de 2025 y acumula miles de casos confirmados entre 2025 y 2026. La situación ha encendido alertas internacionales, pues el país obtuvo en 2016 el certificado de eliminación del virus otorgado por la Organización Mundial de la Salud, estatus que ahora se encuentra bajo revisión. Otros países de la región, como Canadá, y naciones europeas como España, ya han perdido ese reconocimiento tras el resurgimiento de la enfermedad.
Aunque autoridades sanitarias han atribuido la caída en la vacunación principalmente a los efectos de la pandemia de Covid-19 entre 2020 y 2021, la evidencia documental muestra que el deterioro comenzó antes, con decisiones administrativas y presupuestales que afectaron la compra y distribución de biológicos. Por primera vez desde la certificación internacional, México se encuentra bajo evaluación de la Organización Panamericana de la Salud, en un proceso que definirá si mantiene o no el estatus de país libre de sarampión.
El caso expone cómo retrasos, ahorros mal calculados y fallas logísticas en un solo año bastaron para erosionar décadas de avances en vacunación y colocar nuevamente al país ante una enfermedad prevenible, cuyo regreso hoy amenaza no sólo la salud pública, sino la credibilidad del sistema nacional de inmunización.
