Las detenciones del maquinista y de dos trabajadores del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, tras el descarrilamiento ocurrido en fechas recientes, desataron una oleada de críticas desde la oposición en el Senado, donde legisladores de Movimiento Ciudadano y del PRI coincidieron en acusar a las autoridades federales de intentar responsabilizar a los eslabones más débiles de la cadena operativa y evadir las fallas estructurales y de supervisión de una de las obras emblemáticas del sexenio anterior.
El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, fue particularmente severo al referirse al caso. En entrevista con el medio Latinus, el legislador afirmó que existe una práctica recurrente de “chingarse al más jodido” cuando ocurren tragedias vinculadas a proyectos de gran escala impulsados desde el poder. Colosio cuestionó que, tras el accidente, la narrativa oficial se haya centrado en señalar presuntas responsabilidades individuales del personal operativo, mientras se dejan de lado los problemas sistémicos de la obra y las decisiones tomadas en los niveles más altos de ejecución y supervisión.
Colosio subrayó que la negligencia en una infraestructura “nueva, recién entregada”, resulta evidente y sostuvo que lo que más le indigna es el intento de minimizar las fallas de origen mediante explicaciones técnicas parciales, como el exceso de velocidad, sin reconocer los vicios estructurales del proyecto. A su juicio, existe una proclividad histórica a culpar “al de abajo”, en lugar de exigir cuentas a quienes diseñaron, autorizaron y supervisaron la obra. “No quieren reconocer precisamente todas estas fallas sistémicas que presenta la obra, que son responsabilidad, al final del día, de los que la ejecutan”, afirmó.
El senador emecista insistió en que los trabajadores detenidos son personas que cumplían órdenes y realizaban su labor en condiciones que no dependían de ellos. Por ello, calificó como injusto, irresponsable y deplorable que se les pretenda convertir en chivos expiatorios, cuando no son responsables de una mala ejecución ni de las deficiencias técnicas de un proyecto presentado como insignia de la llamada Cuarta Transformación. En ese contexto, consideró indispensable la creación de una comisión legislativa que permita revisar a fondo los expedientes del caso y llamar a cuentas a los verdaderos responsables.
No obstante, Colosio reconoció que la conformación de un órgano de ese tipo enfrenta obstáculos políticos, al tratarse de un Congreso donde la mayoría responde al oficialismo. En su opinión, esa correlación de fuerzas dificulta que se haga justicia plena a las familias de las personas que perdieron la vida en el accidente, pues implicaría investigar decisiones tomadas por actores cercanos al poder federal.
Mientras las investigaciones continúan en el ámbito judicial, el debate político en torno al descarrilamiento del Tren Interoceánico evidencia una disputa más amplia sobre la rendición de cuentas en las grandes obras públicas del país. Para la oposición, el caso se ha convertido en un símbolo de la manera en que el poder, una vez más, busca cargar la culpa sobre los trabajadores, mientras los responsables de las decisiones estructurales permanecen al margen del escrutinio público.
