La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma que busca ampliar la participación del sector privado en proyectos de infraestructura estratégica mediante nuevos esquemas de inversión, con el objetivo de acelerar obras prioritarias sin que el Estado pierda la conducción de los mismos.
El documento, de 149 páginas, plantea la expedición de una nueva legislación denominada Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, además de modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La propuesta se inscribe en un contexto donde el gobierno federal reconoce que los marcos normativos actuales, como la Ley de Asociaciones Público-Privadas y la Ley de Obras Públicas, resultan insuficientes para cubrir de manera integral los modelos modernos de financiamiento y coinversión requeridos en sectores clave.
La iniciativa abre la posibilidad de que capital privado participe en obras de carreteras, trenes, puertos, energía, agua y desarrollo urbano, así como en proyectos vinculados con medio ambiente, sostenibilidad, turismo, parques industriales, salud, educación y tecnología. El eje central de la propuesta es la creación de los llamados “vehículos de coordinación en inversiones”, figuras jurídicas y financieras diseñadas para canalizar recursos mediante esquemas de inversión directa, indirecta o mixta.
De acuerdo con el planteamiento del Ejecutivo, estos vehículos podrán constituirse como sociedades anónimas, fideicomisos o instrumentos bursátiles, lo que permitiría estructurar proyectos con mayor flexibilidad financiera. En ellos participarían de forma conjunta los sectores público, privado y social, bajo mecanismos de coordinación que buscan equilibrar la atracción de capital con la rectoría del Estado.
En la exposición de motivos, Sheinbaum sostiene que la inclusión de la inversión privada como mecanismo de colaboración permitirá acelerar la ejecución de proyectos prioritarios, ampliar la capacidad financiera del país y atender de forma más eficaz las necesidades colectivas. Subraya que este modelo no implica una cesión de control, sino una estrategia para complementar los recursos públicos en áreas donde la demanda de infraestructura supera la disponibilidad presupuestaria.
La iniciativa también contempla esquemas de participación mixta mediante contratos de largo plazo y coinversión, así como mecanismos sectoriales específicos que faciliten la implementación de proyectos. Como respaldo financiero, se prevé el uso de instrumentos públicos como el Fondo Nacional de Infraestructura, con el fin de reducir riesgos para los inversionistas y detonar mayores flujos de capital hacia obras estratégicas.
El planteamiento será analizado en San Lázaro en las próximas semanas, donde legisladores deberán evaluar el alcance de las nuevas figuras propuestas y su impacto en el modelo de desarrollo impulsado por la actual administración. La discusión se anticipa relevante, dado que la iniciativa redefine el papel de la inversión privada en sectores históricamente considerados prioritarios para el Estado mexicano.
