La polémica por la presencia de agentes estadounidenses en territorio mexicano escaló a un nuevo nivel tras las declaraciones del congresista republicano Michael McCaul, presidente del Comité de Seguridad Nacional en la Cámara de Representantes, quien sostuvo que “no hay forma” de que la presidenta de México no estuviera enterada de las operaciones de inteligencia vinculadas a la CIA en Chihuahua, en un contexto marcado por tensiones diplomáticas y versiones contradictorias entre ambos gobiernos.
El señalamiento ocurre luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum afirmara públicamente que su administración no tenía conocimiento de la presencia de personal estadounidense involucrado en acciones relacionadas con el combate al narcotráfico en ese estado del norte del país. Sin embargo, la postura del legislador estadounidense contradice esa narrativa y reabre el debate sobre los mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad.
El trasfondo inmediato del caso es la muerte de dos funcionarios estadounidenses —identificados en diversos reportes como presuntos agentes de la CIA— en un accidente vehicular ocurrido en Chihuahua, tras un operativo contra laboratorios clandestinos de droga. El incidente detonó cuestionamientos sobre la legalidad de la participación extranjera en tareas de seguridad dentro de México, así como sobre el nivel de coordinación entre autoridades federales, estatales y agencias internacionales.
De acuerdo con información difundida por autoridades mexicanas y medios internacionales, los agentes estadounidenses habrían participado al menos en labores de inteligencia, entrenamiento con drones o acompañamiento en operativos, aunque persisten discrepancias sobre si tuvieron un rol directo en acciones de campo. Esta ambigüedad ha alimentado la controversia política tanto en México como en Estados Unidos.
Mientras el gobierno mexicano insiste en que no autoriza operaciones extranjeras sin aval federal y ha abierto una investigación por posibles violaciones a la ley de seguridad nacional, desde Washington se ha reforzado el discurso de una cooperación más estrecha frente al narcotráfico, incluso en medio de presiones para ampliar la participación estadounidense en la región.
El posicionamiento de McCaul se da además en un contexto en el que el propio legislador encabezó una delegación bipartidista que visitó México en febrero pasado para abordar temas de seguridad, narcotráfico e inteligencia, en busca de fortalecer la cooperación bilateral. Ese antecedente añade un componente político adicional, al sugerir que existían canales de comunicación activos entre ambos países en fechas recientes.
En este escenario, la investigación anunciada por el gobierno mexicano busca esclarecer no solo la naturaleza de la presencia estadounidense en Chihuahua, sino también determinar si hubo omisiones, fallas de coordinación o incluso autorizaciones a nivel local que contravinieran el marco legal vigente. Mientras tanto, las declaraciones de McCaul introducen un nuevo elemento de presión política internacional que podría impactar el rumbo de la relación bilateral en materia de seguridad.
