En un contexto de crecientes tensiones entre el Gobierno de México y uno de los empresarios más emblemáticos del país, Ricardo B. Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, emitió una declaración pública en respuesta a las recientes afirmaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre las obligaciones fiscales del conglomerado empresarial y las interpretaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Lo que parecía un intercambio de declaraciones puntual entre el Ejecutivo federal y el magnate ha evolucionado en un capítulo clave de la discusión pública sobre Estado de derecho, fiscalización y certidumbre jurídica en México.
La respuesta de Salinas Pliego, difundida a través de sus redes sociales, busca cerrar un capítulo de confrontación que se ha extendido por más de una década en torno al cálculo de adeudos fiscales que, según Grupo Salinas, se encuentran sujetos a interpretaciones divergentes y dilaciones procesales dentro del sistema judicial. En su pronunciamiento, el empresario afirma que la voluntad de su grupo ha sido siempre cumplir con las obligaciones fiscales que legítimamente les correspondan, lo que, sostiene, se refleja en la entrega de más de 285 mil millones de pesos al fisco durante el periodo que comprende esta disputa, cifras que según él ilustran una disposición constante a cumplir con la ley.
La disputa central, sin embargo, no es la voluntad general de pago, sino las diferencias sobre las pérdidas fiscales correspondientes a los ejercicios de 2008 a 2013 que, sostiene Salinas Pliego, fueron declaradas improcedentes por instancias judiciales y que derivan en recargos y actualizaciones cuestionados por su equipo legal por proceder de interpretaciones administrativas que, a su juicio, generaron confusión y llevaron al litigio mismo. Concretamente, el empresario exige que el SAT precise por escrito los fundamentos de la cifra que el organismo señala como adeudo de aproximadamente 31 mil millones de pesos y que entregue un desglose detallado y transparente de los cálculos respectivos, para que, solo con base en datos claros, legales y verificables, se pueda alcanzar una solución que dé certeza jurídica a todas las partes.
Este pronunciamiento de Salinas Pliego surge tras una serie de declaraciones de la presidenta Sheinbaum, quien ha insistido que el pago de estos créditos fiscales no requiere de acuerdos previos o mesas técnicas, y que, de hecho, el propio Grupo Salinas puede acudir en cualquier momento a liquidar lo que se les exige —incluso solicitando la línea de captura correspondiente— sin necesidad de negociaciones “en lo oscurito”. Para Sheinbaum, el tema es estrictamente jurídico y fiscal, no político, y se ha referido en diversas ocasiones a que “hoy pueden pagar” y que existe estado de derecho dentro del proceso que ha transitado por tribunales y finalmente llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ha ratificado la validez de los créditos impulsados por el SAT.
La mandataria también ha señalado que no se llegó a ningún acuerdo formal con la administración anterior —bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador— en torno a estos adeudos, rechazando las afirmaciones de Salinas Pliego sobre supuestos pactos fiscales alcanzados previamente, y recalcando que los impuestos objeto de discusión corresponden a ejercicios que datan de administraciones pasadas.
El empresario, por su parte, insiste en que solo a partir de un documento oficial del SAT y de una explicación jurídica detallada será posible depurar diferencias y cerrar de manera definitiva este conflicto que ha generado no solo pronunciamientos públicos, sino también preocupación en algunos sectores por las implicaciones que un enfrentamiento prolongado entre poder económico y poder público pueda tener sobre la percepción del Estado de derecho en México.
Este episodio se desarrolla en un momento en que la discusión sobre la relación entre grandes grupos empresariales y el Estado mexicano está bajo escrutinio tanto en el plano nacional como internacional. El llamado de Salinas Pliego a una salida institucional y transparente pone sobre la mesa no solo las cantidades en disputa, sino la necesidad de certidumbre jurídica, un principio que, tanto el gobierno como la iniciativa privada, han invocado en distintos momentos de este prolongado pulso fiscal.
Así, mientras el Gobierno federal insiste en la aplicación estricta de la ley y en que los procesos están encaminados a una resolución conforme a derecho, el empresario llama a fortalecer la transparencia y una interpretación jurídica que dé claridad al entramado fiscal y judicial que ha marcado este conflicto de alto perfil. El debate, en sus términos actuales, parece a la espera de que, en el primer mes del año próximo, el SAT precise los elementos que fundamentan los montos reclamados, allanando —según Salinas Pliego— el camino hacia una solución que ambos lados afirman buscar: justicia, legalidad y certidumbre.
