En medio de un entorno internacional marcado por tensiones comerciales, desaceleración económica y volatilidad financiera, la economía mexicana ha logrado mantener estabilidad gracias a la solidez de sus fundamentos macroeconómicos. Así lo sostiene el más reciente Estudio Económico sobre México de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que proyecta una recuperación gradual del crecimiento en los próximos dos años, al tiempo que advierte sobre la necesidad de mantener la disciplina fiscal y emprender reformas estructurales que fortalezcan la productividad y reduzcan la informalidad.
De acuerdo con el organismo internacional, el Producto Interno Bruto crecerá 1.4 por ciento en 2026 y 1.7 por ciento en 2027, tras un avance estimado de apenas 0.7 por ciento en 2025. Aunque las cifras reflejan un desempeño moderado, la OCDE subraya que la resiliencia de México se explica por una política macroeconómica prudente, un sistema financiero sólido y una banca central comprometida con la estabilidad de precios.
En materia inflacionaria, el informe prevé que el índice general se reduzca a 3.6 por ciento en 2026 y a 3.2 por ciento en 2027, acercándose al objetivo permanente del 3 por ciento fijado por el Banco de México. Esta convergencia, apunta el estudio, consolidaría el proceso de desinflación tras los episodios de presión registrados en años recientes.

Durante la presentación del informe en Ciudad de México, el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, destacó que México cuenta con un historial acreditado de finanzas públicas saneadas y subrayó la importancia de mantener la consolidación fiscal en curso. El funcionario afirmó que reforzar la eficiencia del gasto es indispensable para preservar el margen fiscal necesario para inversiones estratégicas en educación y digitalización. Acompañado por el secretario de Hacienda, Edgar Amador, Cormann señaló que el país necesita reformas ambiciosas que sienten las bases de un crecimiento más sólido y resiliente en el largo plazo.
El organismo advierte que, tras el elevado déficit registrado en 2024, México requiere una consolidación fiscal gradual y sostenida que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas y reconstruya los márgenes de maniobra presupuestal. Para ello propone un gasto mejor focalizado, optimización de los ingresos y un enfoque más estratégico en la planeación presupuestaria, respaldado por un marco fiscal de mediano plazo más robusto y un uso sistemático de revisiones del gasto y análisis costo-beneficio.
La OCDE pone especial énfasis en el potencial transformador de la digitalización. Sostiene que un entorno regulatorio que fomente la competencia en el sector de telecomunicaciones y garantice la independencia del regulador es clave para acelerar la inversión, ampliar la cobertura y elevar la productividad. Asimismo, recomienda avanzar en la agenda de gobierno digital para mejorar la prestación de servicios públicos y estimular la innovación.

En el frente laboral, el informe identifica la elevada informalidad como uno de los principales obstáculos estructurales. Más de la mitad del empleo en México permanece fuera del sector formal, lo que limita la productividad, reduce la base tributaria y restringe el acceso a derechos laborales y seguridad social. El estudio establece un vínculo directo entre bajos niveles educativos y empleo informal, por lo que propone fortalecer la permanencia escolar hasta al menos la educación secundaria y elevar la calidad del sistema educativo. También plantea mejorar la articulación entre el sistema educativo y las necesidades del mercado laboral para reducir los desajustes de habilidades y facilitar el acceso a empleos formales de mayor productividad. La ampliación de servicios de cuidado infantil y de atención a personas mayores aparece como una medida clave para incrementar la participación femenina en el empleo formal.
El capítulo ambiental del informe subraya la alta vulnerabilidad de México frente al cambio climático y la urgencia de adoptar un plan nacional integral de adaptación que fortalezca la capacidad de respuesta ante fenómenos extremos. La OCDE también recomienda mejorar la información sobre disponibilidad y uso del agua para garantizar un acceso sostenible para hogares y empresas. En el sector energético, considera indispensable incrementar sustancialmente la inversión privada bajo un marco regulatorio claro y estable que ofrezca certidumbre de largo plazo. Ello permitiría avanzar hacia la meta nacional de que 38.5 por ciento del suministro eléctrico provenga de fuentes limpias en 2030, además de impulsar la modernización y ampliación de la red eléctrica para atender la creciente demanda.
El organismo adelantó que el próximo 27 de febrero publicará un estudio específico sobre el desarrollo del ecosistema de semiconductores en México, en el que analizará la estructura de mercado del sector, sus fortalezas y oportunidades, así como las prioridades de política pública necesarias para consolidar esta industria estratégica en el contexto de la reconfiguración de cadenas globales de suministro.
El mensaje central del informe es claro: México ha mostrado capacidad de resistencia ante un entorno global adverso, pero la estabilidad macroeconómica, por sí sola, no garantiza un crecimiento robusto y sostenido. La consolidación fiscal, la transformación digital, la reducción de la informalidad y la adaptación climática son, para la OCDE, las piezas fundamentales de una agenda que definirá la competitividad del país en la próxima década.