La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México presentó ante la Embajada de Estados Unidos la petición formal para que el exgobernador de Tamaulipas sea detenido de forma provisional con miras a su entrega a México para enfrentar la justicia. El trámite derivó directamente de una resolución judicial emitida el 11 de febrero, donde un juez federal en el estado de Tamaulipas determinó no conceder la protección de la justicia (amparo) a García Cabeza de Vaca y a cuatro integrantes de su familia, negándoles frenar el proceso de arresto previsto en su contra.
Las órdenes de captura se basan en acusaciones por delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude fiscal, delitos graves que corresponden tanto al ámbito federal como al penal. En concreto, existen al menos dos órdenes de aprehensión vigentes contra el exmandatario: una originada en octubre de 2022 y otra en febrero de 2024, ambas relacionadas con operaciones ilícitas de recursos y vínculos con organizaciones criminales.
Francisco Javier García Cabeza de Vaca militó en el Partido Acción Nacional (PAN) y gobernó Tamaulipas de 2016 a 2022. Durante y después de su administración, autoridades federales documentaron presuntas irregularidades relacionadas con operaciones financieras ilícitas, uso de empresas fachada y evasión fiscal, además de señalamientos por posibles vínculos con redes de delincuencia organizada. Las investigaciones derivaron en órdenes de aprehensión y en su salida del país, estableciéndose —de acuerdo con reportes oficiales y periodísticos— en Estados Unidos, principalmente en Texas, desde donde habría buscado evadir la acción de la justicia mexicana.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado en varias ocasiones que se active el trámite de extradición debido a que, según investigaciones, el exgobernador habría estado operando desde territorio estadounidense, aunque hasta ahora no hay información pública oficial sobre una detención en suelo norteamericano. La negativa judicial por un juez del Juzgado Séptimo de Distrito en Tamaulipas sobre el amparo permitió que la SRE avanzara con la solicitud diplomática hacia Estados Unidos.
Cabe señalar que, aunque existen ya solicitudes formales de extradición, Estados Unidos aún no ha informado públicamente si procederá o cuándo iniciará el proceso de entrega a las autoridades mexicanas. Las extradiciones de alto perfil entre México y Estados Unidos suelen ser procesos complejos y prolongados, sujetos a revisión judicial y decisiones políticas de ambos países.
El caso de Cabeza de Vaca no es el primero ni el único en el que México ha buscado la extradición de exgobernadores o funcionarios acusados de graves delitos. Históricamente, figuras como César Duarte enfrentaron procesos similares antes de ser detenidos y llevados ante la justicia tras años de procedimientos diplomáticos y legales.
El resultado de la solicitud planteada en febrero de 2026 será observado de cerca por autoridades judiciales, legisladores y actores políticos de ambos lados de la frontera, pues podría establecer antecedentes sobre cómo se manejan casos de corrupción de alto perfil implicando a exmandatarios que residen fuera de México.
El Gobierno de México mantiene activa la solicitud ante Estados Unidos, mientras la defensa del exgobernador ha anticipado que continuará utilizando vías legales para impugnar las órdenes de captura. El desarrollo del caso será clave no solo para el futuro judicial del exmandatario, sino también para la cooperación bilateral en materia de justicia y combate a la corrupción, en un proceso que podría extenderse durante meses y mantenerse bajo fuerte escrutinio público.
Este caso seguirá siendo un tema central en la agenda de seguridad, justicia y política entre México y Estados Unidos en las próximas semanas.
