Lo que comenzó como una protesta reducida hace apenas días se ha transformado en una de las mayores movilizaciones cívicas en la capital lituana en los últimos años, con miles de personas congregadas frente al Parlamento, el Seimas, y en los alrededores de edificios gubernamentales para denunciar una ofensiva legislativa que, a juicio de la sociedad civil, representa una amenaza directa a la independencia de los medios públicos y, por extensión, a la libertad de expresión en el país. Las manifestaciones se producen en un contexto de fuerte tensión política, mientras la coalición gobernante, integrada por socialdemócratas, la Unión de Campesinos y Verdes y el partido populista Amanecer de Nemunas, impulsa cambios profundos en la ley que regula la radiodifusora pública LRT (Lithuanian National Radio and Television), un pilar tradicional de la esfera mediática en Lituania.
La gota que colmó la paciencia de buena parte de la ciudadanía fue la aprobación en primera lectura, bajo procedimiento acelerado, de una enmienda que facilita la destitución del director general de LRT: la propuesta reduce la exigencia de una mayoría cualificada de dos tercios de los miembros del consejo supervisor para destituir a su máximo responsable, permitiendo su remoción con una simple mayoría en votación secreta, y amplia las causales en las que se puede proceder a esa destitución. Si se aprueba en los términos deseados por el Ejecutivo, la dirección de LRT quedaría mucho más expuesta a los vaivenes políticos de cada nueva mayoría parlamentaria, según advierten críticos tanto dentro como fuera del país.
La respuesta en las calles ha sido masiva y persistente. Organizaciones de periodistas, estudiantes, sindicatos y activistas han convertido la céntrica Independence Square en un espacio de protesta permanente durante varios días consecutivos, con concentraciones que los organizadores estiman en decenas de miles de participantes y que el Seimas LRT, la propia radiodifusora pública, cifra en alrededor de 10 000 personas en las principales jornadas. Muchos de los presentes portan pancartas con consignas como “Hands off free speech” (“Manos fuera de la libertad de expresión”) y llaman a defender no solo a LRT, sino los principios democráticos fundamentales que consideran en riesgo.
No se trata únicamente de una reacción visceral al texto de la ley: la ira ciudadana refleja una profunda desconfianza hacia la clase política y sus procedimientos. Más de 143 000 personas han firmado una petición en línea en contra de las reformas, la más numerosa registrada hasta la fecha en Lituania, señal de que la indignación trasciende los círculos periodísticos y se filtra en capas amplias de la sociedad. Los manifestantes alertan que el cambio no solo facilita la destitución de la actual directora de LRT, Monika Garbačiauskaitė-Budrienė, sino que sienta un precedente peligroso donde los medios financiados con fondos públicos podrían convertirse en meros instrumentos al servicio del poder de turno.
Desde el Gobierno se defienden las reformas argumentando que buscan modernizar y hacer más “responsable” la gestión de LRT, alegando fallos en auditorías y deficiencias en la gestión que, según sus portavoces, justifican la flexibilización de los mecanismos de supervisión. Las autoridades insisten en que no existe ningún plan para controlar editorialmente a LRT y que los cambios están, en última instancia, en consonancia con la necesidad de alinear la ley con prácticas contemporáneas de gobernanza. Sin embargo, estas explicaciones no han disipado las sospechas en una opinión pública desencantada.
La situación ha captado atención más allá de las fronteras lituanas. La Unión Europea y organizaciones como la Unión Europea de Radiodifusión han instado a la ralentización del proceso legislativo y a abrir un diálogo más amplio con la sociedad civil, señalando que la independencia de los medios públicos está consagrada en los estándares democráticos europeos y que cambios precipitadamente adoptados podrían vulnerar esos principios.
Hasta ahora las protestas han transcurrido de manera mayoritariamente pacífica, aunque con una fuerte presencia policial y un ambiente de creciente frustración. Jóvenes y estudiantes han llevado la protesta más allá del simple grito, realizando actos simbólicos como la colocación de una “crisis” fúnebre en señal de luto por lo que denominan la “muerte” de la confianza pública en las instituciones.
En un país que se erige como uno de los más firmes defensores de la Unión Europea en Europa del Este, la crisis de Vilnius deja al desnudo una tensión latente entre la ortodoxia proeuropea de las élites políticas y las percepciones de amplios sectores de la sociedad, que ven cada vez más decisiones tomadas sin consulta pública y con efectos de largo alcance sobre las libertades fundamentales. La movilización no da señales de amainar, y los líderes de la protesta han advertido que continuarán hasta que el proyecto de ley sea retirado o sometido a una consulta pública amplia. La capital lituana, más que enardecida, está impugnando una reforma que muchos consideran un punto de inflexión para la democracia del país.
