El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, informó que en el Congreso de la Unión se analiza la posibilidad de convocar a un Periodo Extraordinario de Sesiones para discutir un eventual cambio en la fecha de la elección de las personas juzgadoras, actualmente prevista para 2027 conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El legislador explicó que la discusión no se limita únicamente a modificar el calendario electoral del Poder Judicial, sino que implica revisar diversos factores técnicos, operativos y presupuestales relacionados con la organización del proceso. Señaló que entre los aspectos que deben evaluarse se encuentran la capacidad organizativa del Instituto Nacional Electoral, la logística requerida para desarrollar la elección y los costos que implicaría llevar a cabo este ejercicio inédito.
De acuerdo con lo expresado por Mier Velazco, la posibilidad de aplazar la elección judicial ha sido planteada en distintos espacios de deliberación política y jurídica. Indicó que el tema ha sido comentado tanto por magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como por senadoras, senadores, diputadas y diputados federales, quienes han manifestado la necesidad de revisar las condiciones bajo las cuales podría realizarse la elección de integrantes del Poder Judicial.
La eventual modificación de la fecha requeriría un proceso legislativo que contemple reformas o ajustes al marco constitucional vigente, debido a que la elección judicial quedó establecida para el próximo año como parte de la reforma constitucional impulsada para transformar el sistema de designación de jueces, magistrados y ministros. Por ello, el coordinador parlamentario sostuvo que cualquier decisión deberá construirse mediante acuerdos políticos y con un análisis técnico detallado.
El legislador insistió en que la organización de una elección judicial nacional representa un reto operativo de gran dimensión para el Instituto Nacional Electoral, particularmente por el número de cargos que estarían en disputa y por la necesidad de diseñar mecanismos de votación específicos. Añadió que también se debe considerar el impacto financiero que tendría el proceso en un contexto de restricciones presupuestales y de ajustes al gasto público.
