Greg Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y figura central de la ofensiva migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, dejará Minneapolis en medio de una creciente indignación pública, protestas masivas y un intenso escrutinio nacional tras el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales.
Según confirmaron funcionarios locales, Bovino y varios agentes de la Patrulla Fronteriza comenzarán a abandonar la ciudad a partir de este martes. La decisión llega tras semanas de inestabilidad política y social vinculadas a la Operación Metro Surge, una iniciativa federal de cumplimiento migratorio que, desde el mes pasado, desplegó a miles de agentes de inmigración en Minnesota.
Las autoridades municipales calificaron la presencia federal como “caótica y contraproducente”, en un contexto marcado por protestas continuas y críticas de organizaciones civiles, líderes empresariales y sectores políticos de ambos partidos.
La Operación Metro Surge convirtió a Minneapolis en uno de los principales focos de la estrategia de deportación de “máxima presión” de la administración Trump. Greg Bovino emergió como el rostro visible de esa política, adoptando tácticas de línea dura que incluyeron el uso de agentes químicos contra manifestantes y su participación directa en enfrentamientos en las calles.
Antes de su despliegue en Minnesota, Bovino había encabezado operativos migratorios en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Charlotte y Nueva Orleans. En Chicago, un juez federal le ordenó portar una cámara corporal y comparecer diariamente ante el tribunal, como parte de la supervisión judicial de las acciones migratorias.
Border Patrol commander Gregory Bovino is expected to leave Minneapolis as the Trump administration reorganizes immigration enforcement following a second fatal shooting by federal officers.
— Los Angeles Magazine (@LAmag) January 27, 2026
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Dos muertes que detonaron la indignación pública
La reacción social se intensificó tras el tiroteo fatal del 24 de enero contra Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años, abatido por un agente de la Patrulla Fronteriza durante una operación contra personas migrantes. Funcionarios federales sostuvieron inicialmente que Pretti representaba una amenaza.
El asesor presidencial Stephen Miller llegó a describirlo en redes sociales como un “asesino” y un “terrorista doméstico”, mientras que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que el manifestante intentó “impedir una operación policial” y blandía un arma. Sin embargo, videos del incidente no muestran a Pretti apuntando con el arma y sugieren que fue desarmado antes de recibir múltiples disparos. Entre los críticos de la versión oficial se encuentra incluso la Asociación Nacional del Rifle (NRA).
La muerte de Pretti ocurrió apenas semanas después del asesinato, el 7 de enero, de Renee Good, ciudadana estadounidense y madre de tres hijos, quien murió a manos de un agente del ICE durante una operación similar en un barrio residencial de Minneapolis. Ambos casos profundizaron el rechazo ciudadano a la intervención federal.
Ante la escalada del conflicto, la Casa Blanca anunció el envío a Minneapolis del zar fronterizo Tom Homan, exdirector interino del ICE. Homan reportará directamente al presidente Trump y tendrá como misión reducir la tensión y reorganizar las operaciones federales sobre el terreno.
Homan se reunirá con el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, para abordar la coordinación entre las fuerzas del orden federales y locales. Trump lo describió como “duro pero justo”, en lo que analistas interpretan como un intento de moderar una estrategia que ha erosionado la confianza pública en las autoridades migratorias.
El medio The Atlantic informó que Bovino había sido destituido como comandante general y que regresaría a su puesto anterior en la CBP, en el sur de California. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negó esa versión. Su portavoz, Tricia McLaughlin, aseguró por correo electrónico que “Bovino NO ha sido relevado de sus funciones”.
Aun así, su salida de Minneapolis es vista como una concesión política ante la presión local y nacional.
Choque con las autoridades locales y debate sobre ciudades santuario
El alcalde Frey reiteró que Minneapolis continuará cooperando con agencias estatales y federales en investigaciones de delitos graves, pero se negará a colaborar en arrestos migratorios, por considerarlos inconstitucionales.
“Algunos agentes federales comenzarán a abandonar la zona mañana, y seguiré presionando para que el resto se vaya”, declaró Frey tras una llamada con Trump. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, también habló con el presidente y calificó la conversación como “productiva”. Su oficina indicó que Trump aceptó considerar investigaciones independientes sobre ambos tiroteos y revisar el alcance de la intervención federal.
El conflicto se inscribe en el debate nacional sobre las ciudades santuario, duramente criticadas por Trump, quien las acusa de proteger delincuentes y ha amenazado con retirar fondos federales.
Encuestas recientes reflejan un creciente descontento con las tácticas migratorias de la administración. De acuerdo con un sondeo de Politico, casi la mitad de los estadounidenses considera que la campaña de deportaciones ha sido demasiado agresiva, una percepción compartida por uno de cada tres votantes de Trump.
En Minnesota, líderes empresariales —incluidos ejecutivos de Target y Best Buy— se sumaron a los llamados a la desescalada, advirtiendo que la operación federal estaba afectando la moral laboral y la estabilidad económica. En Washington, demócratas del Senado amenazan con bloquear la financiación del DHS si no se imponen límites a estas operaciones, mientras algunos republicanos piden mayor moderación.