Una encuesta reciente realizada por EnBoga arroja una respuesta contundente del público sobre la recién aprobada legislación en materia de extorsión. A la pregunta “La nueva Ley contra la Extorsión permite investigar sin denuncia y endurece penas. Pero expertos alertan: podría usarse para fabricar culpables y violar el debido proceso. ¿Crees que esta ley traerá justicia o abusos?”, el 13 % de los consultados respondió que traerá “justicia real”, mientras un 38 % opinó que hay “riesgo de abusos”, otro 38 % que “favorece a corruptos” y el 13 % admitió no saber (o no tener opinión).
El resultado revela una profunda desconfianza ciudadana: apenas uno de cada ocho personas expresa confianza en que la norma será una herramienta de justicia eficaz, mientras casi tres de cada cuatro dudan o directamente presienten que tenderá al abuso o a facilitar la impunidad.
Esta reacción pública se produce en medio de la discusión y aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, iniciativa impulsada por el Gobierno federal cuya versión aprobada en la Cámara de Diputados contempla que el delito de extorsión sea perseguido ex officio, es decir, sin necesidad de que la víctima presente una denuncia formal. Además, espera armonizar en los 32 estados del país la definición del delito, la competencia de las autoridades, así como fijar penas mínimas de entre seis y 15 años de cárcel, con posibles aumentos en casos agravados.
Para entender por qué la encuesta revela un pulso ciudadano tan dividido —y mayoritariamente escéptico— conviene analizar tanto los argumentos a favor como los que generan alarma entre especialistas del derecho y de los derechos humanos.
Lo que promete la ley
Por un lado, la norma atiende una queja recurrente: el fenómeno de la extorsión en México goza de una elevada “cifra negra”, pues muchas víctimas no denuncian por temor, represalias, desconfianza o porque el trámite les resulta inviable. Algunas estimaciones hablan de que solo entre el 3 % y 4 % de los casos se denuncia formalmente. La posibilidad de que la autoridad investigue sin que la víctima tenga que dar ese paso puede abrir una vía para que el Estado asuma mayor protagonismo en la persecución del delito. Como señala un análisis reciente: “Será el Estado quien asuma la carga, no la víctima. Asimismo, la armonización de penas y la homologación del delito en todo el país podrían reducir vacíos legales o diferencias regionales que han permitido la impunidad. En ese sentido, la ley establece penas más severas frente a modalidades de extorsión como el “cobro de piso”, el uso de violencia, víctimas vulnerables o la comisión del delito desde penales o mediante medios electrónicos.
Las preocupaciones que apuntan al abuso
Sin embargo, esos mismos elementos que prometen operatividad también encienden alarmas. Que la investigación se inicie sin denuncia formal implica que el ejercicio de la acción penal puede quedar a discreción de la autoridad. Un experto —citado en medios— advierte que “como en todos los delitos, las autoridades pueden abusar de las nuevas medidas, así como de la prisión preventiva oficiosa o que las carpetas de investigación se abran ‘a modo’”.
En ese contexto, surgen dos riesgos medulares: primero, que se utilice la ley para fabricar culpables, es decir, abrir procesos sin sustento o con fines distintos a la auténtica justicia; segundo, que se vulneren garantías de debido proceso, en particular cuando las víctimas son difíciles de identificar o el sistema carece de los medios suficientes para investigar correctamente.
Al mismo tiempo, algunos críticos hacen notar que endurecer las penas sin asegurar los recursos adecuados —personal especializado, protección a víctimas y testigos, presupuestos para las fiscalías locales— puede llevar a “soluciones de papel” que no se traducen en justicia real.
Qué refleja la encuesta EnBoga
La encuesta de EnBoga capta precisamente ese dilema: la población reconoce la necesidad de combatir la extorsión —un delito que impacta fuertemente a comerciantes, transportistas, a la pequeña economía— pero también sospecha que el nuevo diseño podría alimentar el autoritarismo judicial o la corrupción institucional. Que un 38 % diga que la ley “favorece a corruptos” habla de una percepción de que la norma, más que neutralizar el delito, podría terminar siendo manipulada por quienes ya ejercen el poder o tienen acceso al aparato de justicia. Un 38 % adicional visualiza el escenario de “riesgo de abusos”.
Que solo 13 % confíe en que la nueva ley traerá “justicia real” es significativo: indica un déficit de legitimidad o de credibilidad en las instituciones encargadas de aplicarla, y refleja una ciudadanía que, aún ante iniciativas de combate al crimen, se mantiene vigilante y escéptica.
¿Justicia real o abusos? El punto decisivo será la implementación
El veredicto inmediato no es concluyente: la ley tiene potencial de avanzar en la persecución de la extorsión, pero también margen para incentivar errores graves de Estado. La clave estará en cómo se implemente. Si el Gobierno y los poderes locales garantizan que se respeten las garantías del debido proceso, se trasparenten las carpetas de investigación, se protejan víctimas y testigos, se capacite personal, se realice una supervisión efectiva y se rindan cuentas, entonces la norma podría convertirse en un instrumento transformador.
En cambio, si se convierte en una pieza más del arsenal punitivo sin contrapesos, las sospechas ciudadanas podrían materializarse: investigaciones arbitrarias, uso político de la ley, violaciones a derechos humanos. En ese escenario, el escepticismo del público —reflejado en la encuesta de EnBoga— no sólo sería justificable, sino que podría profundizar la desconfianza en el sistema de justicia.
Los ciudadanos han hablado: pocos creen en la primacía de la justicia, muchos temen los abusos. Y esa voz debe ser tomada en cuenta tanto por el legislador como por el Ejecutivo y el sistema de procuración de justicia. Al final, la diferencia estará en cómo se ejerza.
Te invitamos a participar en la encuesta EnBoga que se publica todos los lunes en las redes sociales de EnBoga.
