La Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Tijuana ha colocado un foco rojo sobre el actuar de la Policía Municipal tras un incidente ocurrido el pasado miércoles en el que su vicepresidente, Héctor Riveros, fue derribado, esposado y momentáneamente detenido por elementos de la corporación mientras se dirigía al aeropuerto, desencadenando una denuncia formal por presunto abuso de autoridad y daños. La noche del 4 de febrero, el presidente de CANACO, Olivaldo Paz, acompañado de un grupo de consejeros y comerciantes, acudió ante la Fiscalía General del Estado de Baja California para presentar una denuncia de hechos contra “quien resulte responsable”, con la intención expresa de sentar un precedente legal frente a lo que consideran un patrón de actuaciones policiales fuera de la ley.
De acuerdo con las versiones oficiales difundidas por CANACO, Paz y Riveros se detuvieron en la rampa hacia el aeropuerto tras observar la detención de un vehículo BMW con placas provenientes del extranjero, un hecho que, señalaron, les llamó la atención debido a reportes previos de abusos cometidos contra turistas en zonas de control vial. Al acercarse a los policías municipales para indagar sobre las razones de la detención, se originó un intercambio de palabras con un oficial que, sin identificar debidamente su nombre y presuntamente sin portar placa visible, condujo a que Riveros fuera derribado al suelo, esposado y subido a una patrulla. El propio vicepresidente de CANACO relató que, en el momento de la agresión, el agente le exigió su licencia, pese a que él se encontraba únicamente como copiloto y no estaba directamente involucrado en la detención.
El entorno de esta denuncia se complejiza por las implicaciones sociales que conlleva. En los últimos meses se han difundido múltiples reportes y testimonios sobre presuntos actos de corrupción y abuso de poder por parte de agentes de la Policía Municipal en Tijuana, incluyendo señalamientos de extorsión y detenciones arbitrarias en distintas zonas de la ciudad. Si bien CANACO no ha vinculado explícitamente estos antecedentes con el caso específico de Riveros, la organización empresarial ha subrayado la necesidad de visibilizar y frenar este tipo de episodios, insistiendo en que autoridades responsables rindan cuentas y se esclarezcan los protocolos de actuación policial para proteger tanto a residentes como a visitantes extranjeros.
A raíz de lo ocurrido, la Cámara Nacional de Comercio ha demandado una investigación exhaustiva y ha señalado que la denuncia no es un acto aislado sino una acción encaminada a reforzar el estado de derecho y la seguridad jurídica en la ciudad. Paz ha manifestado que esperan que las autoridades municipales y de seguridad pública asuman la responsabilidad institucional y garanticen que ningún agente actúe fuera del marco legal. Asimismo, CANACO hizo un llamado a quienes hayan sido testigos del suceso a sumarse ante el Ministerio Público, lo que da cuenta de la estrategia de la organización por involucrar a la comunidad y a la opinión pública en la exigencia de transparencia y justicia.
El caso ha generado también reacciones en el ámbito político y social, pues pone en el centro de la agenda ciudadana el debate sobre el uso de la fuerza por parte de cuerpos policiales y la protección de los derechos de comerciantes y turistas. Desde la Sindicatura Procuradora y otros órganos de control se han promovido investigaciones contra agentes por presuntos actos de abuso de autoridad y faltas graves, lo que refleja un clima de escrutinio hacia las fuerzas de seguridad municipales en Tijuana. La denuncia de CANACO se suma así a una serie de acciones orientadas a fortalecer la rendición de cuentas y a exigir respuestas claras y contundentes por parte de las instituciones encargadas de la seguridad pública en la región.
En los próximos días se espera que la Fiscalía General del Estado dé mayor información sobre el avance de la denuncia presentada por CANACO, y que tanto autoridades municipales como representantes de la sociedad civil definan medidas que permitan evitar que hechos similares se repitan, en un contexto donde la confianza ciudadana en las instituciones policiales está en juego. La actuación de los cuerpos de seguridad, su profesionalización y la vigilancia de sus procedimientos constituyen, a partir de este episodio, temas ineludibles en la agenda de Tijuana.
