La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de Morelos anunció el aseguramiento este 6 de febrero de 2026 de Dionicio Emanuel Álvarez Anonales, exdirector del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo durante el sexenio del exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, en medio de una investigación por presuntos actos de corrupción que han sacudido a la clase política y jurídica de la entidad. La detención se realizó en el municipio de Cuautla, tras un operativo de inteligencia conjunta entre autoridades estatales y federales que se prolongó por casi un año y que incluyó una ficha de búsqueda con recompensa por información para su localización.
Álvarez Anonales es imputado por peculado agravado y ejercicio abusivo de funciones, acusaciones que se centran en supuestas irregularidades durante su gestión al frente del fideicomiso encargado de administrar y promover la zona del Lago de Tequesquitengo, conocida también como el “Mar de Morelos”. De acuerdo con las investigaciones fiscales, el exfuncionario permitió la enajenación de terrenos públicos a precios muy por debajo de su valor comercial a favor de colaboradores y funcionarios cercanos a la administración de Blanco Bravo, lo que habría generado un perjuicio económico millonario al patrimonio del fideicomiso y de los ejidos involucrados.
Entre los nombres que han surgido en las pesquisas figuran funcionarias y excolaboradores de alto perfil, como Sandra Anaya Villegas, exsecretaria de Administración y actual diputada federal; Mónica Boggio Tomasaz Merino, exjefa de la Oficina de la Gubernatura y magistrada en el Tribunal de Justicia Administrativa; Gerardo Becerra Chávez Ita, exasesor anticorrupción; y Edgar Riou Pérez, exsecretario particular y pariente de Blanco. Estas vinculaciones han colocado al caso como uno de los más sensibles en el entorno político de Morelos, por la cercanía de los implicados con la gestión anterior.
La trama de presunto desfalco incluye, además, pagos por servicios o eventos que nunca se realizaron y otros patrones de simulación de gastos que habrían permitido la salida de recursos públicos de manera opaca. Según versiones periodísticas basadas en fuentes judiciales, se habría tratado de un esquema que supera los 50 millones de pesos en daños patrimoniales, aunque las cifras oficiales aún están en proceso de consolidación dentro de las carpetas de investigación.
El impacto mediático y judicial del caso se exacerbó cuando, durante un cateo a una de las propiedades ligadas a Álvarez Anonales en Cuernavaca realizado en marzo de 2025, las autoridades hallaron en un área de lavado un altar con restos humanos —incluidos cráneos— cruces de madera, veladoras y otros elementos que sugerían prácticas ritualísticas, aparentemente de santería o cultos afines. La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó posteriormente que al menos cinco de los cráneos correspondían a seres humanos, lo que dio origen a una carpeta de investigación adicional por el presunto origen criminal de esos restos. Aunque los análisis forenses determinaron que las muestras de sangre colectadas no eran humanas, los huesos sí pertencían a personas, y el hallazgo ha abierto una nueva línea de pesquisa para determinar su procedencia y relación con hechos delictivos previos.
El exfuncionario había logrado evadir la justicia durante casi un año, motivo por el cual la FECC y la Fiscalía de Morelos emitieron una ficha de búsqueda que ofrecía mil Unidades de Medida de Actualización (UMAS) a quien proporcionara datos útiles para su captura, sin que hasta el momento se aclare si esa recompensa fue finalmente entregada ni en qué lugar específico fue detenido.
Tras su detención, Álvarez Anonales fue presentado ante un juez de control especializado, donde se determinó la prisón preventiva mientras se desarrolla su proceso judicial. A pesar de las graves imputaciones, la autoridad judicial ha subrayado que el exfuncionario se presume inocente conforme al Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, hasta que un juez emita una sentencia firme en su contra.
El caso tiene importantes repercusiones políticas en Morelos, donde la actual administración ha sostenido una agenda de combate a la corrupción que incluye, desde 2025, una serie de denuncias contra excolaboradores del gobierno de Blanco Bravo. La detención de Álvarez Anonales, en este contexto, es vista como un momento clave en la fiscalización de los recursos públicos y en la rendición de cuentas de funcionarios que ocuparon puestos clave en la estructura estatal en los últimos años.
