Después de más de una década de disputas legales, la empresa Uber logró este lunes un triunfo que marca un antes y un después en la movilidad por aplicación en México. Una jueza federal concedió una suspensión definitiva que permite a los conductores de la plataforma recoger y dejar pasajeros en los más de 70 aeropuertos federales del país sin riesgo de detención por parte de la Guardia Nacional.
La resolución fue emitida por la Jueza Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa, quien estableció que los conductores con viaje activo mediante Uber que ingresen a la zona federal de los aeropuertos ya no pueden ser objeto de detención mientras se resuelve el juicio de amparo interpuesto por la empresa. En palabras de Uber, “es ilegal detener a los conductores que realizan viajes a través de la plataforma cuando se encuentran dejando o recogiendo usuarios en los aeropuertos de México”.
La medida aplicará para todos los aeropuertos federales del país y entra en vigor de inmediato, abriendo un nuevo escenario de regulación para este tipo de servicios de transporte.
En los hechos, lo que antes era terreno disputado —una zona históricamente reservada para taxis concesionados y bajo regulación estricta— ahora se abre para los vehículos que trabajan mediante plataformas digitales. Desde 2022, conductores de Uber y otras apps enfrentaban multas por recoger pasaje dentro de aeropuertos. Esta situación generaba atrasos, confusión entre los usuarios y quejas recurrentes, especialmente en terminales de alto tráfico como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Para Uber, este fallo constituye una victoria estratégica. Además de eliminar un obstáculo operativo significativo, la empresa enfatizó que la decisión tiene relevancia en vista del Copa Mundial de la FIFA 2026, ya que México será sede de varios partidos y se esperan millones de visitantes. “Es de suma importancia que mostremos nuestra mejor cara a los millones de turistas que recibiremos”, afirma la plataforma en su comunicado
Pero el impacto no es únicamente simbólico ni comercial: la resolución abre preguntas legislativas, regulatorias y de equidad. Uber hizo un llamado al Congreso de la Unión para que haya una ley que regule claramente el acceso de plataformas digitales a espacios federales, como los aeropuertos, con el fin de “eficientar la movilidad” y fortalecer el “ecosistema turístico” nacional.
Por su parte, los taxistas tradicionales y sindicatos del sector ven en este fallo un nuevo impulso a la competencia —que califican de desigual— pues argumentan que las plataformas operan bajo modelos de negocio distintos, sin cumplir siempre los mismos requisitos que los taxis concesionados. En varias terminales aeroportuarias se han documentado enfrentamientos entre taxistas convencionales y conductores de aplicación.
La decisión plantea una doble dimensión: por un lado, beneficia al usuario con mayor libertad de elección y posibilidad de conexión directa desde los aeropuertos; por otro, plantea retos para las autoridades en términos de supervisión, seguridad, cumplimiento de seguros y responsabilidades en zonas federales. La suspensión es provisional —vigente mientras se resuelve el amparo— lo que significa que no aborda aún una reforma normativa definitiva.
En su comunicado oficial, Uber sostuvo que confía en que la suspensión se consolide en una resolución final. Mientras tanto, el camino queda allanado para que los conductores de la plataforma operen con mayor certeza jurídica en terminales aéreas de todo el país, un escenario que hace apenas días era impensable.
Este episodio representa un giro importante en la regulación del transporte por aplicación y marca un precedente para otros servicios similares en Colombia, Brasil y Latinoamérica, donde las plataformas también enfrentan barreras de acceso en aeropuertos y zonas federales.
La batalla legal de Uber concluye por ahora con un triunfo que puede reconfigurar la competencia en el sector de movilidad urbana, al tiempo que pone sobre la mesa la urgencia de legislar con claridad el futuro de los servicios por aplicación en entornos federales, donde confluyen movilidad, turismo, seguridad regulatoria y derechos de los usuarios.
