La Ciudad de México está en el centro de un debate intenso entre la administración local y organizaciones de memoria histórica y derechos humanos a raíz del ambicioso proyecto de crear una Universidad de las Artes en la emblemática plaza Tlaxcoaque, en el corazón del Centro Histórico. El Comité ¡Eureka!, colectivo con más de cuatro décadas de trayectoria exiguiendo verdad y justicia para víctimas de desaparición forzada y violencia estatal, manifestó su rechazo absoluto a la construcción de esta institución educativa en un espacio que, en su opinión, no puede reinterpretarse como simple infraestructura cultural sin poner en riesgo la preservación de la memoria histórica y los compromisos asumidos desde 2022.
La disputa nace de un proyecto impulsado por la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada Molina, quien anunció a fines de enero la creación de la Universidad de las Artes. Se trata de una institución pública y gratuita, con una inversión de 390 millones de pesos, que ofrecerá 19 licenciaturas en disciplinas como danza, teatro, música, artes visuales y audiovisuales, producción e incluso memoria y conservación. El plan es iniciar obras en marzo de 2026 y atender a cerca de 4 mil estudiantes, con un enfoque en democratizar el acceso a la educación artística en la capital del país ante la alta demanda que enfrentan otras universidades públicas.
Sin embargo, el Comité ¡Eureka! sostiene que ese predio —ubicado en la plaza Tlaxcoaque, donde históricamente operó la antigua Dirección General de Policía y Tránsito del entonces Departamento del Distrito Federal y donde se cometieron graves violaciones a derechos humanos, torturas y desapariciones durante la llamada “guerra sucia”— fue declarado oficialmente “Sitio de Memoria” el 2 de octubre de 2022 por la entonces jefa de Gobierno y hoy presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Dicha declaratoria, aclaró el Comité, implica un compromiso institucional con la verdad, la recuperación histórica y la garantía de no repetición, no una decisión reversible o condicionable a cambios de administración o de prioridades políticas.
Los integrantes del Comité han señalado que el inmueble fue asegurado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México al emitir la declaratoria de patrimonio material e inmaterial, con el objetivo expreso de garantizar su “inalterabilidad” y permitir que continúen las investigaciones forenses necesarias que forman parte de procesos no concluidos sobre desapariciones forzadas y otros crímenes de Estado ocurridos en esa instalación. Según el colectivo, el sitio también está integrado a la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños, que incluye más de 50 espacios de 13 países comprometidos con protocolos internacionales de preservación y memoria histórica.
En un comunicado público dirigido a Brugada, miembros de Comité ¡Eureka!, entre ellos Claudia Piedra —hija menor de la histórica luchadora por los derechos humanos Rosario Ibarra de Piedra—, así como familiares de personas desaparecidas como Laura Gaytán y Concepción Ávila, enfatizaron que permitir la instalación de una universidad en ese sitio contradice el espíritu y alcance de la declaratoria de memoria histórica, vulnera los derechos de las víctimas y desconoce la lucha de más de 50 años de organizaciones sociales por verdad y justicia en México. Para ellos, intervenciones de esta naturaleza representan una arbitrariedad que podría diluir el sentido del espacio como memoria y obstaculizar las investigaciones pendientes.
Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México ha defendido el proyecto como una oportunidad de resignificación social y cultural, al transformar un espacio marcado por hechos dolorosos en un enclave dedicado a la educación, la creatividad y la memoria viviente de las artes. Las autoridades han insistido en que el diseño arquitectónico y urbanístico permitirá la convivencia entre la preservación del espacio histórico y la operación académica, aunque no han efectuado, hasta ahora, una consulta pública amplia que incluya a los colectivos de memoria histórica en la toma de decisiones.
El choque de narrativas entre una administración que busca impulsar políticas culturales y educativas con un enfoque de accesibilidad, y un colectivo histórico que recuerda las cicatrices de la represión estatal y la importancia de sitios de memoria para las víctimas y la sociedad, plantea interrogantes más amplios sobre cómo confluyen la memoria histórica, la justicia transicional y las necesidades de desarrollo urbano y cultural en una metrópoli como la Ciudad de México. El desenlace de esta disputa no solo podría definir el futuro de Tlaxcoaque, sino también sentar precedentes en el país sobre cómo se conceptualizan y gestionan espacios históricos de violencia estatal frente a proyectos contemporáneos con fines sociales.
