El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) dictó medidas cautelares contra el senador Gerardo Fernández Noroña por presunta violencia política contra las mujeres en razón de género, en favor de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García. La resolución —emitida dentro de un Procedimiento Especial Sancionador (PES) por Violencia Política en Razón de Género (VPMRG)— ordena al legislador retirar o editar contenidos que el órgano electoral consideró misóginos y abstenerse de realizar actos de hostigamiento o intimidación en contra de la funcionaria pública.
La decisión, comunicada por la Consejera Jurídica del Ayuntamiento de Uruapan, Stephanie Rodríguez, marca un punto de inflexión en la aplicación de la normativa electoral mexicana diseñada para proteger a las mujeres en funciones públicas. Rodríguez destacó que se trata de una medida con sustento técnico y probatorio, subrayando que ni la libertad de expresión ni fuero alguno pueden justificar expresiones que deslegitimen a una mujer en el ejercicio del poder político. Estas expresiones, explicó, no forman parte del debate democrático válido, sino que pueden constituir violencia simbólica y política de género.
Las medidas cautelares emitidas por el IEM establecen con carácter inmediato dos obligaciones para Fernández Noroña: en primer término, suprimir o modificar, en un plazo máximo de 24 horas, los materiales audiovisuales difundidos en sus plataformas que contienen expresiones que la autoridad calificó como misóginas y descalificadoras contra Quiroz; en segundo lugar, abstenerse, ya sea de manera directa o a través de terceros, de realizar actos de hostigamiento, intimidación o molestia en perjuicio de la presidenta municipal. El incumplimiento de estas órdenes podría traer aparejadas sanciones más severas conforme avance el procedimiento.
El origen del conflicto se remonta a una serie de declaraciones y contenidos difundidos por el senador, en los que, tras el asesinato del exalcalde de Uruapan Carlos Alberto Manzo Rodríguez —cuyo homicidio ocurrió el 1 de noviembre de 2025 y cuya investigación sigue activa con recientes detenciones—, se pronunciaba en términos críticos hacia Quiroz, incluso cuestionando su gestión y motivaciones políticas. Estas expresiones, según la denuncia presentada por la alcaldesa y avalada por el IEM para iniciar el PES, traspasan la crítica política legítima para entrar en el terreno de la violencia política por razones de género, un fenómeno que el marco jurídico mexicano tipifica y sanciona específicamente.
En el comunicado del IEM se subraya que la libertad de expresión no ampara conductas que vulneren los derechos político-electorales de las mujeres y que, de confirmarse la violencia política en el fondo del proceso, pueden aplicarse sanciones que van desde amonestaciones hasta multas o la inscripción en el registro de personas sancionadas por violencia política de género.
En su pronunciamiento, la consejera jurídica refrendó el respaldo institucional a Quiroz, insistiendo en que el Poder Legislativo debe fungir como un aliado de los municipios —especialmente en momentos de complejidad en temas de seguridad pública, economía y salud— y no como un espacio para ataques personales que menoscaben la dignidad de las autoridades locales. La resolución, aseguró, fortalece el Estado de Derecho al proteger a una mujer en funciones públicas frente a expresiones que pueden inhibir su pleno ejercicio del cargo.
Por su parte, Fernández Noroña ha replicado —según reportes periodísticos— que sus críticas se dirigen al proyecto político de Quiroz y no a su género, negando que sus expresiones constituyan misoginia. Sin embargo, la resolución cautelar del IEM pone en relieve la creciente importancia de las normas que buscan erradicar la violencia política contra las mujeres, en un contexto político mexicano que ha visto múltiples tensiones entre actores de diferentes niveles de gobierno.
