Noelia llegó a necesitar una silla de ruedas después de un salto desde un quinto piso en 2022, un intento de suicidio que fue consecuencia de un pasado marcado por una violación múltiple en un centro tutelado de menores, bajo la protección del Estado. Esa experiencia, vivida en un entorno que debía garantizar su seguridad, dejó una herida psíquica profunda que se sumó a la discapacidad física. La combinación de paraplejia, dolor crónico e imposibilidad de autonomía total, junto a una depresión severa y un trastorno límite de la personalidad, convenció a médicos y comisiones de que su sufrimiento era grave, continuado e imposible de aliviar de forma razonable. La Comisión de Garantía y Evaluación de la Generalitat la validó según la Ley Orgánica 3/2021, y, tras años de recursos judiciales levantados por su padre, la eutanasia se ha autorizado para el 26 de marzo de 2026.
Pero el nombre de Noelia rara vez se pronuncia sin que alguien recuerde a Ramón Sampedro. En 1968, un accidente de mar dejó a este marinero tetrapléjico, condenado a vivir inmovilizado durante más de tres décadas. Desde entonces, inició una batalla pública y judicial para que se le permitiera morir con ayuda médica, invocando el derecho a la dignidad y la autonomía personal. Llevó su caso incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero la respuesta fue siempre la misma: la ley española no contemplaba la eutanasia ni el suicidio asistido como un derecho reconocido. Se le negó la ayuda estatal para morir y, en 1998, falleció a través de un suicidio asistido clandestino, consumado con la ayuda de un amigo que vertió en su boca un vaso de agua con cianuro. Su historia, retratada en la película “Mar adentro”, se convirtió en un símbolo moral de la lucha por la muerte digna en España, pero también en un recordatorio de lo que la ley dejaba sin regular.
Entre Sampedro y Noelia hay casi tres décadas de debate, cambio social y modificación legislativa. En 2021, España aprobó la Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia, que exige ser mayor de edad, en plena capacidad de discernimiento, con enfermedad grave e incurable o padecimiento grave, crónico e imposibilitante, y sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable. La solicitud se presenta en dos escritos separados por al menos 15 días, y es revisada por un médico responsable y una Comisión de Garantía y Evaluación que asegura que la decisión es libre, voluntaria e informada. En el caso de personas con trastornos mentales, se añade un filtro psiquiátrico adicional para evaluar si la petición es estable, no episódica, y ajena a presiones externas.
Noelia encarna la implementación de esa ley en un escenario mucho más complejo: donde la enfermedad mental, la violencia sexual y la discapacidad física se entrelazan. Mientras que Sampedro fue negado por un sistema que no quería hablar de eutanasia, Noelia es, paradójicamente, la primera mujer en España que recibe la ayuda para morir en parte por un sufrimiento psíquico asociado a la depresión. La comparación entre ambos casos no solo es histórica, sino ética: uno marcó el inicio de la conversación sobre la muerte digna; el otro, la frontera nueva de esa misma conversación, donde la vulnerabilidad social, la tutela fallida y la salud mental se vuelven parte del argumento.
Ante este suceso el presidente del Salvador, Nayib Bukele dió su opinión al caso de Noelia Castillo afirmando que su situación sería el resultado final de una “tutela de derechos humanos” impulsada por organizaciones que, según él, protegen más a los delincuentes que a las víctimas, y sostuvo que su gobierno no les hará caso por más que lo critiquen, llegando a decir que serían ellas las que deberían ser denunciadas por lo que, a su juicio, le han hecho a mujeres como Noelia, a quienes responsabiliza de preferir “matar a las víctimas” antes que protegerlas.
