El mapa comercial de América del Norte atraviesa una nueva reconfiguración. Mientras el arancel temporal impuesto por Estados Unidos al amparo de la Sección 122 está programado para vencer el próximo 24 de julio y Washington ya abrió un nuevo frente comercial mediante aranceles aplicados bajo la Sección 338 contra Canadá, la administración del presidente Donald Trump prepara una ofensiva arancelaria de mayor alcance que podría afectar a más de un centenar de países. En este escenario, especialistas advirtieron que será fundamental que México conserve el acceso preferencial para los productos que cumplen con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señaló que el entorno comercial de la región vuelve a modificarse por la combinación de nuevas medidas arancelarias impulsadas por Estados Unidos y el vencimiento de instrumentos temporales que han marcado la política comercial de la administración estadounidense. Ante ello, el organismo sostuvo que uno de los principales objetivos para México debe ser preservar la exención arancelaria para los bienes que cumplen con los requisitos establecidos en el T-MEC, ya que ese beneficio constituye uno de los pilares de la integración económica regional.
El contexto adquiere mayor relevancia luego de que el representante comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, confirmó que la administración de Donald Trump trabaja en una nueva estrategia para restablecer buena parte de los aranceles generalizados que fueron anulados por la Corte Suprema de ese país. De acuerdo con el funcionario, el gobierno estadounidense utilizará fundamentos jurídicos distintos a los empleados anteriormente, con el propósito de que las nuevas medidas sean más resistentes a futuras impugnaciones judiciales.
Durante un podcast, Greer aseguró que la administración “está trabajando para recrear los aranceles que la Suprema Corte anuló este año y está utilizando una justificación legal que creemos será mucho más duradera”, dejando claro que la política comercial proteccionista continuará siendo uno de los ejes de la Casa Blanca.
Como parte de esa estrategia, Washington ya propuso un paquete de aranceles cercanos al 10 por ciento para más de 80 países, argumentando que sus legislaciones presentan deficiencias para combatir el trabajo forzoso y otras formas de prácticas laborales coercitivas. Paralelamente, la administración estadounidense prepara una segunda ronda de gravámenes dirigida a más de 40 naciones por considerar que mantienen prácticas comerciales desleales, entre ellas subsidios industriales y manipulación cambiaria.
De concretarse ambos paquetes, Estados Unidos alcanzaría niveles arancelarios que no se observaban desde hace aproximadamente un siglo, profundizando el giro proteccionista que ha caracterizado la política económica del segundo mandato de Trump.
Greer defendió la estrategia impulsada por la administración republicana pese a los reveses sufridos en los tribunales estadounidenses y sostuvo que los aranceles ya produjeron resultados en materia económica. Afirmó que la política comercial ha contribuido a modificar las relaciones comerciales internacionales, reducir el déficit comercial, incentivar el regreso de inversiones manufactureras a territorio estadounidense y mejorar los salarios.
Asimismo, rechazó que la resolución de la Corte Suprema represente un fracaso para la estrategia del gobierno. “No me arrepiento… Bueno, lamento que la Suprema Corte se haya equivocado. Pero esa es culpa de ellos, no nuestra”, declaró.
El representante comercial también defendió el uso de facultades de emergencia para imponer aranceles, al argumentar que el incremento del déficit comercial estadounidense justificaba ese tipo de acciones. Según explicó, el déficit comercial aumentó 40 por ciento durante los cinco años previos al segundo mandato de Trump, situación que, desde la perspectiva de la administración, constituía una emergencia económica.
En paralelo a esta nueva ofensiva, el vencimiento del arancel temporal aplicado bajo la Sección 122 y la utilización de la Sección 338 para imponer gravámenes contra Canadá muestran que Washington continúa recurriendo a distintos instrumentos legales para redefinir su política comercial y ejercer presión sobre sus socios y competidores.
Para México, el principal reto será mantener intacta la exención prevista para los productos que cumplen con las reglas de origen del T-MEC. Esa condición resulta determinante para sectores como el automotriz, manufacturero, electrónico, agroindustrial y de autopartes, cuyas cadenas de suministro dependen de la integración económica entre los tres países de América del Norte.
El IMCO adelantó que dará seguimiento a las decisiones que adopte Estados Unidos en las próximas semanas para verificar que los productos mexicanos que cumplen con el T-MEC conserven el acceso preferencial al mercado estadounidense. El organismo considera que preservar esa excepción será esencial para mantener la competitividad de las exportaciones nacionales, brindar certidumbre a los inversionistas y evitar mayores costos para las empresas que participan en las cadenas regionales de valor, en un momento en que la política arancelaria estadounidense vuelve a convertirse en uno de los principales factores de incertidumbre para el comercio internacional.
