A casi un año de la muerte del fotoperiodista Miguel Ángel Rojas Hernández y de Berenice Giles durante el festival AXE Ceremonia, realizado en el Parque Bicentenario, sus familias denunciaron que el proceso penal permanece estancado por una estrategia sistemática de amparos, recursos legales y presuntas irregularidades que han impedido, hasta ahora, el arranque de la audiencia inicial.
En conferencia de prensa, los familiares de las víctimas y su equipo jurídico sostuvieron que la falta de sanciones no responde a ausencia de pruebas, sino a una dinámica legal que ha bloqueado el avance del caso en tribunales. Aseguraron que, pese a que ya existen personas físicas y empresas identificadas como imputadas, el procedimiento no ha podido avanzar hacia su judicialización formal debido a la interposición reiterada de recursos que buscan frenar la apertura del proceso.
Diana Laura Rojas Hernández, hermana de Miguel, recordó que el 5 de abril de 2025 marcó un quiebre irreversible para su familia. Describió a su hermano como un joven apasionado por la fotografía, que ese día acudió por primera vez a cubrir un festival musical. Subrayó que Miguel asistió junto a Berenice, a quien consideraba su mentora y compañera de trabajo. Ambas muertes, afirmó, ocurrieron en un contexto que nunca debió implicar riesgo para quienes desempeñaban su labor ni para quienes asistían al evento.
La familia insistió en que su exigencia no se limita a una compensación económica, sino que busca justicia y garantías de no repetición. En su posicionamiento, señalaron que el caso refleja condiciones estructurales de precariedad y riesgo en las que operan trabajadores de la cultura, periodistas y personal técnico en eventos masivos, donde —dijeron— la seguridad suele subordinarse a la lógica del espectáculo.
El equipo jurídico que acompaña a la familia afirmó que ha abordado el caso desde una perspectiva de derechos humanos, al considerar que las muertes no pueden entenderse como hechos aislados, sino como resultado de una cadena de omisiones, negligencias y decisiones empresariales. En ese sentido, advirtieron que la investigación debe escalar más allá de operadores directos y alcanzar a quienes tomaron decisiones dentro de las estructuras corporativas involucradas.
Guillermo Puñet, integrante de la defensa, señaló que uno de los principales problemas detectados en la investigación inicial fue su enfoque en los niveles más bajos de ejecución, dejando fuera a quienes diseñaron, autorizaron o permitieron condiciones de riesgo. Sostuvo que, en casos donde hay omisiones empresariales que derivan en la muerte de personas, la responsabilidad debe alcanzar toda la cadena de mando.
De acuerdo con lo expuesto, actualmente existen tres empresas señaladas en el proceso: Operadora Eclectic, identificada como responsable de la administración del recinto y de la elaboración del programa especial de Protección Civil; Agencia de los Socios, señalada como organizadora del festival; y ON Producciones Creativas, vinculada al desarrollo del proyecto creativo.
La defensa expuso que uno de los elementos clave del caso radica en la instalación de grúas que no estaban contempladas en el programa de Protección Civil autorizado. Según su argumentación, dichas estructuras, que terminaron por colapsar, eran conocidas por su nivel de riesgo, incluyendo advertencias sobre su inestabilidad ante condiciones de viento y su inadecuación para uso en exteriores. A pesar de ello, fueron colocadas dentro del evento.
Otro de los aspectos señalados como especialmente grave fue que, tras el colapso que provocó la muerte de Miguel y Berenice, el festival continuó con sus actividades. Para las familias, este hecho evidenció una lógica en la que la continuidad del espectáculo prevaleció sobre la atención inmediata a una situación de emergencia.
En el plano judicial, la defensa informó que han identificado alrededor de 25 amparos interpuestos en el caso, de los cuales al menos 15 habrían sido promovidos por Operadora Eclectic. Según detallaron, la mayoría de estos recursos han tenido como objetivo impedir la celebración de la audiencia inicial, que es el punto de arranque formal del proceso penal. La empresa, añadieron, ha sostenido que su papel se limitó a facilitar el espacio, argumento que la representación legal de las víctimas considera insuficiente dada su responsabilidad en la gestión del recinto y los permisos.
A esta situación se suma la denuncia de posibles conflictos de interés. Los abogados señalaron que detectaron coincidencias en la presentación de escritos entre asesores jurídicos vinculados a otra de las víctimas y la defensa de una de las empresas imputadas, con argumentos similares y tiempos procesales alineados para frenar el avance del caso. Indicaron que uno de esos asesores estaría adscrito a la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México, lo que, a su juicio, amerita una explicación por parte del gobierno capitalino encabezado por Clara Brugada.
En su exposición, también recordaron que el Parque Bicentenario fue inaugurado en 2010 y posteriormente concesionado a una empresa privada. Tras el accidente ocurrido el 5 de abril de 2025, dicha concesión fue retirada, lo que para la familia refuerza la necesidad de revisar las condiciones bajo las cuales se permitió la operación del recinto.
Como parte de su estrategia, las familias anunciaron la elaboración de una iniciativa legislativa orientada a la protección del trabajo periodístico en eventos masivos, que contemplaría seguros obligatorios, protocolos específicos de seguridad y responsabilidades claras para organizadores. Asimismo, adelantaron propuestas de reforma a la normativa local en materia de gestión de riesgos y espectáculos públicos.
A un año de la tragedia, el caso permanece sin una sola sanción penal firme. Para las familias, lo que está en juego no es únicamente la resolución de un expediente, sino la posibilidad de que el sistema de justicia mexicano siente un precedente frente a la responsabilidad de grandes empresas en eventos masivos. La exigencia, reiteraron, es clara: verdad, justicia y garantías para que la cobertura periodística o la asistencia a un festival no vuelvan a implicar un riesgo mortal.
