El Congreso de El Salvador aprobó una reforma constitucional que establece la cadena perpetua para delitos como homicidio, violación y terrorismo, en una decisión que marca un giro de fondo en el sistema penal salvadoreño y refuerza la controvertida política de seguridad impulsada por el presidente Nayib Bukele. La enmienda elimina la prohibición expresa de penas perpetuas contenida en la Constitución y fue respaldada por una amplia mayoría legislativa.
La votación se resolvió con 59 votos a favor de los 60 diputados que integran la Asamblea Legislativa, según informó su presidente, Ernesto Castro, lo que evidencia el control político del oficialismo en el órgano parlamentario. Hasta antes de esta modificación, la pena máxima en el país era de 60 años de prisión, con posibilidad de reducción mediante diversos mecanismos legales.
La iniciativa fue presentada por el Ejecutivo como parte de su estrategia para endurecer las sanciones contra delitos considerados de alto impacto. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sostuvo que la medida busca castigar con mayor severidad a quienes cometan crímenes graves, al tiempo que acotó que la pena perpetua se aplicará únicamente a homicidas, violadores y terroristas, en referencia particular a integrantes de pandillas.
Previo a la votación, el presidente Bukele utilizó su cuenta en la red social X para presionar públicamente a los legisladores y fijar postura frente al debate. En su mensaje, afirmó que la aprobación de la reforma permitiría evidenciar quiénes respaldan el endurecimiento del marco legal y quiénes, en su opinión, defienden la permanencia de una Constitución que impedía la prisión de por vida para delitos de extrema gravedad.
La aprobación de esta reforma se inscribe en el contexto de la política de seguridad implementada por el gobierno salvadoreño, caracterizada por medidas extraordinarias para combatir a las pandillas y reducir los índices delictivos. Este enfoque ha sido replicado o considerado por otros países de América Latina ante la persistencia de la violencia criminal, aunque también ha generado cuestionamientos en el ámbito internacional.
Diversos organismos y juristas han advertido sobre posibles violaciones a derechos fundamentales en el marco de estas políticas. De hecho, un grupo de especialistas internacionales ha acusado al gobierno salvadoreño de incurrir en posibles crímenes de lesa humanidad, en relación con prácticas vinculadas al combate a estructuras criminales.
Con la aprobación de la cadena perpetua, el país centroamericano redefine los alcances de su sistema punitivo y profundiza una estrategia de seguridad que, si bien ha sido defendida por el gobierno como eficaz, continúa generando debate sobre sus implicaciones jurídicas, políticas y en materia de derechos humanos.
