Los recientes hechos violentos registrados en Tijuana llevaron al sector empresarial a elevar su preocupación por el impacto que la inseguridad puede tener no sólo en la tranquilidad de las familias, sino también en la confianza ciudadana, la imagen de la ciudad y las condiciones necesarias para mantener la inversión, el empleo y la actividad económica.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, Roberto Lyle Fritch, cuestionó que hechos de alto impacto puedan convertirse en parte del paisaje cotidiano de la ciudad y pidió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno fortalecer las acciones de seguridad, investigación e inteligencia para contener a los grupos responsables.

La postura empresarial surgió después de que, en un periodo de cuatro días, fueran localizados seis cuerpos en vehículos abandonados en distintos puntos de la zona del Hipódromo, pese al operativo coordinado desplegado por las autoridades. Para el dirigente del CCE, la gravedad de estos acontecimientos obliga a evitar cualquier intento de normalización de la violencia y a ofrecer resultados que permitan recuperar la confianza de la población.

“No podemos normalizar este tipo de hechos ni permitir que la violencia siga ganando espacios en nuestra ciudad”, señaló Lyle Fritch, quien sostuvo que la respuesta institucional debe ser contundente porque la seguridad representa una condición indispensable tanto para las familias como para quienes generan empleos, invierten y visitan Tijuana.

La preocupación del sector privado se encuentra además relacionada con una percepción de inseguridad que ya muestra niveles elevados en la zona metropolitana. De acuerdo con el estudio “Seguridad Pública en la Zona Metropolitana de Tijuana: Percepción y Victimización”, citado por el CCE, durante el segundo trimestre de 2026 la percepción de inseguridad llegó a 79.4 por ciento, lo que representó un incremento de 3.2 puntos porcentuales frente al 76.2 por ciento registrado durante el primer trimestre del año.

El dato refleja un escenario en el que una parte importante de la población percibe su entorno como inseguro, situación que, de acuerdo con el organismo empresarial, no puede desvincularse de las condiciones necesarias para el desarrollo económico de una ciudad fronteriza cuya dinámica depende en buena medida de su relación cotidiana con Estados Unidos.

Lyle Fritch también puso atención en las diferencias existentes dentro del propio territorio tijuanense. Las delegaciones Sánchez Taboada y Mariano Matamoros figuran entre las zonas con mayores niveles de percepción de inseguridad, por lo que planteó la necesidad de que las estrategias de prevención y combate al delito sean focalizadas y que la presencia de las corporaciones se refuerce particularmente en los sectores donde se concentran las mayores problemáticas.

Para el empresariado, la discusión no termina en el número de patrullas o en la presencia policial. El reto también pasa por fortalecer las capacidades de inteligencia, investigación y coordinación entre instituciones para que los delitos de alto impacto no queden sin esclarecer y para que las autoridades puedan identificar y contener a quienes generan violencia.

La preocupación adquiere una dimensión adicional por el carácter binacional de Tijuana. La ciudad mantiene una intensa relación económica y social con Estados Unidos y compite de manera permanente por atraer inversiones, visitantes, consumidores y nuevos proyectos productivos. En ese contexto, el CCE advirtió que los acontecimientos violentos pueden trascender rápidamente las fronteras locales y afectar la percepción que existe de Tijuana en otros mercados.

El organismo empresarial ha señalado que la inseguridad constituye uno de los factores que pueden incidir directamente en la inversión, el empleo y el desarrollo económico de Baja California. En julio, el propio CCE entregó a autoridades de los tres órdenes de gobierno un diagnóstico de 58 páginas sobre percepción de inseguridad, victimización, déficit policial y delitos que afectan la actividad económica, en el que también planteó la necesidad de reforzar la presencia de las corporaciones.

En aquella ocasión, Lyle Fritch sostuvo que la seguridad no sólo debe analizarse desde la perspectiva de las familias, sino también como un elemento fundamental para la actividad productiva. El dirigente empresarial ha insistido en que problemas como la extorsión y el cobro de piso generan incertidumbre y pueden desincentivar la operación de los negocios y la llegada de nuevas inversiones.

Ahora, ante los acontecimientos recientes, el CCE volvió a colocar el tema en el centro de la conversación pública. La preocupación se extiende a sectores como el turismo, la gastronomía, el comercio y los servicios, actividades particularmente sensibles a la percepción que visitantes y consumidores tienen sobre las condiciones de seguridad de una ciudad.

Tijuana ha construido buena parte de su identidad económica alrededor de su condición fronteriza, industrial y turística. Por ello, la percepción de inseguridad puede tener efectos que van más allá del temor inmediato provocado por un hecho violento. Una ciudad percibida como riesgosa puede enfrentar mayores dificultades para atraer visitantes, conservar la confianza de inversionistas y proyectar condiciones favorables para la generación de empleos.

El llamado empresarial, sin embargo, no se limita a exigir una mayor presencia de elementos de seguridad. El CCE pidió que las instituciones trabajen de manera coordinada, con inteligencia e investigación, para esclarecer los hechos ocurridos y avanzar en la identificación de los grupos responsables. La exigencia central es que las acciones permitan resultados verificables y contribuyan a recuperar la confianza de la población.

La preocupación expresada por el empresariado ocurre mientras la percepción de inseguridad permanece en niveles elevados. El mismo diagnóstico citado por el CCE reportó que la victimización se ubicó en 20.5 por ciento durante el segundo trimestre de 2026, aunque con una tendencia descendente hacia el cierre del periodo.

A ello se suma un problema estructural señalado previamente por el organismo empresarial: el déficit de policías en Baja California. En el diagnóstico presentado en julio, el CCE estimó que, tomando como referencia internacional un elemento por cada mil habitantes, el estado requeriría 10 mil 395 policías, pero contaba con 4 mil 838, una diferencia de 5 mil 557 elementos. Para Tijuana, el organismo calculó un faltante superior a 3 mil 600 policías.

En este contexto, la iniciativa privada considera que recuperar la seguridad exige una estrategia de largo alcance que combine suficientes elementos operativos, inteligencia, investigación criminal, coordinación institucional y atención específica a las zonas donde la población percibe mayores riesgos.

La dimensión económica del problema resulta especialmente sensible para una ciudad cuya actividad depende de la movilidad constante de personas y mercancías entre México y Estados Unidos. Cada episodio de violencia de alto impacto puede afectar la percepción externa de la ciudad y, con ello, poner presión adicional sobre actividades que dependen de la confianza, como los servicios, el comercio, la gastronomía y el turismo.

La exigencia del sector empresarial es, en esencia, que la violencia no se convierta en una característica permanente de la vida cotidiana de Tijuana. Para el CCE, garantizar condiciones de seguridad no representa únicamente una obligación de las autoridades frente a las familias, sino también un requisito para preservar la competitividad y las oportunidades económicas de una de las ciudades más dinámicas de la frontera norte.

Mientras continúan las investigaciones sobre los hechos recientes, el llamado empresarial coloca nuevamente sobre la mesa una pregunta de fondo: cómo recuperar la percepción de seguridad en una ciudad donde casi ocho de cada diez personas reportan sentirse inseguras y donde la violencia puede terminar afectando tanto la vida cotidiana como la confianza necesaria para invertir, trabajar y visitar Tijuana.