Zacatecas enfrenta una de las crisis financieras más profundas en décadas al interior del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), organismo encargado de administrar el fondo de pensiones de más de 25 mil burócratas activos y jubilados. Las autoridades del gobierno estatal morenista, encabezadas por el gobernador David Monreal Ávila, han planteado convertir en formal la bancarrota técnica de la institución, cuya deuda oficial supera ya los 457 millones de pesos en pasivos acumulados —muy por encima de los activos disponibles—, de acuerdo con investigaciones oficiales y propuestas de la Auditoría Superior del Estado (ASE) presentadas ante la legislatura local en 2024.
La propuesta, impulsada por el director del Issstezac, Ignacio Sánchez González —designado por Monreal Ávila—, sostiene que la situación del fondo de pensiones es insostenible y que para cubrir sus pasivos contingentes se requerirían hasta 47 mil millones de pesos, una cifra que supera por mucho la capacidad financiera del gobierno estatal. Para avanzar legalmente hacia una declaración de quiebra, el planteamiento señala que se requiere el aval del consejo de administración del Issstezac, integrado por tres entidades: la propia junta directiva del instituto —presidida por el secretario de Finanzas estatal—, la ASE y la Secretaría de la Función Pública.
La propuesta ha detonando fuertes tensiones políticas y sociales en Zacatecas. Desde 2024, organizaciones de trabajadores activos y jubilados, agrupadas en el Movimiento de Bases en Defensa del Issstezac (MBDI), han impugnado cualquier intento de liquidar el organismo, al considerar que la crisis tiene causas profundas que fueron generadas por décadas de malos manejos y opacidad. Los voceros del movimiento insisten en que antes de pensar en extinguir el instituto debe frenarse lo que llaman el saqueo al fondo de pensiones, particularmente la existencia de una “nómina dorada” con altos salarios y privilegios otorgados por administraciones pasadas. Asimismo, el MBDI ha exigido que se sancione administrativa y penalmente a ex directivos y administradores a quienes la ASE y auditorías privadas han señalado por irregularidades, aunque hasta la fecha no se han materializado castigos.
La crisis del Issstezac no es de reciente data; investigaciones oficiales ponen de manifiesto un crecimiento sostenido del pasivo a lo largo de distintos sexenios. En los años de gobiernos priístas como los de Arturo Romo Gutiérrez y Ricardo Monreal Ávila a fines del siglo XX, el pasivo pasó de decenas de millones a más de 200 millones de pesos. A partir de ahí, las deudas siguieron aumentando bajo administraciones posteriores, con cuestionamientos sobre la gestión financiera y operativa que han marcado la política estatal por años. Voces críticas subrayan que reformas legales implementadas, como la promovida en 2015 bajo el mandato de Miguel Alonso Reyes, no lograron imprimir sostenibilidad al sistema de pensiones y, por el contrario, contribuyeron a un deterioro acumulado cuyo costo político y social se paga hoy.
Este escenario ha colisionado con decisiones recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en enero de 2026 validó ciertas reformas locales destinadas a garantizar la viabilidad financiera del Issstezac, como la reducción del aguinaldo para nuevos pensionados, y al mismo tiempo invalidó dispositivos que condicionaban el cumplimiento de obligaciones del instituto a su capacidad financiera. La corte determinó que aún frente a problemas financieros, corresponde al Estado garantizar el pago de prestaciones, lo que implica que el gobierno estatal no puede evadir la responsabilidad de cubrir compromisos del fondo, aun si está “tronado” financieramente, como lo calificó el propio gobernador Monreal Ávila.
El debate sobre el futuro del Issstezac refleja una confrontación política y social entre distintas visiones: por un lado, el gobierno estatal acusa a administraciones anteriores de haber llevado al instituto al borde del colapso y afirma que sin transformaciones profundas no habrá cómo sostener el sistema de pensiones. Por el otro, sindicatos, trabajadores y organizaciones sociales exigen soluciones que no pasen por la liquidación o debilitamiento de derechos adquiridos, y reclaman mayor transparencia y rendición de cuentas por los actos de corrupción y mala administración que, según ellos, han deteriorado el sistema.
A medida que las negociaciones políticas y sociales continúan, el destino del Issstezac se coloca en el centro de la agenda pública en Zacatecas, no solo como un tema técnico de administración financiera, sino como un símbolo de la gobernanza, la responsabilidad fiscal y la protección de derechos laborales en un estado que enfrenta desafíos económicos y políticos de largo alcance. La manera en que se resuelva esta crisis, ya sea mediante reformas estructurales profundas o mediante mecanismos extraordinarios como la bancarrota técnica, tendrá repercusiones en las finanzas públicas estatales y en la confianza de miles de trabajadores y jubilados que dependen del instituto para su seguridad social y económica.
