El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, decidió no acudir a la sesión de la Comisión Permanente del Congreso en un contexto marcado por acusaciones del gobierno de Estados Unidos que lo vinculan con el crimen organizado, así como por la presión política para que solicite licencia y enfrente las investigaciones.
A través de un mensaje difundido en su cuenta de X, el legislador justificó su ausencia con un argumento político, al señalar que no se prestará a confrontaciones en el recinto parlamentario. “Mi rectitud y mi veracidad me imponen comunicar que no acudiré este día a la sesión de la Comisión Permanente. La razón: no le ofreceré ocasión a personeros de la derecha conservadora, de que, so pretexto, hagan de la sesión un espectáculo indigno del recinto parlamentario”, escribió. En el mismo posicionamiento, sostuvo que permanece en Sinaloa “a ras de suelo y con la frente en alto”.
La decisión ocurre días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera públicas acusaciones contra Inzunza y otros funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, en particular con la facción conocida como “Los Chapitos”, lo que ha derivado en una crisis política de alcance binacional.
De acuerdo con las imputaciones reveladas por fiscales federales estadounidenses, el senador habría participado en una red de colaboración con el grupo criminal que incluía protección institucional y facilidades para el tráfico de drogas, delitos que en ese país contemplan penas severas.
En México, las acusaciones detonaron una oleada de exigencias desde la oposición y distintos sectores para que Inzunza se separe del cargo y permita el desarrollo de las investigaciones sin el fuero constitucional que lo protege como legislador. Sin embargo, el propio senador ha reiterado públicamente que no pedirá licencia, al considerar que los señalamientos son falsos y forman parte de una ofensiva política en su contra.
La ausencia en la Comisión Permanente se suma a otros episodios recientes que han evidenciado su distanciamiento de la actividad legislativa. Reportes indican que el legislador ha dejado de asistir a su oficina en el Senado desde que se hicieron públicas las acusaciones, pese a que inicialmente había asegurado que continuaría con sus funciones.
El caso de Inzunza se inscribe en un contexto más amplio que involucra a otros funcionarios de Sinaloa, incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, también señalado por autoridades estadounidenses en la misma investigación. Este escenario ha intensificado el debate sobre la relación entre estructuras políticas locales y el crimen organizado, así como sobre la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y justicia.
Mientras tanto, el senador mantiene su postura de no separarse del cargo ni acudir a la sesión legislativa, en una decisión que profundiza la tensión política en el Senado y mantiene abierto un frente de cuestionamientos sobre su situación legal y su permanencia en la vida pública.
