El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos federales contra cuatro ciudadanos mexicanos señalados como presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a quienes acusa de conspiración para cometer narcoterrorismo, apoyo material a una organización terrorista, tráfico de drogas y tráfico de armas.
Los cuatro fueron detenidos en la República Checa durante junio de 2026, en una operación en la que participaron autoridades estadounidenses, mexicanas y checas. De acuerdo con la información difundida por las autoridades estadounidenses, dos de los acusados ya fueron extraditados a Estados Unidos y comparecieron ante un tribunal federal en Florida, mientras que los otros dos permanecen bajo custodia en territorio checo a la espera de que avance su proceso de extradición.
Los acusados fueron identificados como Edgar Alejandro López Velasco, de 44 años; Noé Díaz Jiménez, de 33; José Miguel Alvarado Morales, de 23, y Leobardo Gaxiola López, alias “Bado”, de 63 años. La acusación sostiene que los cuatro tenían vínculos con el CJNG y que participaron, con distintos niveles de responsabilidad, en operaciones relacionadas con el tráfico de drogas y armas.
El caso adquiere particular relevancia debido a que los fiscales estadounidenses recurrieron al cargo de narcoterrorismo en contra de López Velasco, Díaz Jiménez y Alvarado Morales. Además, los tres enfrentan acusaciones por conspiración para proporcionar apoyo material al terrorismo, conspiración para importar drogas y conspiración para traficar armas de fuego. Gaxiola López, por su parte, enfrenta cargos relacionados con conspiraciones para importar drogas y traficar armas.
De acuerdo con la acusación federal, la investigación apunta a una operación internacional en la que el CJNG habría buscado obtener armamento de fabricación europea para trasladarlo a México y utilizarlo en acciones violentas contra organizaciones criminales rivales y autoridades.
Presunta operación de armas entre Europa y México
Uno de los principales elementos de la acusación se refiere a negociaciones realizadas en febrero de 2026. Según los fiscales estadounidenses, López Velasco y Díaz Jiménez negociaron desde República Checa la adquisición de armamento con destino a México.
La operación, de acuerdo con la acusación, contemplaba la compra de ametralladoras, lanzadores de granadas propulsadas por cohete, morteros, municiones y otros equipos de uso militar. El armamento presuntamente sería utilizado para perpetrar actos violentos contra integrantes de grupos criminales rivales, así como contra civiles, policías y militares mexicanos.
La investigación estadounidense sostiene además que el pago por las armas se realizaría mediante cargamentos de fentanilo y metanfetamina destinados a Estados Unidos para su distribución. De esta manera, la operación habría conectado el tráfico internacional de drogas con la adquisición de armamento en Europa.
La acusación coloca a República Checa como uno de los puntos relevantes dentro de la presunta red internacional investigada por las autoridades. Los arrestos de los cuatro mexicanos fueron realizados en junio y, posteriormente, López Velasco y Alvarado Morales fueron trasladados a Estados Unidos para enfrentar el proceso penal correspondiente.
Ambos comparecieron inicialmente ante un tribunal federal en Florida el lunes 10 de agosto y quedaron bajo custodia de las autoridades estadounidenses. Díaz Jiménez y Gaxiola López permanecen en República Checa mientras se resuelve su situación jurídica y los procedimientos necesarios para su eventual extradición.
Vinculan a uno de los acusados con laboratorio en Jalisco
La investigación también tiene una conexión directa con México. El 12 de junio, un día después de las detenciones realizadas en República Checa, autoridades mexicanas desmantelaron un laboratorio clandestino relacionado con Díaz Jiménez en Zapopan, Jalisco.
De acuerdo con la información difundida en relación con el operativo, en el inmueble fueron asegurados aproximadamente un kilogramo de fentanilo, sustancias químicas empleadas para la elaboración de metanfetamina, un arma de fuego, un vehículo y equipos de comunicación.
Las autoridades mexicanas estimaron que la intervención evitó la producción de aproximadamente 625 mil dosis de droga y ocasionó una afectación económica superior a 714 mil pesos a las organizaciones criminales que operaban en la entidad.
La coincidencia temporal entre la detención de los cuatro sospechosos en Europa y el aseguramiento del laboratorio en Jalisco forma parte de los elementos considerados dentro de la investigación internacional. La acusación estadounidense identifica a Díaz Jiménez como una persona involucrada en el tráfico de fentanilo y señala que operaba un laboratorio de esta sustancia y de otros narcóticos sintéticos en México.
Señalamientos sobre las funciones de los cuatro acusados
Los documentos y comunicados estadounidenses atribuyen diferentes funciones a los cuatro mexicanos. López Velasco es señalado como representante de un integrante de alto nivel del CJNG, mientras que Díaz Jiménez es identificado como operador relacionado con la producción y tráfico de fentanilo.
Gaxiola López, conocido como “Bado”, es señalado de haber actuado como intermediario en operaciones relacionadas con drogas y armas. Alvarado Morales, por su parte, es identificado como representante de otro integrante de alto nivel de la organización criminal.
Los señalamientos forman parte de una acusación penal y, por tanto, los cuatro deben ser considerados presuntos responsables mientras no exista una sentencia definitiva en su contra. La presentación de cargos no constituye por sí misma una declaración de culpabilidad.
En el caso de López Velasco, Díaz Jiménez y Alvarado Morales, las autoridades estadounidenses sostienen que la presunta conspiración para cometer narcoterrorismo se relaciona con las actividades de tráfico de drogas y con la adquisición de armas para realizar actos violentos en México.
EU endurece ofensiva contra el CJNG
La acusación se produce en un momento de intensificación de la estrategia estadounidense contra el CJNG. El gobierno de Estados Unidos designó al cártel como organización terrorista extranjera en febrero de 2025, una medida que amplió las herramientas jurídicas y financieras disponibles para perseguir a integrantes, colaboradores y redes vinculadas con la organización. El Departamento de Justicia ha utilizado posteriormente cargos relacionados con terrorismo y apoyo material a organizaciones terroristas en casos vinculados con el grupo.
El Departamento de Justicia ya había señalado al CJNG como una de las organizaciones criminales mexicanas consideradas entre las más importantes dentro de las investigaciones estadounidenses sobre narcotráfico transnacional. En abril de 2026, Erick Valencia Salazar, alias “El 85”, cofundador del CJNG, se declaró culpable en Estados Unidos de cargos federales relacionados con narcotráfico. El gobierno estadounidense recordó entonces que el grupo había sido designado organización terrorista extranjera en 2025.
La nueva acusación se suma a otras acciones emprendidas durante agosto contra la estructura del cártel. La semana pasada, Estados Unidos anunció un incremento de las recompensas ofrecidas por información que conduzca a la captura de dirigentes del CJNG, con un monto acumulado superior a 100 millones de dólares, de acuerdo con información difundida por autoridades estadounidenses y medios internacionales.
El expediente contra los cuatro mexicanos refleja así una estrategia que no se limita al combate al tráfico de drogas hacia territorio estadounidense, sino que busca perseguir las conexiones financieras, logísticas y armamentísticas del CJNG fuera de México.
Una investigación con alcance internacional
La investigación fue desarrollada mediante la colaboración de distintas agencias estadounidenses y autoridades de México y República Checa. Entre las instituciones involucradas se encuentran la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), el FBI, el Servicio de Investigación de la Guardia Costera, Investigaciones de Seguridad Nacional, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, además de autoridades checas y dependencias mexicanas de seguridad. Interpol y la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia también participaron en los procedimientos relacionados con las detenciones y extradiciones.
El alcance de la operación muestra la dimensión internacional que las autoridades estadounidenses atribuyen a las redes del CJNG. La investigación no se concentró únicamente en el traslado de drogas hacia Estados Unidos, sino que siguió presuntas rutas de suministro de armamento desde Europa hacia México y operaciones de producción de drogas sintéticas en territorio mexicano.
Para los fiscales estadounidenses, la presunta utilización de narcóticos como mecanismo de pago para obtener armamento constituye uno de los elementos centrales del caso. El expediente sostiene que el fentanilo y la metanfetamina serían introducidos en Estados Unidos para su posterior distribución, mientras que las armas adquiridas en Europa serían trasladadas a México.
Podrían enfrentar cadena perpetua
Los cargos presentados en Estados Unidos exponen a los acusados a penas severas. En el caso de López Velasco y Alvarado Morales, quienes ya fueron trasladados a Florida, los delitos que se les imputan pueden derivar en una sentencia de hasta cadena perpetua si son declarados culpables.
La situación jurídica de los cuatro acusados, sin embargo, todavía se encuentra en una etapa inicial. López Velasco y Alvarado Morales apenas realizaron sus primeras comparecencias ante un tribunal estadounidense, mientras que Díaz Jiménez y Gaxiola López continúan en República Checa a la espera de que se resuelvan los procedimientos para su posible entrega a Estados Unidos.
El caso representa uno de los expedientes recientes en los que Washington utiliza la figura de narcoterrorismo contra presuntos integrantes del CJNG y vincula directamente el tráfico de drogas con la adquisición internacional de armamento. La investigación continuará ahora en los tribunales estadounidenses, donde la Fiscalía deberá acreditar las acusaciones formuladas contra los cuatro mexicanos.
