La deuda pública de México ha escalado de forma acelerada, pasando de representar el 43.3 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2019 a un estimado de 52.3 % para 2025, señaló la Comisión Independiente para la Igualdad con Justicia Fiscal (Cijuf). Este incremento de nueve puntos porcentuales en tan solo seis años plantea retos serios para la capacidad del Estado de financiar sus obligaciones sin comprometer los derechos sociales, la inversión pública o la estabilidad macroeconómica.
Detrás de ese porcentaje residen varias dinámicas preocupantes. En primer lugar, el llamado “Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público” (SHRFSP), la medición más amplia de la deuda pública del país, fue revisado al alza por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para este año, colocándose precisamente en ese 52.3 % del PIB. La cifra es inédita, al superar incluso los niveles vistos durante los momentos más agudos de crisis económica de los últimos años.
Esta evolución no se da en un contexto de bonanza económica que permita absorberla con facilidad. Si bien los ingresos tributarios han aumentado (según analistas), el costo de la deuda —esto es, los intereses y amortizaciones— ha comenzado a hoganizarse en el gasto público, reduciendo el “espacio fiscal” para otros rubros. Un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) advierte que más allá de la relación deuda/PIB, deben analizarse indicadores como deuda versus ingresos presupuestarios y deuda per cápita, dado que la carga financiera real empieza a mostrarse más compleja.
La CIJUF enfatiza que aproximadamente el 80 % del gasto neto del sector público se encuentra comprometido en partidas rígidas como pensiones, pago de deuda, transferencias federales y subsidiarias de empresas públicas. Esta rigidez implica que la administración federal tendrá muy poco margen de maniobra para responder a nuevos choques —económicos, sanitarios o de infraestructura— sin incurrir en mayor endeudamiento o recortes drásticos.
Para 2026, el panorama pinta aún más exigente. El “Paquete Económico 2026” contempla un presupuesto que exige financiamiento adicional, mientras la deuda proyectada permanece en ese nivel histórico de 52.3 % del PIB. El riesgo que subrayan los especialistas es que la deuda continúe creciendo o que, aunque se estabilice, el servicio de la misma siga consumiendo recursos que podrían emplearse en salud, educación, infraestructura o inversión productiva.
El reto no es únicamente cuantitativo. La naturaleza del endeudamiento importa: la persistencia de déficits primarios (gastos superiores a ingresos antes del pago de intereses), presiones en las finanzas públicas locales, la incertidumbre internacional respecto a tasas de interés y tipo de cambio, y la menor capacidad de crecimiento económico implican que la ruta de “más deuda para financiar más gasto” se vuelve cada vez menos viable. El CIEP advierte que la aparente estabilidad de la relación deuda/PIB puede resultar engañosa si el crecimiento real del PIB, la recaudación y la carga financiera adquieren dinámicas adversas.
En definitiva, México se encuentra ante una encrucijada: el endeudamiento público ha subido a niveles que, aunque aún catalogados como “manejables” por algunos, ya no pueden considerarse sin riesgo —especialmente si el crecimiento económico se estanca, los ingresos no crecen lo suficiente o el servicio de la deuda se encarece. La pregunta que queda para el ámbito político y económico es si se está dispuesto a tomar las decisiones necesarias para evitar cargar a las futuras generaciones con la factura de hoy.
