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Alcaldesa morenista de Tenancingo se autosecuestra para cobrar 40 millones y pagar desfalco

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que ejercitó acción penal contra seis personas por su presunta participación en la simulación de un secuestro en el que habría estado involucrada la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco. De acuerdo con la investigación ministerial, el supuesto plagio denunciado por la edil el pasado 1 de junio habría sido planeado con el objetivo de obtener un rescate de 40 millones de pesos provenientes de recursos públicos para encubrir un presunto desfalco en las finanzas municipales
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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que ejercitó acción penal contra seis personas por su presunta participación en la simulación de un secuestro en el que habría estado involucrada la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco. De acuerdo con la investigación ministerial, el supuesto plagio denunciado por la edil el pasado 1 de junio habría sido planeado con el objetivo de obtener un rescate de 40 millones de pesos provenientes de recursos públicos para encubrir un presunto desfalco en las finanzas municipales.

Según la versión presentada inicialmente por la alcaldesa ante el Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 31 de mayo cuando, al llegar a su domicilio, fue interceptada por dos hombres y una mujer que viajaban en un automóvil rojo. La funcionaria aseguró que fue obligada a abordar el vehículo, aunque previamente le permitieron entregar sus pertenencias a una familiar que la acompañaba. Posteriormente, afirmó que sus captores le entregaron un teléfono celular para que se comunicara con sus familiares y les informara que se encontraba secuestrada mientras se exigía un rescate de 40 millones de pesos.

En su denuncia, Nápoles Pacheco relató que logró escapar aprovechando un descuido de quienes la retenían y que solicitó ayuda en una vivienda cercana, desde donde contactó a su esposo. Posteriormente, dijo haber sido trasladada a su domicilio por éste y por el director de Seguridad Pública municipal. Asimismo, sostuvo que los presuntos secuestradores la amenazaron de muerte a ella y a varios integrantes de su familia, además de sugerirle que obtuviera el dinero exigido de los recursos del ayuntamiento.

Sin embargo, las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía estatal llevaron a una conclusión distinta. El organismo informó que el vehículo utilizado en los hechos, un Volkswagen Virtus color rojo, fue identificado mediante cámaras de videovigilancia. El análisis de las grabaciones, según la autoridad, no mostró indicios de violencia, sometimiento físico o resistencia por parte de la alcaldesa.

La dependencia señaló que en las imágenes se observa que uno de los participantes incluso ayudó a la edil a descender de su vehículo para abordar el automóvil rojo, sin que se apreciaran actos de coerción o fuerza. Estos hallazgos fueron considerados relevantes para cuestionar la versión inicialmente presentada por la denunciante.

Las pesquisas permitieron además identificar que el vehículo era utilizado habitualmente por Karla Valeria “N”, quien presuntamente participó en los hechos junto con su hermano Víctor Manuel “N” y su pareja sentimental, Christian “N”. Los tres fueron ubicados y detenidos el pasado 11 de junio en el estado de Oaxaca, luego de haber abandonado territorio mexiquense.

De acuerdo con la Fiscalía, la investigación avanzó hasta establecer que desde febrero pasado dos personas cercanas a la presidenta municipal, identificadas como José Roberto “N” y Óscar “N”, esposo y cuñado de la alcaldesa, respectivamente, comenzaron a planear la simulación del secuestro. La finalidad habría sido exigir un rescate de 40 millones de pesos que sería cubierto con recursos del erario municipal.

La autoridad ministerial aseguró contar con declaraciones de uno de los participantes en las que se afirma que el supuesto secuestro fue diseñado para justificar un faltante millonario en las cuentas públicas del ayuntamiento. Según ese testimonio, la obtención del rescate permitiría dar una explicación al presunto desfalco detectado en la administración municipal.

La Fiscalía sostiene que la propia presidenta municipal habría participado tanto en la planeación como en la ejecución del montaje. Conforme a la hipótesis del Ministerio Público, el objetivo central era justificar la desaparición de recursos públicos por un monto equivalente a los 40 millones de pesos que se pretendían exigir como rescate.

Las investigaciones revelaron además que para concretar el plan, el cuñado de la alcaldesa contactó a Christian “N”, a quien habría ofrecido medio millón de pesos a cambio de colaborar en la simulación. Posteriormente, éste reclutó a otro conocido, José Roberto “N”, quien a su vez involucró a su novia, Karla Valeria “N”, y al hermano de ésta, Víctor Manuel “N”. La Fiscalía documentó que entre los implicados existieron al menos 135 llamadas telefónicas entre abril y junio, elemento que forma parte de la carpeta de investigación.

Con base en las pruebas recabadas, el Ministerio Público concluyó que el 31 de mayo los seis involucrados habrían ejecutado la simulación del secuestro. Todos ellos se encuentran actualmente detenidos y sujetos al proceso penal correspondiente.

La autoridad informó que la alcaldesa fue trasladada a la comunidad de San Pedro Zictepec, ubicada en el municipio de Tenango del Valle, donde posteriormente fue liberada. De acuerdo con la versión ministerial, el plan comenzó a complicarse debido a la intensa movilización de corporaciones de seguridad desplegada para localizarla, por lo que los participantes habrían decidido poner fin a la simulación.

Nancy Nápoles Pacheco cuenta con una trayectoria política vinculada a Morena. Fue diputada local y actualmente se desempeña como presidenta del Consejo Estatal de Morena en el Estado de México, órgano considerado uno de los espacios de mayor relevancia interna dentro del partido en la entidad.

La Fiscalía mexiquense informó que la audiencia de formulación de imputación contra la alcaldesa fue programada para el próximo 9 de julio. Será entonces cuando un juez determine la situación jurídica de la funcionaria y resuelva si enfrenta el proceso bajo alguna medida cautelar restrictiva, incluida la prisión preventiva, o si puede continuar el juicio en libertad.

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