El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana lanzó un enérgico llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que se investiguen de manera exhaustiva y transparente una serie de denuncias sobre presuntos abusos de autoridad y actos de extorsión atribuidos a agentes encargados de la seguridad pública en la ciudad. En un contexto marcado por una creciente preocupación social por la seguridad, el organismo empresarial subraya que estos señalamientos no solo agravian a los ciudadanos, sino que también erosionan la confianza en las instituciones y ponen en riesgo la estabilidad económica y social de la región.
Roberto Lyle Fritch, presidente del CCE, ha subrayado que las acusaciones de extorsión y robo por parte de elementos de seguridad, que supuestamente se aprovecharían de su posición para solicitar dinero o favores a ciudadanos, representan un golpe directo a la legitimidad de las fuerzas encargadas de proteger a la población. Este tipo de prácticas, de confirmarse, no pueden ser toleradas bajo ninguna circunstancia, afirmó el líder empresarial en una reciente declaración pública, en la que además señaló que la percepción de inseguridad entre los tijuanenses ha aumentado de manera significativa en los últimos meses, con cifras que sitúan a casi siete de cada diez habitantes expresando desconfianza respecto a su seguridad —un factor que complica aún más la vida cotidiana y la actividad económica en la frontera.
El CCE destaca que la preocupación no es hipotética: diversos empresarios y cámaras comerciales han expuesto públicamente incidentes concretos que alimentan esta percepción. Ejemplo de ello es el caso difundido en redes sociales en el que el vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Tijuana, Héctor Riveros, fue detenido y esposado por un agente municipal tras cuestionar una revisión policial a un vehículo con placas extranjeras, lo que desencadenó una denuncia penal por abuso de autoridad y daños ante la Fiscalía General del Estado. El presidente de CANACO, Olivaldo Paz, señaló que el oficial involucrado no portaba identificación visible ni la patrulla contaba con placas, hechos que profundizan la inquietud sobre el procedimiento y la rendición de cuentas de las fuerzas policiales.
Desde la perspectiva del sector empresarial, estos episodios no solo constituyen posibles delitos aislados, sino que reflejan un problema más amplio que impacta directamente en la imagen de Tijuana como ciudad receptora de inversiones y turismo. Empresarios han advertido que, ante la persistencia de tales quejas, se generan señales negativas que desincentivan la llegada de visitantes —especialmente del sur de Estados Unidos— y desalientan la instalación o expansión de negocios en una región que históricamente ha dependido de su dinámica binacional para crecer.
El llamado del CCE se enmarca en un clima donde no son pocos los testimonios y denuncias ciudadanas sobre posibles actos irregulares en revisiones de tránsito o intervenciones policiales que terminan en detenciones y conflictos con automovilistas, lo que alimenta un sentimiento de vulnerabilidad y desprotección. Aunque autoridades municipales han impulsado acciones de suspensión a elementos investigados por faltas graves —incluido abuso de autoridad y agresiones a civiles— y esfuerzos para fomentar la denuncia y prevención de delitos como la extorsión en redes sociales, la percepción de inseguridad sigue siendo un factor dominante en la agenda pública.
El organismo empresarial ha instado a los gobiernos municipal, estatal y federal a coordinar esfuerzos para esclarecer estos hechos, sancionar a los responsables en caso de comprobarse irregularidades y fortalecer los mecanismos de control interno y transparencia en las corporaciones de seguridad. La exigencia apunta no solo a restituir la confianza ciudadana en las instituciones, sino a garantizar que la seguridad pública no se convierta en una barrera para el desarrollo económico y social de Tijuana. En este sentido, Lyle Fritch ha reiterado que la pronta y clara resolución de estas investigaciones es indispensable para consolidar un entorno de certidumbre que permita a las familias, a las empresas y a los visitantes transitar y operar con tranquilidad en la ciudad.
A través de este reclamo institucional, el CCE busca no solo visibilizar las quejas puntuales, sino empujar hacia una agenda más amplia de fortalecimiento institucional, donde la rendición de cuentas y la profesionalización de los cuerpos de seguridad sean pilares para reconstruir la confianza de la ciudadanía y asegurar que Tijuana recupere su imagen como un espacio donde la seguridad y el desarrollo convergen de manera armoniosa.
