La Embajada de Estados Unidos en México, encabezada por el embajador Ronald Johnson, emitió un posicionamiento oficial en el que reconoce la presentación de cargos penales por parte de autoridades federales estadounidenses en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras personas, en un caso que se procesa en el Distrito Sur de Nueva York.
El pronunciamiento, titulado “Rendición de cuentas para la seguridad de nuestros pueblos”, subraya que la representación diplomática toma nota de la acción emprendida por la Fiscalía Federal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, instancia que habría formulado imputaciones en el marco de su jurisdicción, luego de solicitar investigación al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el alcalde de Culiacán y el senador Enrique Insunza, todos de militancia morenista, el comunicado enfatiza que el combate a la corrupción y a la actividad criminal transnacional constituye una prioridad compartida entre México y Estados Unidos.
En el mensaje difundido por la embajada, se destaca que ambos países han asumido compromisos para fortalecer la transparencia, hacer cumplir las leyes anticorrupción y consolidar el Estado de derecho, en respuesta a la exigencia ciudadana en ambos lados de la frontera. La representación diplomática remarca que estos principios son fundamentales para la estabilidad institucional y el desarrollo económico regional, en un contexto donde la cooperación bilateral resulta clave para enfrentar redes delictivas con operaciones transnacionales.
El posicionamiento también recalca que el gobierno estadounidense mantendrá la coordinación con autoridades mexicanas para impulsar mecanismos de rendición de cuentas, robustecer instituciones y promover condiciones de seguridad y prosperidad compartida. En ese sentido, la embajada insiste en que la relación bilateral se sustenta en la confianza mutua, la responsabilidad compartida y el respeto al Estado de derecho, elementos que han sido reiterados en distintos espacios de diálogo entre ambos gobiernos.
No obstante, el embajador Johnson puntualiza que, debido a la naturaleza del proceso legal en curso, no es posible emitir comentarios sobre los hechos específicos que motivaron las imputaciones, al tiempo que se subraya que será el sistema judicial estadounidense el encargado de desahogar el caso conforme a sus procedimientos.
El comunicado cierra con un mensaje contundente respecto a la política de procuración de justicia de Estados Unidos: cualquier acto de corrupción que facilite las operaciones del crimen organizado y tenga impacto en ambos países será sujeto de investigación y procesamiento en todos los casos donde exista jurisdicción. Este enfoque, advierte la embajada, responde a una estrategia de seguridad que trasciende fronteras y que busca limitar los flujos ilícitos que afectan tanto a la economía como a la gobernabilidad en la región.
