En la Cámara de Diputados se abrió un nuevo frente de discusión en torno a la pirotecnia y sus impactos en la seguridad pública, la salud y el entorno ambiental. Las diputadas Laura Iraís Ballesteros Mancilla e Iraís Virginia Reyes De la Torre, así como el diputado Miguel Ángel Sánchez Rivera, integrantes del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentaron una iniciativa para reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos con el objetivo de prohibir de manera expresa la producción o fabricación, manipulación, uso y comercialización de artículos pirotécnicos, fuegos artificiales o municiones que contengan fósforo blanco.
La propuesta parte de un diagnóstico que reconoce la persistencia de accidentes graves asociados a la pirotecnia en México, así como la limitada regulación y supervisión en las distintas etapas de su cadena productiva. En ese contexto, la iniciativa no sólo plantea la prohibición del fósforo blanco, sino también la incorporación de criterios más estrictos para el diseño, fabricación y distribución de artificios pirotécnicos, los cuales deberán cumplir estándares definidos por la Secretaría de la Defensa Nacional que garanticen la mínima exposición a riesgos para la vida y la salud humana, así como la protección del medio ambiente y de la propiedad.
El proyecto legislativo establece que los fuegos artificiales deberán producirse bajo técnicas que reduzcan los riesgos inherentes a su elaboración y uso, y que minimicen los impactos ambientales derivados de su detonación. Además, se propone que los artificios cuenten en su empaque con el número de permiso del laboratorio que los fabricó, como un mecanismo de trazabilidad y control que permita identificar con claridad el origen de estos productos y fortalecer la vigilancia de la autoridad.
En la exposición de motivos, los legisladores subrayan que el uso de pirotecnia representa un riesgo real no sólo para las personas que la manipulan o se encuentran cerca de su detonación, sino también para los animales y los ecosistemas. Retoman información de la Organización Mundial de la Salud, que advierte que los fuegos artificiales liberan gases contaminantes, entre ellos monóxido de carbono, los cuales deterioran la atmósfera y pueden permanecer en el aire entre dos y tres días antes de disiparse.
De acuerdo con la misma organización, el fósforo blanco es una sustancia altamente peligrosa que se utiliza principalmente en aplicaciones militares y en algunos procesos industriales, como la producción de ácido fosfórico y fosfatos. Aunque su uso como rodenticida o en fuegos artificiales ha disminuido con el tiempo, su presencia en ciertos productos pirotécnicos sigue representando un foco de riesgo significativo. La exposición al fósforo blanco, señalan los promoventes de la iniciativa, es peligrosa por cualquier vía, ya sea ingestión, inhalación o contacto con la piel o las mucosas, ya que provoca quemaduras profundas con efectos térmicos y químicos, puede penetrar los tejidos y alcanzar incluso los huesos.
El diagnóstico legislativo se apoya también en datos oficiales sobre incidentes relacionados con sustancias peligrosas. Con base en la base de datos elaborada a partir de información del Centro Nacional de Comunicación y Operación, la pirotecnia ocupa el segundo lugar como causa de accidentes en el país. Entre 2003 y 2021 se registraron 649 sucesos vinculados con estos materiales, siendo 2019 y 2021 los años con mayor incidencia, con 84 accidentes cada uno, seguidos de 2020 con 64 y de 2017 con 60 casos documentados.
Los legisladores destacan que la mayor parte de estos accidentes ocurre durante la etapa de fabricación, especialmente en talleres clandestinos que operan sin autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional. Este tipo de establecimientos concentra el 40.8 por ciento de los casos registrados, mientras que los talleres debidamente autorizados representan apenas el 11.6 por ciento de los incidentes. A ello se suman los accidentes asociados al almacenamiento, uso y transporte de pirotecnia, ya que el 13.1 por ciento ocurre en viviendas donde se guarda este material, el 12.5 por ciento en eventos masivos como celebraciones religiosas, y otros más en la vía pública, principalmente durante traslados o peregrinaciones.
Para los promoventes de la reforma, estas cifras evidencian la necesidad de actualizar el marco normativo en materia de pirotecnia, con el fin de reducir los riesgos sin desconocer el arraigo cultural de estas prácticas en distintas regiones del país. En ese sentido, la iniciativa plantea que México requiere una regulación nueva que permita preservar las tradiciones festivas, pero bajo condiciones que no pongan en peligro a las comunidades ni al medio ambiente.
La propuesta legislativa, que fue turnada a la Comisión de Defensa Nacional para su análisis y dictaminación, contempla modificaciones a los artículos 41 Bis y 41 Ter de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. De prosperar, marcaría un cambio relevante en la política de control de la pirotecnia, al establecer límites claros al uso de sustancias altamente peligrosas como el fósforo blanco y al reforzar la responsabilidad del Estado en la supervisión de una actividad que, año tras año, cobra vidas y deja pérdidas materiales considerables.
