En el marco del debate legislativo generado por la nueva propuesta de reforma electoral impulsada por la administración de Claudia Sheinbaum, el consejero de Movimiento Ciudadano, Aurelio Nuño Mayer, fijó una postura respecto a las implicaciones técnicas y políticas de los cambios propuestos en leyes secundarias. A través de un análisis directo sobre la estructura del llamado “Plan B”, Nuño señaló que el proyecto representa una amenaza frontal contra la autonomía de los estados y el funcionamiento del pacto federal.
La argumentación de Nuño se fundamenta en la observación de los mecanismos de control presupuestal que la reforma pretende imponer. Al no consolidarse una reforma de carácter constitucional, el Ejecutivo ha optado por modificaciones en la legislación secundaria que, bajo el criterio del consejero naranja, tienen como objetivo central el debilitamiento de la infraestructura política regional.
El punto de partida del análisis de Aurelio Nuño es la caracterización de la iniciativa como una propuesta “descafeinada”. Este término, utilizado por el consejero, hace referencia a que el oficialismo, al no contar con la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución, optó por una versión diluida que se limita a reformar leyes ordinarias. Sin embargo, Nuño es enfático al advertir que esta etiqueta de “moderación” es una fachada que oculta consecuencias profundas.
“Es una propuesta descafeinada, sí, pero sigue siendo peligrosa”, afirmó Nuño terminantemente.
La peligrosidad a la que hace referencia radica en la intención de “desfondar a la política en los estados”. Según su visión, la reforma no busca una optimización administrativa, sino un debilitamiento estructural de los Congresos locales a través de la reducción drástica de sus recursos y capacidades de gestión.
Para Aurelio Nuño, el riesgo más grave del “Plan B” es el desmantelamiento de la operatividad legislativa estatal. Al recortar los presupuestos destinados a las estructuras de los congresos en las entidades federativas, se limita su capacidad para cumplir con sus funciones esenciales: legislar con rigor técnico, fiscalizar el gasto de los gobernadores y servir como un espacio de representación real para la ciudadanía.
Nuño sostiene que un congreso sin recursos es un congreso que pierde su fuerza como contrapeso. En sus palabras, la reforma busca “limitar su capacidad de operación”, lo que en última instancia debilita enormemente la vida política de cada entidad federativa. Esta centralización del control presupuestal, argumenta, asfixia la pluralidad política que se vive en las regiones del país, donde las instituciones locales son la primera línea de defensa de la democracia.
Ante este escenario, la conclusión de Movimiento Ciudadano, a través de la voz de Nuño, es clara: el “Plan B” no puede ser aceptado bajo la premisa de que es “menos malo” que la propuesta original. La advertencia es que cualquier medida que apunte a reducir las capacidades de los órganos representativos locales bajo el argumento del ahorro financiero termina por vulnerar el sistema democrático en su conjunto.
“Por eso, aunque sea una versión diluida del plan original, también debe ser frenado”, sentenció el consejero naranja.
El mensaje de Aurelio Nuño se suma a una serie de preocupaciones sobre el futuro del federalismo en México. Al señalar que la reforma intenta “desfondar” la política estatal, Nuño coloca el énfasis en la necesidad de proteger la arquitectura institucional de los estados frente a intentos de control centralizado. Desde la perspectiva de Movimiento Ciudadano, la fortaleza de México reside en la salud de sus instituciones locales, y cualquier intento por mermar su presupuesto o su estructura operativa debe ser visto como un retroceso en la construcción de un país equilibrado y democrático.
Para Movimiento Ciudadano, la suficiencia presupuestal de los Congresos locales es un requisito para la autonomía política. La advertencia de Nuño resalta que cualquier reforma electoral debe garantizar que cada estado conserve las facultades y el financiamiento necesarios para ejercer su soberanía, evitando que los cambios en las leyes secundarias se conviertan en un obstáculo para la operatividad democrática en todo el territorio nacional.
