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5000 alumnos de Morelos en vilo; funcionario se niega a firmar certificados de bachillerato desde hace 1 año

Guadalupe Torres Godínez, director general de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación estatal, desde hace 1 año se niega a firmar los certificados oficiales que acreditan la conclusión de sus estudios. Se amparó para no cumplir.
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Más de cinco mil jóvenes que concluyeron sus estudios de bachillerato en Morelos no han podido avanzar en su formación académica ni en su inserción laboral debido a que Guadalupe Torres Godínez, director general de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación estatal, se niega sistemáticamente a firmar los certificados oficiales que acreditan la conclusión de sus estudios. A más de un año del inicio del bloqueo, los afectados denuncian un acto de omisión grave que vulnera derechos fundamentales como la educación y el trabajo, reporta una investigación de Animal Político.

Las instituciones más afectadas son el Instituto Azteca de Formación Empresarial y el Instituto Competencias Educativas y Profesionales, ambos con sede en Cuautla, Morelos, que cuentan con Registro de Validez Oficial de la SEP para impartir bachillerato en modalidad a distancia. El conflicto comenzó en octubre de 2024, cuando el funcionario dejó sin firmar los documentos de mil 671 estudiantes, de los cuales únicamente validó 99. Desde entonces, la cifra de certificados pendientes se ha multiplicado hasta superar los cinco mil, dejando a los jóvenes atrapados en un limbo administrativo.

Las escuelas aseguran haber entregado todos los expedientes, actas y calificaciones correspondientes, además de haber cumplido con los pagos solicitados, pero la respuesta de la autoridad ha sido el silencio o la negativa bajo argumentos como trámites extemporáneos o pagos fuera de tiempo. Lo cierto es que, pese a haber concluido el bachillerato, los alumnos no pueden inscribirse en universidades, ni presentar sus documentos en convocatorias laborales que lo exigen. Ruth Amaro, una joven que terminó sus estudios en enero, se preparó para ingresar a la carrera de enfermería, pero fue rechazada porque no pudo presentar su certificado. Otro caso es el de Luis Héctor López, quien había conseguido empleo como policía y fue dado de baja cuando no logró entregar el documento prometido. Para muchos, se trata no solo de un obstáculo académico, sino de un golpe emocional: padres y madres narran cómo sus hijos se sienten frustrados y humillados al ser rechazados, preguntándose entre lágrimas qué hicieron mal si cumplieron con todo lo que se les pidió.

Las escuelas han interpuesto demandas y quejas ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, la Secretaría de la Contraloría y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. El Tribunal incluso emitió una suspensión que reconoce la vulneración de derechos y ordena la firma de los certificados, pero Torres Godínez ha desacatado la resolución y se amparó para evitar cumplir con la orden. La omisión se mantiene pese a que la gobernadora Margarita González Saravia ha sido informada de la situación; según testimonios, al funcionario se le indicó que debía pedir permiso para firmar, lo que sugiere una cadena de decisiones burocráticas y políticas que bloquea la solución del conflicto.

Animal Político buscó a la Secretaría de Educación y al propio funcionario para obtener una postura, pero no hubo respuesta. En medio de ese silencio, los afectados insisten en que no se trata de un simple trámite, sino del futuro de miles de jóvenes. Para las escuelas involucradas, que son planteles pequeños sin poder político ni económico, la actitud del director revela una desigualdad estructural: se golpea a quienes menos recursos tienen para defenderse y se expone a comunidades enteras a perder oportunidades de movilidad social.

El caso revela la fragilidad de las instituciones encargadas de garantizar el derecho a la educación en México. Los certificados no deberían ser un privilegio otorgado por la voluntad de un funcionario, sino un derecho garantizado por el Estado. La omisión de una firma se ha convertido en una barrera que bloquea el acceso a la universidad, al trabajo y a una vida mejor. Mientras los juicios se alargan y las oficinas se amparan, los sueños de miles de jóvenes siguen detenidos, atrapados por la indiferencia de una burocracia que ha convertido la pluma de un director en un muro infranqueable para quienes solo buscan continuar su camino.

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