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Sin ciencia libre no hay democracia: Soledad García Muñoz reivindica la libertad académica como pilar de sociedades democráticas

La defensa de la libertad académica y la autonomía universitaria como condiciones indispensables para la vida democrática fue el eje central del mensaje de Soledad García Muñoz, quien afirmó que sin una ciencia libre no es posible sostener democracias sólidas ni sociedades capaces de enfrentar sus desafíos con pensamiento crítico e información verificable
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La defensa de la libertad académica y la autonomía universitaria como condiciones indispensables para la vida democrática fue el eje central del mensaje de Soledad García Muñoz, quien afirmó que sin una ciencia libre no es posible sostener democracias sólidas ni sociedades capaces de enfrentar sus desafíos con pensamiento crítico e información verificable.

Durante la conferencia “Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria”, organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la exrelatora especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos subrayó que la libertad académica protege el pensamiento independiente y garantiza la investigación sin interferencias. En ese sentido, advirtió que resguardar este derecho implica también preservar el conocimiento como un bien público esencial para la vida democrática.

García Muñoz sostuvo que en el contexto actual, caracterizado por tensiones políticas y sociales en diversas regiones, la libertad académica y la autonomía universitaria enfrentan desafíos crecientes, pero al mismo tiempo se vuelven más necesarias que nunca. Señaló que ambas están directamente vinculadas con la construcción de sociedades democráticas, sostenibles y seguras, en la medida en que permiten el desarrollo de ideas críticas, el análisis informado y la deliberación pública.

En su intervención, destacó que América Latina posee una tradición universitaria marcada por la producción de conocimiento científico y crítico, así como por su papel en la formación de ciudadanía y en los procesos de transformación social. No obstante, reconoció que esta historia también ha estado atravesada por tensiones entre el conocimiento, el poder y la democracia, lo que refuerza la relevancia de establecer estándares claros de protección a nivel regional.

En ese contexto, consideró un avance significativo la adopción de los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al que definió como un marco que complementa las garantías universales. Estos principios reconocen la libertad académica como un derecho fundamental que incluye investigar, enseñar, aprender, debatir ideas y difundir conocimiento, además de su carácter habilitante para el ejercicio de otros derechos como la libertad de expresión, la educación, la reunión y la asociación.

La especialista explicó que estos lineamientos también incorporan elementos clave como la no discriminación, la protección frente a interferencias estatales y la inviolabilidad del espacio académico. Asimismo, enfatizó que la libertad académica no se limita a los recintos universitarios, sino que abarca la participación activa en el debate público, la publicación de investigaciones y la circulación social del conocimiento, lo que refuerza su vínculo con el ejercicio democrático.

Durante la sesión, coordinada por María Elisa Franco Martín del Campo, García Muñoz recordó que existen antecedentes internacionales relevantes en la materia, particularmente impulsados por la UNESCO, que ha sostenido que la libertad académica implica la posibilidad de enseñar y debatir sin restricciones doctrinarias, investigar y publicar resultados, así como expresar opiniones sobre las instituciones y sistemas en los que se desarrolla la labor académica.

Advirtió que cuando esta libertad es restringida, se debilita la capacidad de las sociedades para comprender los problemas que enfrentan y para construir respuestas informadas. Bajo esa lógica, insistió en que el papel de las universidades resulta imprescindible, pero su contribución depende de que puedan ejercer sus funciones con plena libertad y autonomía.

La jurista concluyó que la defensa de la libertad académica no solo compete a las comunidades universitarias, sino que constituye una responsabilidad colectiva, en tanto su vigencia impacta directamente en la calidad de la democracia y en la posibilidad de generar conocimiento útil para atender los retos contemporáneos.

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