El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2026 ha desatado una mezcla de confusión, incertidumbre y críticas entre especialistas del sector. Aunque el documento oficial fue aprobado y publicado recientemente, su estructura no refleja la nueva organización interna de la Secretaría de Cultura, lo que ha dejado a unidades recientemente creadas sin un peso asignado y a otras que fueron eliminadas del reglamento con partidas presupuestales vigentes, en lo que expertos califican como un “desorden” que podría limitar gravemente la implementación de las políticas culturales planteadas por la administración federal.
La controversia nace de un desfase temporal: el nuevo reglamento interior de la Secretaría de Cultura, publicado el 22 de julio de 2025, no fue contemplado al momento de formular el paquete de trabajo presupuestario que se entrega previamente cada año fiscal a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP). El resultado es que el PEF 2026 sigue basándose en la estructura administrativa que estaba vigente desde 2016, y por ende incluye asignaciones para unidades que ya no existen en la nueva configuración.
Carlos Lara, especialista en derechos culturales, señala que la paradoja más visible se presenta en la Subsecretaría de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura: después de años sin titular, aparece con una asignación de 738.9 millones de pesos, a pesar de estar eliminada de la estructura vigente. Para Lara, esto resume “el desorden entre lo que se aprobó y la reestructuración”, una falta de sincronización que, a juicio de muchos analistas, no solo es técnica sino política.
El consultor en políticas culturales Carlos Villaseñor, integrante del Grupo de Expertos de la UNESCO en gobernanza cultural, advierte que las unidades previstas en el nuevo reglamento —ideadas para darle un nuevo rumbo a la política cultural nacional— terminarán por no operar plenamente si no se reasignan recursos. A su juicio, la lógica de política pública presentada en la reforma reglamentaria queda “pospuesta” por el hecho de que el presupuesto no contempla recursos para esas unidades, mientras sí mantiene partidas para órganos que oficialmente quedaron fuera de la estructura.
Entre los ejemplos de esta incoherencia están la presencia en el PEF de la Dirección General de Festivales, pero no de la Dirección General de Circuitos y Festivales, o la inclusión de la Dirección de la Fonoteca y la de Tecnologías de la Información y Comunicación, ambas eliminadas en el nuevo reglamento. La situación ha generado incluso cuestionamientos prácticos: expertos se preguntan qué implicaría publicitar actividades de unidades inexistentes, pues podría suponer incluso una “infracción” administrativa o legal.
La llave para corregir esta aparente anomalía estaría en una coordinación entre la Secretaría de Cultura, la SCHP y la Cámara de Diputados para reorientar los recursos. Villaseñor incluso especifica cifras: de los 15 mil 82 millones de pesos asignados al rubro cultural en el PEF 2026, alrededor de 1 mil 930 millones corresponden a unidades desaparecidas bajo la nueva normativa. Reasignar esos recursos a las unidades vigentes permitiría, en teoría, que estas últimas cuenten con gasto autorizado sin variar el monto global aprobado.
La discusión técnica sobre la reorientación del presupuesto expone una debilidad más profunda en el diseño de las políticas culturales: la persistencia de líneas de gasto que fueron formuladas bajo la antigua administración y que se mantienen con pocos cambios, incluso cuando el discurso oficial ha puesto énfasis en un giro hacia nuevas prioridades culturales. Los expertos apuntan que los incrementos presupuestales, cuando existen, son marginales y no corresponden a una estrategia clara de fortalecimiento de áreas emergentes, como la educación artística universal o proyectos comunitarios.
Asimismo, algunas de las instituciones culturales más emblemáticas del país se enfrentan a una realidad presupuestaria complicada. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), por ejemplo, terminarían con recursos netamente menores que en 2025, incluso después de reasignaciones legislativas. Esta caída financiera amenaza programas de conservación, educación y operación de espacios culturales, lo que podría tener efectos a largo plazo en el tejido cultural nacional.
Para sectores de la comunidad cultural, esta asignación refleja una tendencia más amplia de subinversión en cultura en México, donde el gasto público dedicado a esta área ha sido históricamente bajo en comparación con otras naciones, y en muchos casos inferior al ritmo de crecimiento del PIB cultural. Diversos colectivos han advertido que sin un presupuesto fuerte y coherente, programas clave para la preservación del patrimonio, la creación artística y la inclusión cultural seguirán enfrentando limitaciones significativas.
En suma, el debate sobre el presupuesto cultural 2026 no es únicamente contable ni técnico: refleja tensiones más profundas sobre la prioridad que el Estado otorga a la cultura y la forma en que entiende su política pública cultural. La exigencia para una reordenación presupuestaria coordinada con Hacienda no solo busca corregir errores administrativos, sino garantizar que las nuevas estructuras y políticas previstas tengan los recursos necesarios para operar y cumplir con las expectativas que generaron cuando fueron concebidas.
