La crisis en Venezuela dio un giro dramático este sábado 3 de enero con una operación militar ejecutada por fuerzas de Estados Unidos en territorio venezolano, en la que, según informes del propio gobierno estadounidense, fueron atacados objetivos estratégicos y el presidente Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados y trasladados fuera del país. El hecho ha generado una intensa sacudida diplomática en todo el mundo y ha puesto a prueba las normas fundamentales del sistema internacional. En medio de esta turbulencia, el gobierno de México emitió una declaración oficial en la que condena enérgicamente la intervención militar, calificándola como una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, respaldada por la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, expresó que las acciones unilateralmente emprendidas por las fuerzas armadas estadounidenses contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela constituyen una contravención al artículo 2 de la Carta de la ONU, que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales sin la autorización del Consejo de Seguridad o en casos de legítima defensa. En el comunicado oficial, México subraya que “el uso de la fuerza o la amenaza de recurrir a ella atenta contra la integridad territorial y la soberanía de los Estados”, y hace un llamado urgente a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y el pueblo venezolanos.
El gobierno mexicano apeló a sus principios históricos de política exterior, fundados en la no intervención, la solución pacífica de controversias y la defensa del derecho internacional, para señalar que América Latina y el Caribe han sido declarados tradicionalmente “zona de paz”. Bajo esa óptica, cualquier acción militar no coordinada con instancias multilaterales pone en grave riesgo la estabilidad regional y la convivencia entre naciones hermanas. En sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo citó explícitamente el artículo 2, párrafo 4, de la Carta de la ONU para reforzar que los Estados deben abstenerse de recurrir a la fuerza, y reiteró que México seguirá promoviendo el respeto irrestricto de esas normas.
Además de la condena, la Secretaría de Relaciones Exteriores instó a la Organización de las Naciones Unidas a actuar de manera inmediata para contribuir a la desescalada de las tensiones y facilitar un espacio de diálogo que permita una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional. México reafirmó enfáticamente que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias existentes entre países, y manifestó su disposición para apoyar cualquier esfuerzo de mediación o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y evitar una confrontación mayor.
La respuesta del gobierno mexicano también incluye una alerta y acompañamiento para la comunidad mexicana residente en Venezuela. A través de su embajada en Caracas, las autoridades confirmaron que mantendrán comunicación permanente con connacionales para asistirlos “de cualquier forma necesaria” y recomendaron que se mantengan atentos a la información que se genere en las próximas horas, así como a los canales de emergencia habilitados por la representación diplomática.
Esta condena se enmarca en un contexto internacional convulsionado por la ofensiva estadounidense, que ha desatado un amplio abanico de reacciones globales. Países como Brasil y China han criticado la intervención, subrayando la importancia de la soberanía y del respeto al convenio internacional, mientras que otras naciones han expresado puntos de vista mixtos o cautelosos ante el operativo que ha cambiado el paisaje geopolítico de la región prácticamente de un día para otro. México, desde su tradición pacifista, ha optado por alinearse con las voces que piden respeto al derecho internacional y soluciones diplomáticas a los conflictos entre Estados.
El rechazo a la intervención militar estadounidense en Venezuela no solo pone sobre la mesa el principio de no intervención, sino que también reaviva el debate sobre el equilibrio entre la lucha contra acciones consideradas fuera de la ley —como narcotráfico o violaciones de derechos humanos— y el respeto a los marcos jurídicos internacionales que rigen las relaciones entre Estados.
