En una de las entrevistas más claras y preocupantes que ha concedido un legislador en el contexto de la organización del Mundial de Fútbol 2026 en México, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, abordó con contundencia el delicado tema de la protección de niñas, niños y adolescentes frente al turismo sexual y el abuso sexual infantil. Durante su participación en MVS Noticias, la legisladora, quien además es secretaria de la Comisión de Justicia e integrante de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, lanzó un llamado de atención sobre los riesgos que este fenómeno representa para el país a pocos meses del inicio de la Copa del Mundo, subrayando que está en juego no solo la seguridad, sino también la dignidad y los derechos humanos de la infancia mexicana.
Barrales inició su intervención señalando que, aunque el Mundial debería ser motivo de celebración nacional y una noticia positiva para el país, existe una preocupación legítima y fundamentada por la falta de acciones concretas para enfrentar un problema de gravedad escalofriante: el abuso sexual infantil y su posible crecimiento bajo la sombra de una oferta de turismo sexual infantil. México, lamentó la senadora, ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil a nivel mundial, una estadística que diversas organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales han denunciado como alarmante y que, según alertas recientes, podría agravarse con la llegada masiva de visitantes con motivo del Mundial 2026.
La legisladora emecista se refirió a alertas emitidas por UNICEF y por organizaciones especializadas en la defensa de los derechos de la niñez, como la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), las cuales han puesto de manifiesto que este tipo de eventos deportivos de gran envergadura suelen asociarse con un incremento en fenómenos delictivos contra menores, incluyendo la explotación sexual. “Esto no lo decimos solo como algo que tememos o que presentimos, hay datos reales, duros, que nos confirman que cuando se generan este tipo de eventos deportivos pues crece el abuso”, subrayó Barrales, enfatizando que la evidencia existente obliga a actuar con urgencia.
En su análisis, Barrales fue crítica respecto a la respuesta institucional hasta ahora: “hoy es fecha que en la Ciudad de México no tenemos un protocolo, no tenemos a ninguna autoridad tocando estos temas”, advirtió. Para la senadora, esta ausencia de directrices claras y de un marco operativo concreto contrasta con el compromiso asumido por México, Estados Unidos y Canadá al presentar una estrategia conjunta de protección a la niñez en el contexto del Mundial, compromiso que, en su opinión, aún no se ha traducido en acciones efectivas.
El llamado de Barrales no se limitó a una crítica general. Subrayó la necesidad de protocolos y mecanismos preventivos inspirados en experiencias internacionales. Como ejemplo citó modelos ya implementados en otros países —donde se exige acreditar relación familiar para acceder a hoteles, bares o viajar con menores— y propuso medidas de esa naturaleza como parte de una estrategia integral que involucre a autoridades, aerolíneas, hoteleros, agencias de viajes y, de manera más amplia, a la sociedad. “Queremos que este sea un evento positivo para el país pero que de ninguna manera implique riesgo para nuestros niños”, expresó con firmeza. Y delimitó algunas estrategias que se busca implementar:
Queremos y estamos muy a tiempo de que se desarrolle un protocolo como sucede ya en otros lugares del mundo donde no te dejan entrar a un bar, a un restaurante con un menor si no acreditas la relación familiar, padre, hijo, etcétera, si no puedes entrar a un hotel, si no acreditas esta relación, no puedes ir a una aerolínea o no puedes viajar con menores, no pueden entrar al estadio menores que no vengan con sus familiares.
La senadora hizo un llamado a la sociedad civil, a las familias y a las instituciones para que no esperen únicamente a que “la autoridad convoque”, sino que exista una acción conjunta desde ahora para proteger a las niñas y niños. A la vez, reconoció avances locales como los protocolos que ya se han diseñado en ciudades como Guadalajara, aunque insistió en que la capital del país y otras sedes aún carecen de mecanismos comparables. En ese sentido, mencionó que ya ha abordado el tema con el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien, dijo, se mostró receptivo, aunque señaló que aún falta formalizar un protocolo que realmente articule esfuerzos y prevenga estos delitos. Urgió a que la situación sea prioritara, pues lamentó que:
Es un tema del que poco se quiere ocupar la autoridad, la propia clase política, pues no es un tema taquillero; no es grato hablar de esos temas pero es una realidad, es una realidad a la que están expuestos nuestras niñas, nuestros niños y nos interesa sobremanera que al amparo de este evento no se estén ofertando esos servicios vergonzosos turísticos de explotación sexual infantil
La inquietud de Barrales se inserta en un contexto más amplio de debate público y legislativo en México sobre la protección de la infancia y la adolescencia, donde organizaciones internacionales y autoridades han advertido sobre el incremento de riesgos asociados a eventos masivos, así como la urgente necesidad de políticas públicas que incluyan capacitación, vigilancia y mecanismos de denuncia accesibles. En los últimos meses, también se han dado pasos legislativos orientados a reforzar la prevención de la explotación infantil en el sector turístico, reflejando una creciente atención sobre la materia a distintos niveles de gobierno.
Con cinco meses por delante para la inauguración del Mundial, las palabras de Alejandra Barrales buscan poner en la agenda pública y política un tema que difícilmente se discute con la profundidad necesaria, pero que, según los datos y alertas que ella misma citó, no puede seguir postergándose si se pretende garantizar un evento seguro y respetuoso de los derechos de la niñez. La senadora emite así un llamado que trasciende su bancada y su cargo: una petición urgente de corresponsabilidad social e institucional para que los menores no se conviertan en víctimas invisibles de un fenómeno tan grave como el turismo sexual infantil en México.
