En un movimiento sin precedentes en Latinoamérica desde la invasión de Panamá en 1989, fuerzas militares de Estados Unidos entraron hoy en territorio venezolano en un operativo que incluyó bombardeos, combates y la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, según confirmó el propio mandatario estadounidense, Donald J. Trump.
La madrugada de este sábado, explosiones resonaron en varias zonas de Caracas y otras ciudades venezolanas, mientras aviones y fuerzas especiales de Estados Unidos ejecutaban ataques sobre instalaciones militares y puntos estratégicos en el país sudamericano. Horas después, Trump anunció en sus cuentas oficiales que “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido capturado y trasladado fuera del país junto con su esposa”.
La operación, que según informes fue ejecutada por unidades de élite del Ejército estadounidense, incluida la Delta Force, marca un drástico punto de inflexión en las relaciones entre ambos países, sumidas en décadas de tensiones. El Gobierno de Washington ha justificado la acción en base a cargos de narcotráfico y “narco-terrorismo” presentados contra el jefe del Estado venezolano en tribunales federales de Estados Unidos, aunque la legalidad y legitimidad de la intervención han sido profundamente cuestionadas por expertos en derecho internacional.
La reacción del gobierno venezolano fue inmediata y enérgica. Altos funcionarios, incluido el ministro de Defensa, calificaron la acción de “agresión imperialista” y “violación flagrante de la soberanía nacional”, mientras que la vicepresidenta Delcy Rodríguez exigió “prueba de vida” de Maduro y su esposa ante la falta de información independiente sobre su paradero.
El impacto de la operación resonó a lo largo y ancho del continente. Gobiernos de América Latina adoptaron posturas polarizadas frente a los acontecimientos: mientras líderes de izquierda, como los presidentes de Brasil y Colombia, denunciaron lo que consideraron una “línea inaceptable” y una grave afrenta al derecho internacional, otros mandatarios de corte más conservador celebraron el desenlace como un paso hacia el desmantelamiento del régimen chavista y la apertura de una nueva etapa política para Venezuela.
Organismos multilaterales y potencias globales también alzaron la voz. Naciones Unidas recibió llamados urgentes para convocar al Consejo de Seguridad y abordar “esta violación de la soberanía estatal”, mientras que potencias como Rusia y China calificaron la intervención como una afrenta al marco jurídico internacional. Estados Unidos, por su parte, insiste en que la operación perseguía “justicia y seguridad regional”, generando un escenario de enfrentamiento diplomático de enormes dimensiones.
La incertidumbre política en Venezuela es absoluta. Con el líder chavista fuera de Caracas y las fuerzas leales dispersas, figuras opositoras han comenzado a movilizarse para ocupar el vacío de poder. La líder de la oposición María Corina Machado celebró la captura de Maduro como “la hora de la libertad” para Venezuela, y prometió trabajar por una transición que incluya liberación de presos políticos y reconstrucción del país.
Al cierre de esta nota, la situación en Venezuela sigue evolucionando minuto a minuto: la población en las calles de Caracas vive entre el miedo y la esperanza, servicios básicos se encuentran interrumpidos por los enfrentamientos, y el futuro político y social de la nación pende de un hilo. La comunidad internacional observa con atención, mientras la región se enfrenta a una de sus crisis geopolíticas más profundas en décadas.
