La detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, escaló al ámbito internacional luego de que 25 expresidentes de América Latina y España, integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), difundieran un pronunciamiento en el que calificaron el caso como una presunta “persecución política instrumentada desde el poder” y expresaran su preocupación por lo que consideran un deterioro del Estado de derecho en México.
La declaración, fechada el 27 de julio de 2026, fue suscrita por exjefes de Estado de distintas corrientes políticas, quienes hicieron un llamado a que el proceso penal contra Ruffo Appel se conduzca con estricto apego al debido proceso, la presunción de inocencia y las garantías constitucionales. En el documento sostienen que el caso debe analizarse desde la óptica del respeto a los derechos fundamentales y advierten sobre los riesgos que, a su juicio, implica el uso de procesos penales contra actores políticos cuando no existe plena certeza sobre el respeto a las reglas del Estado de derecho.
Ernesto Ruffo Appel fue detenido el pasado 16 de julio como parte de una investigación por su presunta responsabilidad en el delito de contrabando de combustible. Las autoridades federales mantienen abierta la indagatoria correspondiente y hasta el momento el proceso judicial continúa en curso, sin que exista una sentencia definitiva, por lo que legalmente prevalece el principio de presunción de inocencia.
En su posicionamiento, los integrantes del Grupo IDEA subrayan que Ruffo Appel ocupa un lugar relevante en la historia política contemporánea de México al haber sido el primer gobernador de oposición elegido democráticamente, hecho que marcó un precedente en la transición política del país. Desde esa perspectiva, consideran que su detención trasciende el ámbito estrictamente judicial y adquiere una dimensión institucional.
El documento afirma que observan con preocupación lo que describen como una creciente criminalización de la política en México. Los exmandatarios sostienen que la utilización de figuras como la prisión preventiva o de procedimientos penales contra opositores puede representar un riesgo para la democracia cuando no se garantizan plenamente los principios del debido proceso.
Como parte central de su pronunciamiento, los expresidentes señalaron que “cuando la privación de la libertad se utiliza para castigar la disidencia, desacreditar públicamente a un adversario y convertir el aparato de justicia en mecanismo de intimidación, la condición de preso político deja de ser una consigna para convertirse en una grave denuncia sobre el deterioro del Estado de Derecho”.
Asimismo, argumentaron que mantener privado de la libertad a quien consideran un referente de la alternancia democrática mexicana envía, desde su óptica, un mensaje preocupante para la vida pública del país y para el funcionamiento de sus instituciones.
La declaración no se limita al caso del exgobernador bajacaliforniano. Los integrantes del Grupo IDEA también hacen referencia a la reforma del Poder Judicial y al nuevo esquema de elección de jueces mediante voto popular. Según los firmantes, ambos elementos, analizados en conjunto con la detención de Ruffo Appel, generan inquietud respecto del equilibrio institucional y de la independencia judicial en México.
En ese contexto, los exmandatarios manifestaron que la fortaleza de una democracia depende de que las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia actúen con autonomía, imparcialidad y pleno respeto a las garantías constitucionales, por lo que insistieron en que el proceso contra Ruffo Appel debe desarrollarse sin presiones políticas y con absoluto apego a la legalidad.
Entre los firmantes del documento se encuentran los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, de España; Óscar Arias, de Costa Rica; Mauricio Macri, de Argentina; Eduardo Frei, de Chile; Luis Guillermo Lasso, de Ecuador; Hipólito Mejía, de República Dominicana; Andrés Pastrana, de Colombia, así como los exmandatarios mexicanos Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, además de otros integrantes del Grupo IDEA.
El posicionamiento internacional se suma a las reacciones políticas que ha generado la detención del exmandatario estatal desde que fue ejecutada por las autoridades mexicanas. Mientras diversas voces de la oposición han cuestionado la actuación de las instituciones encargadas de la investigación, el Gobierno federal ha sostenido previamente que el procedimiento forma parte de una investigación que, de acuerdo con declaraciones oficiales realizadas en días anteriores, se encontraba en desarrollo desde hace aproximadamente un año y que corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República conducir las indagatorias conforme a derecho.
Con este nuevo pronunciamiento, el caso de Ernesto Ruffo Appel deja de ser únicamente un asunto de interés nacional para convertirse también en un tema observado por exjefes de Estado de distintos países, quienes pidieron que las autoridades mexicanas garanticen un proceso transparente, imparcial y respetuoso de los principios fundamentales del Estado de derecho, al tiempo que reiteraron su preocupación por lo que consideran una posible utilización política del sistema de justicia.
